Un derecho con un alto costo de salud, a 50 años de los disturbios de Watts en el Sur de Los Ángeles

Las secuelas de una realidad que nunca cambió en el Sur de L.A.

El polvo en los cuadros y en la alfombra nunca le preocupó a Juana López, tampoco la condición de la pintura de las paredes de su vivienda, a pesar de que su hijo Anthony Pérez, de 7 años, padecía de asma y alergias desde el 2013.

Fue en una consulta médica en un centro de asistencia, donde el doctor que la atendía le hizo ver la relación entre la enfermedad del pequeño y el ambiente que le rodeaba. “No sabía cómo limpiar, ni que productos utilizar”, se excusa la mujer oriunda de Guerrero, México.

El centro asistencial refirió a López con la organización Esperanza Community Housing. Ahí un promotor de salud le dijo que urgentemente tenía que cambiar la alfombra y reparar las áreas de donde se desprendía la pintura del edificio donde vivía.   

Casos como este llegan con frecuencia a Esperanza, en donde ofrecen desde 1989 ayuda a las familias de escasos recursos que viven en el Sur de Los Ángeles, con énfasis en la vivienda, salud preventiva y defensa de los derechos ciudadanos. 

Expertos de la entidad señalan que enfermedades respiratorias como el asma y alergias ocurren por la contaminación de plomo, la que se origina por las condiciones deplorables en las que se encuentran algunos apartamentos de edificios viejos. 

“Para detectar el plomo tomamos muestras de pintura, también recolectamos polvo y los enviamos al laboratorio”, indica Marjorie Aparicio, promotora de salud. 

A juicio de Gabriela González, gerente del programa Hogares Saludables de la organización, en los vecindarios ubicados al sur de la ciudad existe una crisis de vivienda.

“Nosotros documentamos las condiciones en que viven, les decimos a las familias los derechos que tienen. En algunos casos los dueños los amenazan o les dan cartas de desalojo cuando piden reparaciones en las viviendas”, explica. 

Cuando los propietarios de los apartamentos o casas se oponen a las demandas de los inquilinos, los casos son llevados a la corte, destaca González, detallando que en esas situaciones, son referidos con profesionales que los ayudan.

Debido a que los arreglos al apartamento nunca llegaron, López, se vio obligada a mudarse de casa. Fue en ese momento cuando puso en práctica los consejos recibidos de la organización, revelando que ahora su pequeño Anthony casi no padece de alergias. 

“Tuve que tirar los cuadros porque almacenan polvo. Ahora no utilizo químicos para limpiar, yo preparo líquidos naturales a base de vinagre, agua y bicarbonato. Trato de tener todo más higiénico, porque quiero que mi hijo esté bien”, manifiesta.

En la esquina de la calle 25 y Hobart

No es necesario abrir la alacena para ver correr una cucaracha en la cocina, ni tampoco acostarse en la cama para sentir el piquete de una chinche. Leticia Torres, madre de familia de tres hijos lo sabe porque tiene sus piernas y brazos llenos de ronchas, pero dice que aunque se ha quejado, la administración del edificio ubicado en el 2500 S. Hobart  St. no ha arreglado el problema.

En ese mismo edificio construido en 1927 y que cuenta con 50 unidades de vivienda, otras inquilinas dijeron padecer de lo mismo, pero prefieren no quejarse públicamente ya que recientemente una persona fue obligada a abandonar el apartamento. El periódico HOY trató de comunicarse con la administradora del edificio, pero no abrió la puerta ni contesto las llamas.

No obstante los problemas, la mayor preocupación de Torres es el principio de asma de su hijo de 8 años y de su bebé de seis meses, especialmente porque la pintura de las ventanas se está descarapelando y no saben si los residuos contendrán plomo.

Torres, originaria de Puebla, México, indica que se cambió a dicho edificio por lo barato  de la renta y no podría mudarse a otro lugar hasta que venza su contrato de un año.

Las secuelas de una realidad que nunca cambió

Los antecedentes de la zona donde vivía  López  y reside Torres son devastadores según la organización Strategic Actions for a Just Economy (SAJE), que se encarga de que los vecindarios cumplan con los requisitos mínimos para vivir sanamente.  Ellos dicen que cada año cerca de 48 mil personas se enferman por las condiciones insalubres en que viven.

Entre los malestares más frecuentes están las erupciones en la piel, picaduras de cucarachas y ratas, plomo en la sangre; infecciones por hongos, resfriados crónicos, síntomas respiratorios, dolores de garganta, sinusitis, asma, infecciones de oído e infecciones por estafilococos.

