Corte permite a beneficiarios de TPS pelear el alivio tras cancelación

Por ahora los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) celebran el dictamen de un juez federal, que ha rechazado el esfuerzo de la administración Trump para desestimar el caso en los tribunales.

En la primera decisión judicial sobre el TPS, el juez Edward Chen permitió que todas las reclamaciones de nueve titulares y cinco de sus hijos ciudadanos estadounidenses, demuestren los daños que la cancelación les provoca al grupo de afectados.

“Me complace que un juez haya reconocido que los titulares de TPS tienen derechos que deben respetarse”, dijo Orlando Zepeda, un demandante de El Salvador que es padre de dos niños ciudadanos estadounidenses, uno de los cuales también es un demandante.

“Mi esposa y yo hemos vivido en este país por más de 25 años, y hemos tenido TPS la mayor parte de ese tiempo. Nuestros hijos nunca han estado en El Salvador. Este es nuestro país y debemos defender nuestros derechos en los tribunales, en Washington y en nuestras comunidades”, agregó Zepeda.

El caso alega que la administración federal violó los derechos constitucionales de los titulares de TPS de El Salvador, Haití, Sudán y Nicaragua, así como de sus hijos. Además, argumenta que el gobierno violó la Ley de Procedimiento Administrativo.

En su decisión, el juez Chen sostuvo que “los demandantes han prometido plausiblemente que el presidente Trump hizo declaraciones, que un observador razonable podría interpretar como evidencia de animadversión racial contra inmigrantes no blancos, y que a partir de entonces influyó y corrompió el proceso de toma de decisiones del Departamento de Seguridad Nacional con respecto al TPS “.

Los demandantes están representados por la Red Nacional de Jornaleros (Ndlon), la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California y los abogados de Sidley Austin LLP.

Los demandantes son miembros de varias organizaciones, incluida la Alianza Nacional TPS, Carecen Los Ángeles y Comunidades Africanas Juntos.

“Después de décadas de vivir en los Estados Unidos, mi familia se ha visto afectada por la decisión de dar por terminado el TPS”, dijo Cristina Morales, otra titular en la demanda.

El TPS protege a más de 400,000 personas que viven en Estados Unidos de la deportación y autoriza su estatus legal.

Desde que Trump asumió el cargo, su administración ha anunciado la finalización de esta ayuda humanitaria para los beneficiarios de Sudán, Nicaragua, El Salvador, Haití, Nepal y Honduras.

La demanda cuestiona las acciones de esta administración y tiene como objetivo evitar que decenas de miles de niños ciudadanos sean separados de sus familias.

Este es el único caso que desafía la terminación de TPS para cuatro países: El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, y el único caso presentado en nombre de los titulares de TPS y sus hijos ciudadanos en la Unión Americana.

“Los titulares de TPS, al igual que los 11 millones de personas indocumentadas, necesitan respeto, dignidad y protección permanente. Son los trabajadores de la construcción de este país, paisajistas, lavaplatos, cocineros, limpiadores de casas y niñeras”, dijo la organización Movimiento Cosecha tras el anuncio de Trump.

“Son dueños de las pequeñas empresas y restaurantes que amamos, son nuestros vecinos y forman parte de nuestras escuelas y comunidades”, añadió la organización pro-inmigrante.

Por su parte, la administración federal le ha dicho a los beneficiarios que necesitan encontrar una forma de legalizarse o de abandonar el país.

Tom Steyer, presidente de NextGen America, agregó que la acción de Trump fue “un ataque cobarde a un grupo de personas inocentes que huyeron de la violencia en su país de origen”.

“Este cruel acto es otro ejemplo de que la administración de Trump está dispuesta en apostar las vidas humanas a cambio de votos. Tenemos que recordar todas las injusticias y todos los actos de crueldad que comete el partido Republicano cuando nos toque ir a las urnas en noviembre”, concluyó Steyer.