Los Ángeles: Proponen creación de unidades para evitar violaciones sexuales en cárceles

Según un estudio de la Oficina de Estadísticas de Justicia, alrededor de 80,000 mujeres y hombres al año son abusados sexualmente en las cárceles y las instalaciones correccionales de Estados Unidos.

Para evitar estos crímines, los supervisores del Condado de Los Ángeles han aprobado la creación de Unidades de Cumplimiento, que se adhieran a la Ley de Eliminación de Violaciones en Prisión (PREA).

El presidente George W. Bush promulgó la PREA en el 2003, para eliminar el abuso sexual tanto de menores como de adultos confinados en prisiones, cárceles, centros de detención y correccionales juveniles.

Entre las 48 normas de la PERA, se establece que a los reclusos se les proporcione una forma de denunciar el abuso sexual a una entidad independiente externa, y se requiere que las instalaciones pasen una auditoría cada tres años para asegurar que cumplen la ley.

Sin embargo, ninguna instalación dentro del sistema de cárceles del condado de L.A. o el Departamento de Libertad Condicional se ha sometido a una auditoría desde entonces.

Además, ni el Departamento del Sheriff ni el Departamento de Libertad Condicional tienen suficiente personal dedicado al cumplimiento PREA, sostiene la moción de las supervisoras Janice Hahn y Sheila Kuehl.

“La agresión sexual es aborrecible e inexcusable, sin importar dónde ocurra, pero es especialmente inquietante cuando ocurre en nuestros centros de detención, donde las víctimas pueden sentir que no tienen poder ni recursos”, dijo Hahn el martes tras el voto a favor de establecer las unidades.

“Creo que las instalaciones de nuestro condado tienen algunas fallas graves en esta área, y debemos actuar ahora para proteger a las personas bajo nuestra custodia”, agregó.

Asimismo, Kuehl añadió que todos los presos en las instalaciones del condado tienen el derecho de ser tratados con dignidad.

“Ningún recluso debe ser forzado a experimentar el trauma del abuso sexual, y estos actos de los empleados del condado en puestos de confianza serán castigados”, dijo Kuehl al mismo tiempo que acotó que la moción comenzará el proceso de responsabilizar a las autoridades.

La moción surge a raíz de unos informes de agresiones sexual; en septiembre, se reportó el abuso de dos reclusas en Century Regional Detention Center (CRDC), en la ciudad de Lynwood, así como el de cuatro menores de edad en Camp Scudder, en Santa Clarita.

Karen Dalton, de la División de Servicios de Custodia del Sheriff, aseguró que el cumplimiento de las 48 normas de PREA es complejo y la financiación es limitada.

“PREA es un mandato no financiado, por lo que es una disposición muy difícil de poner en su lugar”, dijo Dalton.

Además, manifestó que “requiere de una serie de cambios administrativos en el proceso de reserva y reconsiderar la forma en que se alojan los internos”.

Con la aprobación de la moción, ahora el director general del Condado de L.A., el Departamento del Sheriff y Departamento de Libertad Condicional, deben realizar un informe en 90 días sobre las posibilidades de financiamiento para dos Unidades de Cumplimiento.

En el mismo plazo, según la moción se ordena a la Comisión de Supervisión Civil del Sheriff, la Oficina del Inspector General y el Departamento de Libertad Condicional que informen sobre el progreso en el desarrollo de planes para el cumplimiento de PREA.

Estas acciones se aplicarán en cárceles e instalaciones de detención juvenil, incluido un procedimiento de denuncia para reclusos.