“Mucho de esto ocurre porque los inquilinos no conocen sus derechos, no saben donde pedir ayuda y muchos de ellos piden poco por miedo a que les suban la renta o los amenacen con sacarlos de las propiedades en las que pagan rentas de 500 a 600 dólares”, dice Nery Cividanis, especialista en educación comunitaria de SAJE.

Una encuesta que realizó la organización en el 2010 entre 140 inquilinos en el sur de Los Ángeles, encontró que el 75% dijo que tenía cucarachas, el 40% tenía ratas o ratones, y el 44% informó sobre la falta de agua corriente durante más de 6 horas al día. Asimismo, el 47% vivía en casas donde la pintura se estaba descarapelando, el 49% sufría síntomas alérgicos crónicos, el 25% reportó sufrir asma, y otro 15% reportó intoxicación por plomo.

“Esto es algo que nosotros vemos a diario. La gente viene o nos llama preguntando por ayuda. Pero lo que estamos viendo es que con la nueva construcción de apartamentos, muchos arrendadores están utilizando la técnica de dejar sus edificios en el descuido a propósito, para que la gente se salga y ellos poder vender estas propiedades”, dice Cividanis.

“Estamos hablando de unidades de hasta 100 años de antigüedad con problemas de plomería, plagas y alfombras con más de 20 años de haberse instalado. Ahí viven niños, ancianos y personas enfermas”, agrega la especialista.

Cada cuatro años, el Departamento de Vivienda llegan a revisar los edificios. Sin embargo, “los arrendadores tienen una semanas de anticipación para ‘parchar’ los problemas”, indica Cividanis.

‘Nada de esto va a cambiar’

Para Susie Meekins, quien ha vivido 66 años en Watts, estas historias no son nuevas.

“Desde 1948 que he vivido aquí puedo decir que no ha habido muchos cambios. Las necesidades no sólo se limitan a la propiedad sino a la infraestructura de los vecindarios con la falta de parques, semáforos, banquetas en malas condiciones, y la limpieza de callejones repletos de basura”, dice la activista afroamericana.

“Después de los disturbios de 1965 por aquí han pasado cinco alcaldes, cinco concejales y cuatro gerentes de proyectos comunitarios, pero no se ha hecho nada para mejorar la comunidad en general”, señala Meekins.

La activista afirma que en la zona sur, especialmente en Watts, las autoridades realizan trabajos que saca del apuro a la gente, pero no arregla el problema de fondo, aunque de esa forma, consigue que los residentes no se quejen de las condiciones de vivienda o de la infraestructura del vecindario.

 “La gente se queja, nadie les hace caso y finalmente se cansan. El gobierno local no sale de sus oficinas para ver las condiciones de los vecindarios y no hace nada”, sostiene Meekins. “Nada de esto va a cambiar si el gobierno no se ‘arremanga las manos’ y hace el trabajo que le corresponde”.

Una desigualdad de más de medio siglo

Los expertos afirman que el historial de violencia y la segregación en el Sur de Los Ángeles ha conducido a profundas desigualdades de recursos de salud,  justicia ambiental y de vivienda en el área.

Hasta 1920, este lugar fue una zona deseable para vivir, pero gradualmente los habitantes adinerados se trasladaron al oeste de la ciudad. Bajo convenios racialmente restrictivos, se les permitió a los afroamericanos obtener propiedad dentro de las zonas de Slauson, Alameda, Washington y Watts llegando así más gente de color de la clase media durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.

Luego de que en 1948 se prohibiera la aplicación de los convenios raciales, más afroamericanos empezaron a poblar las zona sur y la violencia empezó a escalar.

La técnica de venta “demoledora o blackbusting”, aceleró el crecimiento de la minoría en el área. Aquí los vendedores inmobiliarios compraban una casa en una calle de familias anglosajonas, luego vendían o alquilaban la propiedad a una familia de color. Así, este vendedor tenía oportunidad de comprar el resto de las casas de la calle a precios mucho más bajos para venderlas a más minorías.

Cuando la tensión racial estaba en su curva más alta, el 11 de agosto de 1965, un motorista afroamericano fue arrestado por manejar ebrio. Lo que debió de ser una simple infracción o posiblemente un arresto, terminó en un zafarrancho que dejó 34 muertos, más de mil heridos, cerca de 4 mil arrestados y unos 40 millones de daños en la zona.

Desde entonces, el Sur queda con la peor reputación en violencia y con más escasez de empleo, vivienda accesible y un gran número de edificios descuidados. En ese momento es cuando empieza a llegar una comunidad que habla español y que cuarenta años más tarde sería mayoría en el área.

