¿Colaboró un oficial del LAPD con la huida de un pandillero asesino?

La acusación contra el policía de la pandilla de Los Ángeles era tan extraña como preocupante. A cientos de millas de distancia, en Nevada, una sargento afirmaba que el detective del LAPD Frank Flores y uno de sus informantes de pandillas habían interferido con la búsqueda de un sospechoso de asesinato. La intromisión del detective, según la oficial, había ayudado al asesino a huir del país.

Era 2011 y Flores formaba parte de un grupo de trabajo liderado por el FBI que investigaba la Mara Salvatrucha, una pandilla notoriamente violenta comúnmente conocida como MS-13. Flores se había establecido como un experto en cuestiones de MS-13 y testificaba a menudo sobre el funcionamiento interno secreto de ésta. Oriundo del este de L.A., el policía escribió en un documento judicial que “aprendió pronto sobre el lenguaje, la cultura, las rivalidades y los territorios de campo asociados con las pandillas”.

La sargento de Sparks, justo al este de Reno, detalló su queja en un memo de 10 páginas enviado al FBI, que The Times revisó. “El detective Flores discutió abiertamente la identidad de un soplón con su informante y pasó por alto la oportunidad de detener inmediatamente a nuestro sospechoso de asesinato”, escribió.

Sus acusaciones tuvieron poco efecto. Flores permaneció en el grupo de tareas y continuó trabajando con informantes secretos cuyas grabaciones de narcotráfico llevaron a varios enjuiciamientos federales de presuntos miembros de la MS-13. Después de que el FBI transmitió la queja al Departamento de Policía de Los Ángeles, Flores fue formalmente absuelto de cualquier irregularidad por una investigación interna, aseveró un portavoz del LAPD.

El episodio parecía cosa del pasado.

Pero en los últimos meses, las acusaciones resurgieron en dos de los casos de drogas de la MS-13 en los que Flores había trabajando cuando se cruzó con los oficiales de Sparks. Un juez que entendió en los casos dictaminó que los acusados tenían derecho a tener los registros del LAPD de su investigación de las denuncias y también dio el visto bueno a los detectives de Nevada involucrados en la denuncia para testificar sobre lo ocurrido.

La decisión fue una bendición potencial para los miembros acusados de la MS-13, cuyos abogados planearon usar el tema para arrojar dudas a los ojos de los jurados sobre la credibilidad de Flores y, por extensión, de sus informantes y los casos en general.

Los fallos parecieron asustar a la oficina del fiscal federal en Los Ángeles, que, después de años de trabajo en los casos, desestimó los cargos en uno y aceptó un acuerdo en el otro. La resolución implicó que el archivo del LAPD sobre Flores no fuera revelado y los detectives de Nevada no testificaran.

Mark Windsor, abogado defensor que representó a los acusados, cree que el gobierno optó por deshacerse de los casos “debido al detective Flores, la forma en que manejó a sus [informantes] y el comportamiento de estos”.

Thom Mrozek, portavoz del fiscal de los Estados Unidos, respondió por escrito que las decisiones se tomaron “después de evaluar todas las pruebas que conocíamos en ese momento… Tomamos decisiones diseñadas para garantizar que se haga justicia y que cumplamos con todas nuestras obligaciones como fiscales federales”. Además, agregó que “las decisiones recientemente tomadas en los casos no fueron diseñadas para proteger a ningún agente de la ley”.

Los oficiales de LAPD no le permitieron a Flores comentar acerca de las acusaciones, y un vocero del Departamento de Policía de Sparks remitió las preguntas al LAPD.

Las acusaciones contra Flores resurgieron ahora en medio de un mayor escrutinio sobre el accionar de las fuerzas del orden para combatir la MS-13, que fue formada por inmigrantes salvadoreños en Los Ángeles en la década de 1980 y desde entonces se ha extendido a docenas de estados. Para el presidente Trump y el procurador general Jeff Sessions, desbaratar la pandilla se convirtió en una prioridad. Ambos citan con frecuencia a sus miembros como una justificación para el endurecimiento de su postura contra la inmigración ilegal y sus ataques a ciudades como Los Ángeles, que se rehusan a cooperar plenamente con las operaciones de deportación.

En mayo pasado, la oficina del fiscal de los Estados Unidos en Los Ángeles anunció un amplio caso de extorsión contra docenas de supuestos miembros de la MS-13, incluidos sus altos rangos en la región.

Las acusaciones contra Flores derivaron de un doble homicidio cometido en Sparks el 20 de noviembre de 2010. Dos hombres de una pandilla local fueron asesinados en un apartamento, frente a varios testigos. El agresor fue identificado como un miembro de MS-13, Luis Alejandro Menéndez-Cordero, quien se hacía llamar Apo. Los testigos afirmaron que, al parecer, los asesinatos habían sido arbitrarios, y que Menéndez Cordero había intentado disparar contra un tercer hombre, pero su arma se había atascado.

Greta Woyciehowsky, sargento de detectives en el departamento de policía de la ciudad, fue asignada al caso junto con otros oficiales que rastrearon a Menéndez-Cordero hasta Sacramento, pero supieron que había huido a Los Ángeles unos días antes. Los detectives enviaron volantes con la foto e información del sospechoso a la policía de toda la región.

