En vez de espiar piden en EEUU que EPN esclarezca desapariciones y crímenes en México

En vez de espiar piden en EEUU que EPN esclarezca desapariciones y crímenes en México

El espionaje en contra de periodistas y defensores de derechos humanos causó indignación entre inmigrantes y líderes mexicanos en Estados Unidos, al saber que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha realizado ataques cibernéticos afín de vigilar las acciones de sus objetivos.

Una investigación del diario The New York Times reveló que tres agencias federales han utilizado el programa de espionaje Pegasus, entre enero de 2015 y julio de 2016, el cual se ha infiltrado en los teléfonos de los comunicadores y activistas para controlar sus pasos.

“Debería interesarse en los problemas que el mismo gobierno tiene con el narcotráfico y los secuestros”, manifestó José Herrera, oriundo de Sinaloa radicado en Los Ángeles. “Hay parte del gobierno que está de acuerdo con ellos [crimen organizado] por eso lo permiten”.

La vigilancia, según cita el rotativo neoyorquino, se ha centrado en la periodista Carmen Aristegui y su hijo de 16 años, así como en el presentador de Televisa Carlos Loret.

Se incluye a Juan Pardiñas, activista de un organismo anticorrupción; Mario Padrón, investigador de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa; y Stephanie Brewer, abogada estadounidense que investiga abusos sexuales por parte de la policía mexicana.

A juicio de Juan Rodríguez, organizador del Frente Resistencia por México, en Los Ángeles, estas acciones reflejan las prioridades y la política errática gubernamental al sentir el escrutinio por los problemas que, lejos de resolverse, cada vez se profundizan.

“Están espiando a toda esa gente porque los consideran un peligro para el gobierno”, señaló el activista. “En vez de investigar las desapariciones y crímenes contra los periodistas se dedican a espiar a los líderes de opinión que tienen mucho poder de convocatoria”.

Lo que ha salido a la luz, sostiene la activista Nestora Salgado, radicada en el estado de Washington, es una “burla” y cree que se suma a la criminalización que ha montado el gobierno federal en contra de los defensores de los derechos humanos.

La fundadora de la policía comunitaria en Olinalá, estado de Guerrero, sufrió en carne propia las arbitrariedades del sistema cuando fue encarcelada por dos años y siete meses por defender a su comunidad, asediada por el crimen organizado de la región.

“Se me hace una burla lo que están haciendo”, cuestionó la activista, quien recobró su libertad en marzo de 2016.

“Si mataran al familiar de un político de alto nivel, entonces rapidito se esclarecería el caso”, aseveró Salgado. “¿Por qué tiene tiene tanto poder la delincuencia organizada? Porque está protegida por el gobierno”, agregó al expresar la urgencia de un movimiento social sólido.

El ataque y desaparición contra 43 estudiantes en Iguala, Guerrero lleva cerca de 33 meses sin resolverse.

Hace un año, policías federales desalojaron a profesores y padres de familia de una protesta en Nochixtlán, Oaxaca. El operativo, que dejó ocho muertos y 108 heridos, es parte del legado de luto del gobierno de Peña Nieto, entre otros casos.

Miguel Tinker Salas, profesor de Estudios Latinoamericanos y experto en la política mexicana del Colegio de Pomona, aseguró que el espionaje que practica el inquilino de Los Pinos revela la “doble hipocresía” del gobierno al abogar por los derechos humanos en otras naciones.

“Pone a México en una doble hipocresía”, dijo el académico. “Es la confirmación de lo que ya se sabía de un gobierno que ha utilizado la guerra contra el narcotráfico para criminalizar a periodistas y demuestra que tiene culpabilidad en los asesinatos”.

En los primeros tres meses del 2017, en territorio mexicano se han registrado 5,775 homicidios. Entre enero y mayo, además, han sido asesinados a seis periodistas, siendo el último de ellos Javier Valdez, ocurrido en Culiacán, Sinaloa.

“En vez de ofrecer recompensas, se debería proteger a los periodistas”, exhortó Tinker Salas, al mismo tiempo que planteó que “los casos de Ayotzinapa, Nochixtlán y Apatzingán forman parte de la geografía de sangre que se derrama de un pueblo inocente”.

 

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