Para el 2000 el Censo de población revelaba una población de 520,461 habitantes de la zona, con el 55% latinos y el 40% afroamericanos y 5% de otros grupos. En el 2010 las cifras se habían incrementado a 65% de población latina y un 25% afroamericana y 10% de diferentes grupos.

Lo que debe de saber la gente

  1. Si vive en una casa que fue construida antes de 1978 hay riesgo de plomo, especialmente si hay señales de desprendimiento de pintura.
  2. La alimentación alta en hierro, calcio y vitamina C ayuda a bajar el nivel de plomo.
  3. Para evitar contaminantes empiece por tirar las sobras de comida después de comer, lavar los platos inmediatamente y recoger la basura todos los días.
  4. Todo inquilino tiene derecho a pedir al administrador o propietario de apartamentos que desinfecte y repare las viviendas en caso de la presencia de contaminantes.
  5. El estatus legal no importa a la hora de denunciar las malas condiciones de vivienda. 

Inspecciones cada cuatro años

Bajo la ley, inspectores de la ciudad deben revisar los apartamentos cada cuatro años y reportar las violaciones. Los arrendadores o dueños de unidades son notificados con 30 días de anticipación. De encontrarse violaciones, el arrendador debe arreglar el problema en 30 días. Si esto no sucede, el arrendador es citado a una audiencia y se le da una fecha límite para arreglarlo. Si este ignora la fecha, su caso puede ser referido a la fiscalía de la ciudad y su propiedad puede estar sujeta al programa Rent Escrow Account Program (REAP). En este punto, los arrendadores tendrán que pagar mensualmente una multa de 50 dólares por unidad hasta que solucionen el problema.

Bajo REAP, las personas que rentan tienen la opción de pagar su mensualidad a un departamento de la ciudad por separado en lugar de pagarle al dueño de la propiedad, así el arrendador es motivado a solucionar el problema para que su dinero le sea devuelto. Asimismo, el inquilino puede ser elegible para pagar menos dinero de renta depende del daño de su propiedad. Las reducciones van del 10% al 50%.

De los aproximadamente 110 mil edificios de renta en la ciudad, existen 887 propiedades bajo el programa REAP actualmente, lo que es menos del 1% de vivienda bajo el programa. Otro total de 3,945 propiedades están a un paso de ser calificadas bajo este programa.

El Departamento de Vivienda de la ciudad estima que existe un total de 780 mil unidades de vivienda de renta en toda la ciudad de Los Ángeles.

En lo que va del año, el número de inspecciones sobre quejas de vivienda sin reparar es de 2,770, de las cuales 850 tienen advertencia para acatarse a las leyes. Mientras tanto, otras 3,500 también tienen advertencia, pero todavia estan en un periodo de inspección.

No es necesario esperar al ciclo de cuatro años de inspección para reportar violaciones, toda persona afectada puede llamar en cualquier momento y no es necesario revelar su identidad. 

Otros indicadores

El 65% de los residentes del Sur de L.A. vive bajo el nivel federal de pobreza y 60% renta la vivienda.

En el Sur de Los Angeles hay 70 pandillas latinas (5,250 miembros) y 105 pandillas afroamericanos (7,875 miembros) aproximadamente, ubicadas desde la autopista 10 hacia sur hasta llegar a la Imperial Highway.

Fuente: Organización Street Gangs

En el sur de Los Ángeles, hay aproximadamente 11 pediatras por cada 100,000 niños, en comparación con los 193 pediatras por cada 100,000 niños en el oeste.

Fuente: Community Health Councils

Para solicitar ayuda

Code Enforcement Complaint Line de la ciudad de L.A.

De Lunes a Viernes 9:00 am-4:00 pm

(866) 557-RENT; Ellos responderán dentro de 74 horas.

En el Condado de Los Ángeles: (877) 966.2633 (CODE).

Esperanza Community Housing

Tel. 213-748-7285

Dirección: 3655 South Grand Ave. Suite 280, Los Ángeles

Sitio web: esperanzacommunityhousing.org

 

Strategic Actions For a Just Economy (SAJE)

Tel. 213.745.9961

152 W. 32nd Street, Los Angeles, CA 90007

Sitio web: info@saje.net

 

Para conocer más sobre cómo han cambiado las cosas en el Sur de Los Ángeles a 50 años de los Disturbios de Watts  visite el enlace Wattsrevisited.com.

Agustín Durán contribuyó con información, organización y edición del artículo.

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