El condado de L.A. pagará $15 millones a un hombre que fue condenado erróneamente por un asesinato

Después de casi tres décadas de batallas legales, Frank O’Connell finalmente recibió las noticias que, según él, lo ayudarán a seguir adelante con su vida.

El hombre pasó 27 años tras las rejas por un asesinato que insiste en no haber cometido. En el camino, perdió momentos preciosos que nunca podrá recuperar, en particular el crecimiento de su hijo, que pasó de los cuatro años a la edad adulta.

Pero el martes, el último capítulo de la odisea legal de O’Connell se cerró cuando la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó el pago de $15 millones como acuerdo de resarcimiento en su demanda de derechos civiles contra el Departamento del Sheriff.

Rodeado por su familia y su equipo legal, O’Connell se detuvo en el exterior del mismo tribunal de Pasadena donde un juez lo condenó hace 32 años por dispararle a un hombre en un complejo de apartamentos de South Pasadena. “Este es un momento agridulce para mí”, afirmó, al lado de su hijo, Nick. “Ahora puedo tratar de olvidar el pasado, pero nunca podré olvidar lo que me sucedió durante esos años que estuve en prisión”.

Su madre, de 80 años de edad, RoseMarie O’Connell, rompió a llorar. “Este es el momento más feliz de mi vida. Cada vez que pasaba por este juzgado, tenía malos recuerdos”, afirmó la mujer.

El acuerdo es uno de los más grandes en el condado de Los Ángeles en los últimos años, según el abogado. Un juez liberó a O’Connell en 2012 después de descubrir que los detectives del sheriff no revelaron pruebas exculpatorias durante su juicio original.

Desde 1989, al menos 180 personas fueron condenadas por negligencia en California, incluidas 63 en el condado de Los Ángeles, según datos del Registro Nacional de Exoneraciones de la Universidad de Michigan. La mayoría de los casos de L.A. involucraron una identificación errónea por parte de testigos.

La condena de O’Connell se basó en gran medida en el testimonio de un extraño que presenció el asesinato y lo identificó en la corte como el tirador. Sólo este año, los tribunales del condado de L.A. declararon condenas erróneas en cuatro casos, según el registro. Entre los acusados se encontraron Raymond Lee Jennings, Marco Contreras y Michelle Poulos; los tres fueron declarados objetivamente inocentes en los tribunales.

El 5 de enero de 1984, O’Connell fue arrestado por la muerte a tiros de Jay French, un trabajador de mantenimiento quien había estado en una ardiente batalla de custodia con su exesposa, por su hijo.

O’Connell era un carpintero de 27 años de edad en ese momento. El Departamento del Sheriff sospechó de él desde el principio.

La exmujer de French, Jeanne Lyon, declaró a los detectives que O’Connell se había mudado con ella y que habían tenido una breve aventura. Además, un testigo del incidente informó a los detectives que la víctima, después de ser baleada, le dijo que “eso tenía algo que ver” con su exesposa, según documentos judiciales.

O’Connell coincidía con la descripción de los testigos: el tirador era un hombre alto, esbelto y rubio. El declarante estrella de la fiscalía fue Daniel Druecker, inquilino en el complejo de apartamentos de State Street, donde ocurrió el hecho. Druecker identificó a O’Connell como el tirador a partir de una ronda de fotos y aseguró que se trataba del asesino.

Un año después del tiroteo, O’Connell, exestrella del fútbol en la secundaria Glendora High School, fue declarado culpable de asesinato y condenado a entre 25 años de prisión y cadena perpetua. Durante los siguientes 27 años, mientras estuvo en la cárcel, reafirmó su inocencia. Le escribió a Centurion Ministries, una organización sin fines de lucro que trabaja en nombre de reclusos que afirman haber sido condenados por error y piden ayuda.

“Rápidamente me di cuenta de que él era inocente”, aseveró Kate Germond, directora ejecutiva de Centurion, quien trabajó en el caso de O’Connell.

Germond se enteró de que Druecker había tenido una visión obstruida del tiroteo y que no llevaba sus gafas en ese momento. Druecker también le dijo a Germond que se sintió presionado por los detectives para identificar a O’Connell como el atacante.

En una nueva audiencia en 2012, una jueza determinó que O’Connell debía ser liberado. Los detectives, dictaminó, podían haber influido indebidamente en los testigos y no haber entregado evidencia a la defensa que señale a otro posible sospechoso, una violación de la llamada regla Brady, que requiere que el gobierno entregue pruebas favorables a los defensores.

Las evidencia retenida incluyó un aviso anónimo de alguien que afirmó que la exesposa de French había pagado a un asesino a sueldo en Oregon unos $7,000 para matar a su cónyuge, según documentos judiciales.

En su fallo, la jueza Suzette Clover, de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, culpó a los detectives por no entregar las notas de su investigación que revelaban que otro novio de Lyon era sospechoso por un intento anterior de asesinato al esposo de ésta, ocurrido varios años antes. Ese hombre fue descrito como alto, con cabello rubio o color arena.

Después de que O’Connell fue liberado, los detectives del alguacil le pidieron a la oficina del procurador del distrito que volviera a presentar cargos por homicidio en su contra, pero los fiscales lo rechazaron.

En 2013, O’Connell presentó una demanda federal de derechos civiles contra el Departamento del Sheriff, alegando que los detectives habían ocultado evidencia y proporcionado información engañosa durante el juicio.

Los abogados de los detectives del sheriff argumentaron que la ley no estaba clara en ese momento sobre qué evidencia debía entregar la policía a los acusados.

En 2015, un panel federal de apelaciones confirmó que las autoridades deberían haber sabido que tenían que entregar a O’Connell las pruebas. El abogado de este último, Ronald Kaye, espera que el caso motive al Departamento del Sheriff a asegurarse de que sus agentes proporcionen a los acusados el material que garantice un juicio justo. “Tienen la obligación de proporcionar evidencia que sea favorable a la defensa”, aseveró Kaye.

El caso sigue siendo una investigación de asesinato abierta, y los fiscales no han acusado a nadie más desde que O’Connell fue liberado.

El Departamento del Sheriff afirmó en un comunicado que, como resultado del caso, la agencia “desarrolló una lista de verificación para asegurar documentación que refleje que toda la evidencia material fue entregada a los fiscales”.

‘Connell, ahora de 59 años, trabaja en una tienda de reparación de automóviles en Colorado y pasó los últimos cinco años reconstruyendo la relación con su hijo. Dice que ha disfrutado de reaprender las cosas simples desde que salió de prisión, como conducir y usar las nuevas tecnologías.

“Ha sido emocionante y atemorizante al mismo tiempo. Pero todos los días me levanto y no miro hacia atrás “, aseguró. El hombre espera que el acuerdo sea un catalizador para el cambio en el Departamento del Sheriff, para evitar condenas erróneas en el futuro. Mantener una actitud positiva, dice, es la única forma en que podrá avanzar en la vida. “Estoy un poco decepcionado porque nunca recibí una disculpa, y me doy cuenta de que quizás nunca suceda, pero no lo guardo rencores”, expresó O’Connell.

Traducción: Valeria Agis

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