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Los Ángeles promete mano dura contra notarios estafadores

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Se les conoce por cobrar excesivos montos de dinero a los inmigrantes indocumentados para “arreglar” su estadía legal en Estados Unidos. A pesar de ello, muchos de los notarios públicos terminan estafando a esta comunidad con promesas que nunca cumplen.

Ahora, los notarios serán observados con la lupa de la ley, señalan concejales latinos de Los Ángeles y la Procuraduría de la ciudad al trabajar en una legislación que establece un sistema de permisos y cumplimiento para los consultores de inmigración.

La legislación, presentada por la concejal Nury Martínez, requiere el desarrollo de un proceso de otorgamiento de licencias de consultoría de inmigración a través de la Oficina de Finanzas, cuya misión es monitorear e identificar a los notarios así como sus ingresos.

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Los negocios que no cumplan con la ley, obtendrán penalizaciones o multas de parte de la procuraduría de la ciudad de Los Ángeles en coordinación con el Departamento de Asuntos de Consumidores y Negocios del Condado de Los Ángeles (LACBCA).

La moción requiere también que todos los consultores de inmigración y notarios que cumplan con todas las disposiciones de la Ley de Consultoría de Inmigración de California para frenar el fraude en los servicios de inmigración.

Bajo las regulaciones actuales, los consultores de inmigración no pueden fungir como abogados y tienen un papel muy limitado y específico en ayudar a alguien a completar el proceso para cambiar su estatus migratorio.

Los servicios limitados que los consultores de inmigración pueden ofrecer incluyen completar formularios de inmigración, pero no pueden decirles a los consumidores qué formas necesitan, traducir respuestas sin aconsejar a los consumidores, obtener documentos de respaldo, enviar formularios y hacer remisiones gratuitas a abogados licenciados.

“Durante estos tiempos de incertidumbre, es imposible entender que la gente se aproveche de los angelinos que están tratando de proteger a sus familias”, dice la concejal Martínez.

“Al establecer una licencia para los consultores de inmigración, haremos dos cosas: Proporcionar un recurso de consultores legítimos y darle a la ciudad las herramientas necesarias para evitar que más personas sean victimizadas, agrega la concejal que tiene el apoyo de sus colegas Gil Cedillo y el procurador Mike Feuer.

“Los esquemas de fraude migratorio pueden tener efectos devastadores y duraderos en las familias”, señala Feuer.

Por el momento, la procuraduría y LACBCA están revistando varios casos de negocios por violar sus prácticas y fungir como abogados.

En septiembre del año pasado, supervisores del condado de Los Ángeles acordaron trabajar en una ley similar para sus 88 comunidades.

Asimismo, en febrero de este año, el secretario de California, Alex Padilla, anunció también un esfuerzo para proteger a la comunidad indocumentada de los notarios inescrupulosos.

Padilla envió más de mil cartas a diferentes notarios del estado para recordarles que por ahora estos no pueden proveer servicios legales, prometer resultados favorables, cobrar a los clientes para referirlos con abogados u otros servicios de inmigración sin autorización estatal.

Tras anunciar su apoyo a la legislación de su colega, el concejal Gil Cedillo recalcó: “La vida de las personas está en juego, especialmente bajo la presidencia de Donald Trump, Y las personas buscando beneficiarse de los necesitados deberían avergonzarse de sí mismas”.

Las personas que creen que han sido víctimas de estafas de inmigración deben comunicarse con la DCBA al (800) 593-8222, o presentar una queja al sitio web de DCBA: www.dcba.lacounty.gov.

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