Exigen TPS que evite la deportación de menores centroamericanos

Alrededor de 10,142 órdenes de deportación han sido emitidas por las 55 cortes de inmigración estadounidenses en contra de menores centroamericanos desde el 2014, muchos de estas sentencias se han girado en ausencia debido a la falta de representación legal que enfrentan.

Organizaciones pro-inmigrantes, por lo tanto, realizan una movilización para exigir al presidente Barack Obama que autorice un Estatus de Protección Temporal (TPS), a fin de detener las deportaciones de los jóvenes que salen huyendo de la violencia en sus países de origen.

“Un TPS sería una solución temporal, para evitar la deportación y que no sean víctimas de represalias al regresar”, manifestó Julio Cardoza, director de Casa Nicaragua, agregando que para muchos inmigrantes la única alternativa que tienen es una apelación al caso.

Con el fin de ampliar la presión, Salvador Sanabria, director ejecutivo de la organización El Rescate, indica que realizarán cabildeos en el Congreso, visitarán a las autoridades mexicanas y sostendrán reuniones con los gobiernos centroamericanas de manera que la petición sea a una sola voz.

“Más que tomarse la foto con el vicepresidente Joe Biden, en las reuniones que han tenido los gobernantes centroamericanos, se ha perdido la oportunidad de solicitar un TPS”, cuestionó el activista. “Esta es la única salida viable, porque la apelación es un proceso largo y costo”.

En el 2014 ingresaron a Estados Unidos 68,541 menores no acompañados oriundos de Guatemala, Honduras y El Salvador. En el año fiscal 2015, que concluyó en septiembre pasado, se registraron 39,970, es decir que hubo una reducción de casi el 50%, pero todavía siguen llegando.

Entre octubre y diciembre del año anterior, las autoridades detuvieron a 7,290 unidades familiares salvadoreñas, 7,213 guatemaltecas y 5,496 hondureñas.

A criterio de Álex Gálvez, abogado de inmigración, la falta de representación legal de una persona que va a corte los coloca en completa vulnerabilidad, dejándolos a la voluntad del juez porque no tienen la oportunidad que un defensor negocie con el fiscal del caso.

“Si los menores acuden solos tienen que presentar el mejor caso, pero ellos no saben de las excepciones; aunque las cortes ofrecen defensores, se necesita de un abogado imparcial para que no quede el caso únicamente en manos de un juez”, valoró Gálvez.

De acuerdo a un estudio publicado por la Universidad Estatal de San Diego, divulgado el año anterior, identifican a 83 inmigrantes centroamericanos que fueron asesinados desde enero de 2014, poco después de su regreso a los países del Triángulo Norte de esa región.

En el reporte, basado en informes de medios de comunicación locales, se detalla que 45 crímenes ocurrieron en el El Salvador, 35 en Honduras y tres en Guatemala.

Joseph Wiltberger, profesor de Migración de la Universidad Estatal de California en Northridge, indicó a HOY que este es un problema compartido, cuestionando la falta de recursos en la defensa de los menores en la Unión Americana y los débiles programas de reintegración en la región.

“La inmigración y la violencia es un problema transnacional; la amenaza para los deportados es legítima, hay evidencia de asesinatos y sabemos que muchos de los que solicitan asilo son rechazados”, aseveró el académico, agregando que se tiene que buscar una solución.

“El problema es muy grave y Estados Unidos tiene que apoyar, porque no es solo responsabilidad de los gobiernos centroamericanos”, subrayó Wiltberger.

En la actualidad, inmigrantes de Honduras y Nicaragua tienen TPS a raíz de los estragos causados por el huracán Mitch en 1998. Entretanto, la comunidad salvadoreña obtuvo este beneficio migratorio por los dos terremotos que golpearon ese país en el 2001.