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Activistas viajan a Nueva Orleans para presionar sobre los alivios migratorios

Activistas viajan a Nuevo Orleans para presionar a la corte sobre los alivios migratorios

Las audiencias a realizarse en la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, reunirá a cientos de activistas y líderes proinmigrantes de todo el país a fin de ejercer presión para que las acciones ejecutivas del presidente Obama finalmente entren en vigor.

Líderes angelinos se sumarán a esta movilización en solidaridad con los migrantes que serían beneficiados con la implementación del programa DAPA y la extensión de DACA, iniciativas que darían un alivio a más de 5 millones de personas sin documentos regulares en el país.

“Creemos que con la presión de todos los activistas y organizaciones de todo Estados Unidos podemos hacer mella”, manifestó Francisco Moreno, director de comunidades del Consejo de Federaciones Mexicanas (Cofem).

Este activista es parte de una delegación integrada por 12 personas, quienes intervendrán en las protestas mientras la Corte de Apelaciones escucha los argumentos orales sobre las medidas aprobadas por el presidente Barack Obama en noviembre de 2014.

“No nos podemos quedar callados”, aseguró Gloria Saucedo, directora de Hermandad Mexicana Transnacional. “Vamos en representación de todas esas personas que no tienen voz y que se sienten indefensas por las leyes migratorias”.

Mayra Todd, residente en la ciudad de Van Nuys, podría beneficiarse con la Acción Ejecutiva al tener tres hijos nacidos en Estados Unidos, pero ahora está condicionada por el bloqueo de las medidas migratorias.

Al no poder salir del país, Todd ha tenido que llevar a la distancia la relación con su hijo mayor, a quien dejó de siete meses en su natal Guatemala hace 28 años. “No puedo ir a verlo desafortunadamente; tiene que pasar algo, tiene que pasar una ley”, indica.

“Me da tristeza no poder salir a ningún lado, me siento como los pájaros que los meten en una jaula, porque teniendo alas no pueden volar”, manifiesta la migrante de 49 años.

En febrero pasado, cuando los alivios migratorios entrarían en vigor, el juez federal de Texas, Andrew Hanen ordenó bloquear temporalmente la acción ejecutiva, argumentando que el gobierno no había cumplido con las leyes de procedimiento administrativo.

Este viernes, aunque la corte de apelaciones concluirá las audiencias orales, se descarta que exista una decisión de inmediato.

“Cada lado va a tener la oportunidad de presentar sus argumentos orales ante los tres jueces, ellos podrán hacer preguntas si necesitan más clarificación”, explica el abogado de inmigración Álex Gálvez.

Los jueces tendrán en frente a los abogados del Departamento de Justicia y a los representantes legales de los estados que sometieron la demanda por considerar que la medida de Obama era inconstitucional.

“Los argumentos orales serán cruciales”, indica Faye Ipsman, analista de políticas del Migration Policy Institute (MPI), con sede en Washington D.C.,”(porque) la medida cautelar podrá pasar por completo al quinto circuito antes de que sea conocida por la Corte Suprema”.

Si la Corte de Apelaciones rechazara los planteamientos del gobierno federal, el caso pasaría a la Corte Suprema.

Erika Andiola, co-directora de Dream Action Coalition en el estado de Arizona, considera que no hay que perder la esperanza; para ella lo más importante es que la comunidad y beneficiarios estén bien informados del proceso judicial.

“No se desesperen, tenemos la confianza que se va a ganar en la Corte Suprema si es que se va hasta ese nivel”, afirma la activista ‘dreamer’. “Lo malo es que se tendría una línea de tiempo más larga, que sería hasta el próximo año o en el 2017”.

La implementación del programa DAPA daría alivio migratorio a 3,712,000 padres o madres con hijos nacidos en la Unión Americana, mientras que la extensión de DAPA permitiría que 290 mil ‘dreamers’ adicionales se beneficien con ese programa.

Entre las dos medidas, podrían regularizar su estatus migratorio 5,201,000 personas, incluyendo los jóvenes soñadores elegibles al primer programa, en vigencia desde agosto de 2012.

 

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