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Las pandillas en la mira de ICE; el temor en la comunidad latina es el daño colateral

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Al menos 1,378 arrestos de miembros de pandillas realizó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE); este operativo duró seis semanas y tomó en cuenta la actividad criminal internacional, incluyendo tráfico de drogas y armas, entre otros.

El operativo coincide con el recrudecimiento de las políticas de deportaciones que impulsa la administración del presidente Donald Trump; sin embargo, las autoridades sostienen que es una labor ordinaria, acciones que en la comunidad causan temor por los daños a terceros.

“¿Por qué no arrestan a todas las pandillas americanas?”, se preguntó Ángel Rodríguez en un mensaje publicado en Facebook, al considerar que tienen como blanco la población latina.

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“Si las pandillas las empieza un americano y se unen latinos, tú me dices a mí que los culpables son los latinos”, agregó con indignación porque observa que existe una tendencia del sistema hacia la gente de color. “¿Dónde car…o está la justicia?”, reflexionó.

La agencia federal informó que del total de detenidos 933 eran ciudadanos estadounidenses y 445 eran oriundos de 21 países diferentes de Centro y Sur América, Asia, África, Europa y el Caribe.

En los operativos intervinieron numerosas agencias de la ley del nivel local y estatal, incluyendo agentes de la Oficina de Operaciones de Cumplimiento y Remoción (ERO) de ICE, cuyo trabajo en conjunto se realizó entre el 26 de marzo y el 6 de mayo anterior.

“Esto es parte de nuestra misión regular”, manifestó a HOY Virginia Kice, vocera de ICE en Los Ángeles, aclarando que este tipo de acciones se impulsan desde hace más de una década. “No es nada nuevo”, reiteró la funcionaria.

“Nuestro objetivo es identificar a miembros de pandillas transnacionales para desbaratar organizaciones criminales”, aseguró.

Entre los detenidos se encontraban 1,095 miembros de las pandillas Bloods, Sureños, MS-13 y Crips, mientras que los 283 restantes no tenían afiliación pandilleril, pero fueron arrestados por contar cargos criminales o administrativos.

A juicio de Salvador Sanabria, director de la organización El Rescate, en Los Ángeles, estas operaciones representan la nueva realidad migratoria, por lo que se puede advertir “muchas sorpresas” bajo la línea de acción de John Kelly, secretario de seguridad nacional.

El problema de estas acciones, sostiene el activista pro-inmigrante, es que “ponen en riesgo a los residentes de esos vecindarios, edificios y casas afectadas por los operativos, seguro que personas que nada tienen que ver con actividades criminales serán afectadas”.

Desde el principio, la administración Trump ha reiterado que la prioridad en las deportaciones son las personas con antecedentes criminales; no obstante, los hechos han demostrado lo contrario.

En los primeros tres meses de su mandato, en el período que abarca del 20 de enero al 29 de abril anterior, fueron deportadas 41,898 personas. Eso significa que aumentó en 35% en comparación al 2016. Asimismo, el 26% de los arrestados no tenían antecedentes delictivos.

Ángela Sanbrano, directora ejecutiva de la Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (RedMex), asevera que ahora no es necesario tener récord criminal para estar en la mira de la agencia federal porque se está implementando “una política inmoral e injusta”.

“No es que estén diversificando sus estrategias, sino que están utilizando todas las herramientas [a su alcance] para llevar a cabo las deportaciones”, indicó la defensora de los derechos humanos, por lo que advierte a la comunidad que es urgente prepararse.

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