Cada día mueren 13 personas en su lugar de trabajo; demandan reforzamiento de las leyes

A través de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, desde su implementación en 1970 más de 553 mil personas se han salvado de morir en su lugar de trabajo en Estados Unidos; sin embargo, la tarea es quijotesca en medio del clima anti-inmigrante y las iniciativas que se gestan en la Casa Blanca.

En el marco del Día de Conmemoración de los Trabajadores Caídos, que se celebra cada 28 de abril, organizaciones laborales se movilizaron a honrar a las víctimas, asimismo se dio a conocer el reporte que indica que cada día mueren en toda la nación 13 personas en su empleo, 2 de ellos son latinos.

El reporte, elaborado por la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), indicó esta semana que en el 2015 murieron en su lugar de trabajo 4,836 personas, de ellas el 18.6% eran latinos, es decir el equivalente a 903 fallecidos.

“La negligencia corporativa y las débiles leyes de seguridad han resultado en una tragedia para un número asombroso e inaceptable de trabajadores inmigrantes latinos”, condenó Richard Trumka, presidente de la federación sindical, asegurando que en California hubo un incremento sustancial.

En el 2014, en el Estado Dorado murieron 130, mientras que en el año siguiente fueron 178, ubicándose a escala nacional en el segundo lugar, pues Texas registró 220 fatalidades, siendo el primer lugar por dos años seguidos. En el tercer lugar se coloca Florida con 78 casos.

“En lugar de trabajar por protecciones más fuertes, demasiados políticos republicanos en Washington, incluyendo el gobierno de [Donald] Trump, están tratando de revertir las regulaciones de sentido común que permiten a los trabajadores regresar a casa a salvo”, cuestionó Trumka.

Con la creación de regulaciones federales, hace 47 años, se estableció la Administración de Seguridad Laboral y Salud de California (Cal/OSHA), generándose información sobre derechos de los trabajadores, fue así como se abrió la puerta para denunciar violaciones en los empleos.

De igual manera, se les obligó a las empresas y corporaciones a eliminar los peligros y proveer el equipo adecuado para la labor que realizan los empleados; además, ellos pueden exigir educación sobre prevención y pedir suficiente agua cuando están bajo el sol, entre otros derechos.

Flor Rodríguez, coordinadora del centro de trabajadores de la Campaña CLEAN Car Wash, aseguró que en el pasado no ha sido relevante el estatus migratorio para presentar una queja contra los empleadores, pero ahora los empleados de esta y otras industrias expresan preocupación.

“No quiero hacer nada que implique llevar mi información a una agencia, prefiero no hacer nada”, dicen los trabajadores, explicó la organizadora que es la respuesta que reciben cuando se les asesora porque hay robo de salario o alguna violación a las leyes laborales.

Esta actitud se deriva de las políticas federales que implementa Trump, por esa razón un conglomerado de organismos que velan por el trabajor pidieron a las entidades gubernamentales que se pronuncien asegurando que van a preservar el estatus migratorio cuando presenten quejas.

El llamado va dirigido al Departamento del Trabajo, Departamento de Relaciones Industriales, Comisión del Trabajo y Cal/OSHA, entre otras agencias.

“El trabajador que no habla está en peligro”, manifestó Rodríguez. “Por eso es importante que las agencias salgan y hagan público que se va a proteger a los trabajadores y no van a tomar en cuenta su estatus migratorio, para que ellos tengan la confianza que se les van a garantizar sus derechos”.

A nivel general, expertos aseguran que una caída o resbalón son las causas principales de lesiones y muerte en el lugar de empleo, por lo que exhortan a las oficinas gubernamentales a contratar más inspectores y que hablen español.

Asimismo, se denuncia que los propietarios de compañías se aprovechan de los empleados porque creen que con pagar la multa se resuelve todo. “Las leyes tienen que ser más fuertes para castigar a los empleadores”, manifestó Nicole Márquez, abogada de Worksafe, organización ubicada en Oakland.

Esta organización, aseguró la jurista, presentó en Sacramento este jueves un proyecto de ley para proteger a los trabajadores indocumentos.

La iniciativa legislativa busca que los defensores públicos en California sean entenados para representar a clientes que están con un estatus irregular, de modo que tengan claro el escenario, en caso de llegar a un acuerdo, sobre las implicaciones en materia migratoria.

Contrario a lo que sucede en Washington, agregó Márquez, en el Estado Dorado se tiene “la oportunidad de aprobar leyes de protección a los inmigrantes; tenemos ese poder de luchar y mostrar que no vamos a estar callados y no vamos a apoyar ese mensaje racista”.