Forzarían a enfermos mentales a someterse a terapias de tratamiento en L.A.

Funcionarios del Condado de Los Ángeles trabajan en un reglamento, con el que podrían detener a los enfermos mentales en contra de su voluntad y someterlos a terapia de tratamiento.

Según la iniciativa, le permitiría a los trabajadores sociales y a los agentes del sheriff realizar detenciones de aquellas personas enfermas que se nieguen a acudir a los expertos para su recuperación.

En la actualidad, de acuerdo a Los Ángeles Service Homeless Authority (LAHSA) sufren de alguna enfermedad mental el 30 por ciento de indigentes en el condado y alrededor de un 27 por ciento de los reclusos de las cárceles de la región.

Con la aprobación del reglamento, la junta impulsa al personal del Departamento de Salud Mental a trabajar en conjunto con los abogados del condado.

Asimismo, tendrán que coordinarse con grupos de defensa y organizaciones de derechos civiles para desarrollar una serie de recomendaciones, de modo que estén listas para enero y asegurarse de que respeten las leyes.

Por ley, aquellas personas con enfermedades mentales que representan un peligro para sí mismos, otras personas a su alrededor o están “gravemente discapacitados’’ al punto de no poder cuidarse, pueden ser retenidos para evaluación involuntaria y tratamiento en un entorno psiquiátrico.

El nuevo reglamento, que la junta espera se convierta en legislación, expande la definición de una persona “gravemente discapacitada que no puede cuidarse a si mismo” para incluir la incapacidad de una persona de buscar atención debido a un trastorno mental.

De acuerdo a José Alvarado, cuyo hijo sufre de trastornos mentales, el reglamento es necesario para muchos padres de familia con hijos adultos que no buscan la atención debido a sus propias enfermedades.

“Mi hijo tiene que asistir a terapias y tomar ciertos medicamentos, pero a veces desaparece por días, se queda en las calles como indigente y cuando lo llevamos a recuperación, no dicen que no podemos ingresarlo en su contra”, manifestó.

“Nos da miedo que en algún momento él pueda lastimarse o lastimar a alguien más…hay muchas familias así. Lo vemos siempre en las noticias… enfermos mentales que mueren en las manos de la policía porque estaban fuera de control”, dijo Alvarado.

Hace dos semanas, la supervisora Kathryn Barger trajo a la mesa esta moción como parte de una conjunto de recomendaciones, para ayudar a personas con enfermedades mentales y personas sin hogar.

Barger dijo que le gustaría trabajar con la supervisora Sheila Kuehl, para asegurarse de que el reglamento sea aprobado como una ley.

“El condado es un proveedor de red de seguridad, por esta razón tiene una moral y la obligación de garantizar que aquellos en nuestras calles que sufren de ‘enfermedad mental grave’, que viven en condiciones deplorables y no pueden cuidar de sus necesidades humanas básicas, reciban un tratamiento que puede salvar sus vidas”, dijo Barger.

La supervisora Kuehl, por su parte, ha demostrado preocupación de que el reglamento pueda violar la ley civil libertades y que las personas podrían ser blanco de este reglamento sin estar enfermos.

Sin embargo, Brittney Weissman, directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Enfermedad Mental sostiene que estos cambios son necesarios.

“Hay personas con una necesidad tan extrema que sus vidas están en
peligro”, dijo Weissman.

Jonathan Sherin, del Departamento de Salud Mental del condado, explicó que un equipo de salud mental se ocuparía de la persona detenida persona, la cual sería llevada a la sala de emergencias de un hospital y luego evaluada durante un período de 72 horas.

Dependiendo de la gravedad de su enfermedad mental, el individuo sería liberado con un plan de cuidado o detenido por un tiempo más largo. Sin embargo, las detenciones más largas de 72 horas requerirían la aprobación de la corte.

Kuehl advirtió que un proyecto de ley, patrocinado por el condado, para cambiar la legislación estatal sería poco probable que pase.

“Personalmente, creo que pasará un momento bastante difícil en Sacramento y preferiría que el condado no sea un patrocinador del proyecto de ley’’, dijo Kuehl.