Arresto a padres por cruce de hijos indocumentados; cuestionan la 'iniciativa' de ICE

Si contempla pagar por traer a sus hijos de manera ilegal a Estados Unidos, piénselo dos veces, señala la administración del presidente Donald Trump, al extender su campaña en contra de la inmigración indocumentada con la aplicación de arrestos para los padres que son descubiertos negociando el cruce de menores.

Bajo el nuevo gobierno, los funcionarios de inmigración han comenzado a usar la información que reciben de los niños interceptados en la frontera para identificar a sus parientes indocumentados para su arresto y posible deportación.

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sostiene que la nueva "iniciativa de emergencia" interrumpirá las redes de contrabando de personas, ya que anualmente miles de niños están cruzando la frontera con la ayuda de un "coyote" contratado por sus familiares.

Entretanto, cientos de activistas en toda la nación ven de forma “preocupante” la estrategia de la administración federal debido al efecto que pueda tener en los niños y las familias indocumentadas.

Desde junio, cuando inició la iniciativa, para el mes de agosto, ICE ha arrestado a más de 400 personas involucradas en operaciones donde presuntamente se negoció el cruce de un menor.

Los padres u otros parientes que hagan estas transacciones pueden enfrentar cargos relacionados con el contrabando criminal e inclusive la prisión. Asimismo, éstos pueden enfrentarse a la orden de deportación.

Por su parte, los niños cuyos padres hayan sido arrestados, pueden permanecer temporalmente con algún familiar con documentos legales en el país, o pueden ser trasladados al cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, la agencia federal que custodia a menores no acompañados.

En respuesta a la iniciativa del gobierno federal,  a mediados de este mes unos 377 grupos de derechos civiles en todo el país sometieron una carta dirigida a Elaine Duke, secretaria interina de Seguridad Nacional expresando su preocupación.

“En lugar de interrumpir las operaciones de contrabando, tememos que estas nuevas tácticas inciten a los criminales a someter a los niños -cuya única opción es huir- a avenidas mas más costosas, peligrosas y rutas escondidas", reza la misiva.

"En última instancia, una iniciativa dirigida contra los contrabandistas debe ser eso, y no procesar y castigar a los padres por tratar de salvar la vida de sus hijo”, agrega la carta.

La misiva recalca que esta iniciativa, como otras acciones recientemente dirigidas a familias y jóvenes, devastarán aún más a muchas familias en todo Estados Unidos.

"El temor a las autoridades de inmigración ya han reducido la comunicación entre la comunidad y la policía local, la denuncia de crímenes, inclusive las quejas de violencia doméstica y las violaciones”, destacan en el escrito.

Añade que los niños serán los más afectados, al privarlos de sus padres en el momentos que más los necesitan.

Emily Butera, directora de programas de la Comisión de Mujeres Refugiadas y una de las entidades firmantes de la carta, sostiene que si los padres traen a sus hijos a este país es porque esperan una mejor vida.

"Si una madre desesperada recibe una llamada aterrorizada de su hija en Honduras, que dice que alguien va a violarla, secuestrarla o matarla, esa madre va a encontrar una manera de mantener a su hija segura en lo que ella sabe que es una persona peligrosa viaje”, dice Butera.

De igual forma Wendy Young, presidente de la organización Kids in Need of Defense, tacha a la iniciativa como un acto de crueldad en el que los padres pueden tener miedo de reclamar a los menores.

"Muchos de estos niños pueden terminar en centros de detenciones o casas de crianza a expensas del estado en lugar de sus hogares”, dice Young.

Sin embargo, para ICE la prioridad es deshacer a las bandas de contrabandistas.

“ICE pretende romper y desmantelar de un extremo a otro los caminos ilícitos, utilizados por las organizaciones criminales transnacionales y los facilitadores de contrabando humano”, dice Sarah Rodríguez, una portavoz de la agencia.

“Los patrocinadores que han puesto a los niños directamente en peligro, al confiarlos a organizaciones criminales violentas deben ser responsabilizados”, agrega.

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