Aconsejan a Trump continuar el TPS

Aconsejan a Trump continuar el TPS: Beneficiarios instrumentales en la economía

Mientras que el futuro de más de 300,000 beneficiaros del Estatus de Protección Temporal (TPS) se encuentra en la cuerda floja, tras la reciente cancelación del alivio para los haitianos y los nicaragüenses, los expertos acotan que los receptores son contribuyentes esenciales para la economía, la sociedad y la fabrica cívica de Estados Unidos.

Asimismo, los TPSianos, incluidos los del El Salvador, Honduras y Haití, “proveen el apoyo crítico financiero que asiste en la recuperación y estabilidad de sus propios países: estas son cosas que la administración de [Donald] Trump debería considerar en el futuro del TPS”, sostiene el Center for American Progress (CAP), instituto independiente de políticas no partidistas.

En su reporte, CAP señala que en promedio los TPSianos han vivido más de 19 años y son empleados en altas tasas, que van del 69.2 al 83.5 por ciento.

Y aunque los receptores trabajan en una variedad de sectores, estos son contribuyentes clave para las industrias de construcción, restaurantes y otros servicios de alimentos, así como servicios de jardinería, cuidado infantil y tiendas de abarrotes.

El análisis de CAP muestra que si los trabajadores salvadoreños, hondureños y haitianos con TPS fueran retirados de la fuerza de trabajo, Estados Unidos perdería hasta 164 mil millones en producto interno bruto durante la próxima década.

Además, si los titulares de este alivio migratorio perdieran su autorización de trabajo, se obtendría una reducción de 6.9 mil millones a las contribuciones del Seguro Social y Medicare en solo una década, según cálculos del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.

Finalmente, si los beneficiarios de TPS ya no pudieran laborar en sus actuales trabajos, los empleadores experimentarían una pérdida de 967 millones en costos de rotación.

Por otra parte, CAP revela que casi un tercio de las personas amparadas a este programa cuentan con una propiedad, lo que es una medida indicativa de que este sector trae consigo importantes contribuciones a su economía local en forma de impuestos en compra.

“Ponerle fin al TPS y, por lo tanto, eliminar la capacidad de los destinatarios para trabajar legalmente, probablemente aumentaría el riesgo de ejecución hipotecaria”, lo que podría tener reverberaciones económicas negativas para comunidades enteras, asevera CAP.

A parte del daño local a nivel económico, los TPSianos se verían afectados al no poder enviar dinero a familiares en dificultades en sus países de origen.

“Estas remesas juegan un papel clave para ayudar a los países de apoyo a recuperarse de desastres ambientales devastadores, que han cobrado vidas y destruido infraestructura, vivienda y acceso a una nutrición adecuada”, dice el reporte.

Actualmente más del 77 por ciento de beneficiarios envían remesas que representan el 9 por ciento de sus salarios mensuales a sus países de origen.

Y mientras los TPSianos no olvidan a sus familiares, en Estados Unidos estos mantienen vínculos fuertes con sus vecindarios al ser miembros activos de la comunidad, con el 29.7 por ciento en participación con una variedad de organizaciones, incluidas las asociaciones de vecinos y trabajo, escuelas y equipos deportivos.

Para recibir TPS, los solicitantes deben demostrar que han vivido continuamente en Estados Unidos desde la fecha especificada en la designación del Registro Federal, y deben someterse a una verificación de antecedentes penales y de seguridad, para confirmar que no han sido condenados y no representan una amenaza para la seguridad nacional.

Los titulares de TPS deben volver a solicitar y someterse a revisiones de antecedentes cada seis a 18 meses, cuando se renueva la designación, pagando tarifas sustanciales cada vez.

Para los activistas proinmigrantes que actualmente le están pidiendo a Trump revocar las cancelaciones, las estadísticas deberían tomarse en cuenta para hacer del TPS un alivio permanente.

"Aparte de la exclusión de inmigrantes que no son blancos, no hay una razón lógica para cancelar este programa", manifiesta Martha Arévalo, directora ejecutiva de CARECEN-LA.

A juicio de la activista, los nicaragüenses han vivido legalmente en este país durante casi 20 años, "son los más minuciosamente investigados, tienen contribuciones económicas masivas, vínculos directos con las comunidades en Estados Unidos y, sin embargo, se quedarán afuera en el frío".

"Las personas con TPS y la comunidad de inmigrantes merecen algo mejor”, exige Arévalo.

David Huerta, presidente del sindicato SEIU-USWW añade:

"Los beneficiarios de TPS son refugiados que trabajan y que simplemente quieren trabajar para sus hijos y familias, y que durante años han contribuido en gran medida a nuestra economía después de apenas sobrevivir a los horrores de un desastre natural, una guerra civil o alguna otra amenaza en sus vidas”.

“Continuaremos luchando contra el miedo y el odio, y trabajaremos para proteger y defender los derechos de todas las personas y su lugar legítimo en Estados Unidos de América”, concluye Huerta.

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