TPS para salvadoreños en la cuerda floja; el gobierno tiene hasta el lunes para decidir si cancela el amparo

Más de 200 mil salvadoreños amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS), se encuentran a la espera de una decisión gubernamental que podría cambiar sus vidas por completo.

La administración de Donald Trump tiene hasta el lunes para anunciar si cancela o conserva el programa de estadía legal para esta comunidad, que ha vivido en Estados Unidos por lo menos desde los terremotos del 2001.

El año pasado, Trump y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvieron que podrían ponerle fin al alivio que a fin de cuentas “es temporal”, enfatizando que los beneficiarios ya no necesitan la ayuda.

El DHS tiene hasta el lunes para anunciar la noticia, mientras que el plazo del actual amparo bajo el TPS para los salvadoreños vence el 9 de marzo.

“Las horas en el limbo son las más difíciles”, dice José Martínez, beneficiario del TPS.

“Ya vimos como el señor Trump no ha tenido compasión con la comunidad inmigrante el año pasado con las diferentes decisiones que tomó. Ahora nos toca a nosotros”, afirma Martínez, cuya esposa es indocumentada y los hijos menores de edad son ciudadanos.

En noviembre, el DHS finalizó el TPS para 60 mil haitianos con un período de gracia de 18 meses.

Asimismo, cerca de 55 mil nicaragüenses recibieron un golpe bajo de al anunciarse que su amparo también fue cancelado.

Sin embargo, durante el mismo anuncio la administración sostuvo que le daría una extensión de 14 meses a unos 80 mil hondureños.

Los salvadoreños son el grupo más grande de receptores de TPS. Se les permitió quedarse después de dos devastadores terremotos en el 2001, y su residencia provisional ha sido renovada por 18 meses desde entonces.

El mayor número de receptores de TPS salvadoreños vive en el área de Washington, seguido de Los Ángeles, Nueva York y Houston.

A nivel local, organizaciones como Carecen, Chirla, La County Federation of Labor y la Red Nacional de Jornaleros están realizando reuniones informativos.

De igual forma, están planeando visitas a la Casa Blanca para pedir que el TPS siga vigente, acotando que el gobierno deportaría a este sector a una nación donde la violencia y los homicidios están a la orden del día.

Angélica salas, directora ejecutiva de Chirla, sostiene que este tipo de decisiones “separaría a más las familias y arrojaría a aquellos que tengan que salir del país a vivir en ambientes donde sus vidas corren peligro”.

“El Congreso debe actuar rápidamente para proteger a aquellos que serán regresados a vivir en las sombras, a través de la aprobación de una solución permanente”, agrega Salas.

Pablo Alvarado, Director Ejecutivo de NDLON, tacha la acción como racista.

“Esta administración intenta reducir el número de inmigrantes no blancos en este país y este es un esfuerzo para lograrlo. Todavía no está claro qué pasará con todos los TPSianos, pero una cosa es segura: no nos vamos a ir en silencio”, concluye Alvarado.