Encuentran a activista desaparecido, pero México sigue en una crisis de derechos humanos, coinciden expertos

La zozobra por la desaparición de Hugo Castro concluyó después de cinco días. Debido al trabajo a favor de los inmigrantes en California el clamor por su localización cruzó la frontera, sin embargo el peligro sigue latente para los defensores de los derechos humanos.

“No sabemos que pasó en este caso, pero sabemos que está vivo”, manifestó Enrique Morones, director de Ángeles de la Frontera, entidad con sede en San Diego a la que Castro pertenece. “Cualquier persona que hace este tipo de trabajo va a tener amenazas”, agregó.

La desaparición trascendió el jueves anterior, 13 de abril, después de transmitir un mensaje en vivo en Facebook, ahí indicó que era perseguido. El activista estaba en territorio mexicano con el fin de sumarse a la caravana de refugiados que salió recientemente desde Guatemala.

A juicio de Juan Rodríguez, organizador del Frente Resistencia por México, en Los Ángeles, su colega corrió con suerte, porque los defensores de los derechos humanos están siendo asesinados con el fin de silenciar las voces que se levantan para defender a los más vulnerables.

“Hasta se nos perdió la cifra de muertos y desaparecidos”, indicó.

Bajo la perspectiva del crimen organizado, incrustado en las estructuras del gobierno, los trabajadores comunitarios son considerados “como parte del enemigo a vencer”, por esa razón la población se ha ido organizando y dando vida a la policía comunitaria.

“Si así están matando gente, sin policía comunitaria sería peor”, agregó Rodríguez.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que lleva la Secretaría de Gobernación, en la actualidad la cifra de desaparecidos asciende a 30,942 personas, de ellas el 74.4% son hombres, es decir 23,032; mientras el 25.5% son mujeres, es decir 7,910.

En el 2016, de acuerdo al informe anual de Amnistía Internacional, en México se agudizó la crisis en materia de derechos humanos, al señalar que la impunidad por “tortura y otros malos tratos seguía siendo casi absoluta”.

“El sueño que se tiene es que podamos hacer nuestro trabajo en paz y no seamos perseguidos”, comentó Roberto Corona, organizador de Pueblos Sin Frontera, con sede en San Diego y con trabajo organizativo permanente en el territorio mexicano.

Ese al final se queda en un ideal. Como ejemplo, el viernes anterior fue asesinado en Baja California Sur el periodista Maximiliano Rodríguez. Con este homicidio, desde el 2000 a la fecha son 124 hombres y mujeres que se les ha arrebatado la vida por defender el derecho de la palabra.

“A todos nos toca, se siente más vulnerable la comunidad”, manifestó Corona sobre estos atentados y crímenes dejan a la población en el desamparo. “¿Cómo van a hacer llegar sus demandas?”, se preguntó el activista.

Miguel Tinker Salas, investigador y profesor de Estudios Latinoamericanos del Colegio de Pomona, advierte que en ese país existe un problema estructural, señalando que no se puede hablar casos aislados, de un policía o un militar, sino de instituciones coludidas por el crimen organizado.

“Con el arresto de los grandes capos poco se ha hecho para limitar la impunidad y establecer los criterios con los que se puede defender la sociedad”, analizó el especialista en la política mexicana.

El académico destaca que la población se ha visto obligada a organizarse y levantarse en armas. Las denominadas autodefensas que surgieron en Michoacán y Guerrero reflejan parte del problema que no ha resuelto el gobierno estatal ni federal.

“El gobierno se ha visto más interesado en arrestar y condenar las autodefensas que en resolver las condiciones que crean esa realidad”, apuntó el investigador.

“Se ve lo que México establece como prioridad y es lamentable, porque a la población le queda poca opción: emigrar o enfrentarse con la triste realidad entre la espada y la pared, entre el narcotráfico y el gobierno”, concluyó Tinker Salas.