Flores llamó a Woyciehowsky al día siguiente. Uno de sus informantes de la MS-13, dijo, había estado con Menéndez-Cordero en una fiesta, según el memorando que la sargento escribió más tarde. Agregó que Flores había sido cauteloso por teléfono y se había mostrado reacio a revelar el nombre o número de teléfono de su informante.

Poco después, una mujer llamó a la policía de Sparks para informar que Menéndez-Cordero se había hospedado en un departamento del sur de L.A, según el memo. Woyciehowsky notó que la mujer tenía miedo y estaba preocupada por la seguridad de un niño pequeño que vivía en el lugar junto con su madre.

Cuando un detective de Sparks llamó a Flores para transmitir esta información, el detective le dijo que la madre en el apartamento era, de hecho, su informante. Woyciehowsky acusó a Flores en el memorando de llamar a su informante para hablar sobre Menéndez-Cordero y revelarle el nombre de la mujer asustada que había alertado a los investigadores de Sparks acerca de su paradero.

Flores le dijo a los detectives de Sparks que su informante negó que Menéndez-Cordero se estuviera quedando en el apartamento, según el memo. Cuando uno de los compañeros de Woyciehowsky ofreció la posibilidad de que un grupo de oficiales vigilaran el lugar, Flores se negó diciendo que serían descubiertos rápidamente, escribió Woyciehowsky.

En el memorando, la sargento describió la creciente frustración de investigadores de Sparks ante la negativa de Flores durante las semanas siguientes para ayudarlos en sus intentos de localizar y entrevistar a su informante y a la mujer que había llamado con información sobre Menéndez-Cordero. Eventualmente, los policías de Sparks tomaron el asunto en sus propias manos: se presentaron como trabajadores de la compañía de gas, algunos de ellos fueron al departamento de la informante y consiguieron que alguien proporcionara su número de celular.

En el memo, Woyciehowsky afirmó que el equipo de Sparks sentía que no tenía más remedio que ir en busca de la informante de Flores. La medida, dijo, enojó al detective, quien los acusó de poner en riesgo la seguridad de la mujer.

Finalmente, resultó que Menéndez-Cordero había huido del país poco después de ser descubierto en Los Ángeles.

En una entrevista, semanas más tarde, la mujer que llamó para informar de su paradero le dijo a Woyciehowsky que, poco después de hacer la llamada, fue interceptada por un desconocido que la confrontó por alertar a la policía, según el memo. El hombre la amenazó con matar a dos de sus amigos a menos que condujera a Menéndez-Cordero hasta México. La mujer detalló que la informante de Flores disfrazó a Menéndez-Cordero para el viaje, con una peluca y maquillaje.

Después de que la mujer dejara a Menéndez-Cordero en un hotel en México, éste se mudó a El Salvador. En 2015, más de cuatro años después de su huida, fue arrestado por la policía de ese país. Luego de que los fiscales de Nevada accedieran a un pedido de funcionarios salvadoreños para no solicitar la pena de muerte, el delincuente fue extraditado. El mes pasado, Menéndez-Cordero fue declarado culpable de los asesinatos y sentenciado a dos cadenas perpetuas en prisión.

Pero ésa no sería la última vez que Flores enfrentaría críticas. Al año siguiente, el gobierno desestimó los cargos de crimen organizado y conspiración para cometer homicidio contra un conocido activista antipandillas, Alex Sánchez, que se habían basado principalmente en la interpretación y traducción de las llamadas grabadas de Flores, duramente criticadas por el abogado de Sánchez.

Después de que Menéndez-Cordero huyera de Los Ángeles, Flores y otros en la fuerza de trabajo siguieron construyendo casos de narcotráfico, y en 2013 la oficina del fiscal de los Estados Unidos acusó a varias personas en una serie de sumarios.

Las operaciones con drogas orquestadas y registradas por la informante de Flores fueron la base de muchos de los cargos, según muestran los registros judiciales. A cambio de su trabajo, la mujer recibió un pago de alrededor de $150,000 dólares y, al menos temporalmente, no fue deportada, entre otros beneficios. Muchos de los acusados fueron condenados y sentenciados a prisión. Dos de los casos, sin embargo, se prolongaron.

En uno de ellos, el acusado fue declarado culpable y sentenciado a 10 años de prisión. Después de que un tribunal de apelaciones anulara la condena porque al hombre se le había prohibido inapropiadamente argumentar que la informante lo había engañado, el caso pasó a la jueza de Distrito de los Estados Unidos Christina Snyder.

En el transcurso de una semana, en junio último, la magistrada ordenó la entrega de los archivos del LAPD sobre el episodio de Sparks y aprobó el testimonio de Woyciehowsky y otro detective de dicha ciudad. Tres semanas más tarde, el gobierno llegó a un acuerdo con el acusado que redujo la sentencia mínima de prisión de 10 a cinco años. El acusado espera ahora su condena.

En un segundo caso, el acusado enfrentaba cargos basados en tráfico de drogas realizados por la informante de Flores y otro soplón utilizado por el grupo de tareas. En agosto, semanas después de que Snyder ordenara la entrega de los registros del LAPD -y casi cuatro años después de que el hombre fuera acusado-, el gobierno desestimó los sumarios basados en la informante de Flores, sin mediar explicación. Los cargos restantes finalmente también fueron descartados.

Traducción: Valeria Agis

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