Más de 700 académicos en EE.UU. exigen una investigación independiente en el crimen de  Berta Cáceres

Más de 700 académicos en EE.UU. exigen una investigación independiente en el crimen de  Berta Cáceres

El asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres aglutinó a 730 investigadores y profesores universitarios en Estados Unidos, para pedir un alto a la impunidad y exigir que se investigue el crimen de la ambientalista con el apoyo de un equipo de expertos internacionales.

En una carta, firmada por los académicos, demandaron al Secretario de Estado, John Kerry a que se suspenda el apoyo financiero y sancione al gobierno del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández hasta que se permita el ingreso de investigadores independientes.

“El asesinato de Berta Cáceres representa un crimen de gran magnitud en un país emboscado. Para el movimiento indígena en Honduras su trágica muerte es similar a la pérdida de Martin Luther King Jr. en el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos”, reza la misiva.

La activista era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh) y fue la ganadora del prestigioso Premio Goldman en 2015 por su trabajo en la protección del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas de origen Lenca.

Los académicos, especialistas en Estudios Latinoamericanos, expresaron la preocupación por las innumerables violaciones a los derechos humanos en esa nación, hechos de violencia que han ido incrementando y que se atribuye a los militares y la policía desde el golpe de Estado de 2009.

“Esta cultura de la impunidad tiene que parar”, manifestó a HOY Courtney Morris, profesora de Estudios de Género en la Universidad Estatal de Pennsylvania, al señalar que las élites políticas utilizan la intimidación y la violencia para expropiar la tierra y abusar de los grupos más vulnerables.

Morris, asimismo, considera que la administración del presidente Barack Obama tiene parte de culpa en lo que está pasando en territorio catracho.

“La verdadera pregunta es si el gobierno de Estados Unidos tiene la voluntad moral y política para exigir la rendición de cuentas o si va a seguir apoyando a un gobierno ilegítimo que promulga este nivel de violencia contra sus propios ciudadanos”, agregó la académica.

Los demandantes esperan que un equipo independiente, integrado por expertos en medicina forense y derechos humanos, investiguen y esclarezcan el crimen de Cáceres. En ese sentido, solicitan que también intervenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A juicio de Suyapa Portillo, investigadora y profesora de Estudios Transnacionales del Pitzer College, el crimen de la ambientalista es un “insulto a la comunidad indígena” y lo único que busca silenciar el movimiento social que ha estado luchando contra grandes corporaciones.

“Matando a sus líderes quieren decirle al movimiento que no protesten, es una secuela del racismo colonial; por eso queremos que se haga una investigación transparente, de lo contrario el gobierno de Honduras lo va a meter bajo la alfombra”, señaló Portillo.

Cáceres organizó al pueblo lenca contra la construcción de la represa de Agua Zarca, la cual estaba prevista en el noroeste del  Río Gualcarque, el cual es sagrado para las comunidades indígenas. Este movimiento logró que la empresa china Sinohydro y el Banco Mundial retiraran su participación.

El crimen de la activista ocurrió el 3 de marzo anterior; no obstante, en esta semana se reportó que Nelson García, dirigente de (Copinh) y compañero de lucha de Cáceres, también fue asesinado.

De acuerdo a la organización Global Witness, enfocada en la defensa de los derechos humanos de indígenas y ambientalistas, en el 2014 hubo 116 asesinatos de ecologistas en 17 países, la mayor parte de ellos ocurrieron en América Latina y 12 de esos crímenes se perpetraron en Honduras.

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