Ordenan investiguen a expresidente Guatemala por corrupción

Un juez guatemalteco ligó a proceso al expresidente Otto Pérez Molina, a su exvicepresidenta Roxana Baldetti y a otras diez personas, para que sean investigados por la fiscalía por presuntos delitos relacionados a un caso de corrupción.

Se trata del contrato entre la Empresa Portuaria de Guatemala y la compañía Terminal de Contenedores Quetzal, TCQ, subsidiaria del Grupo TCB —un operador español de terminales de contenedores y servicios especializados de ingeniería y consultoría marítima, para carga valorada en 255 millones de dólares que habría sido firmado fraudulentamente por funcionarios y empresarios.

Este es el segundo caso en el cual Pérez Molina es ligado a proceso y el tercero para Baldetti, todos vinculados a presuntos hechos de corrupción.

Según la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de las Naciones Unidas que investiga grupos clandestinos y de seguridad incrustados en el estado guatemalteco, Pérez Molina y Baldetti lideraban una organización integrada por funcionarios, empresarios y particulares que adjudicó un contrato a TCQ, para la construcción de una terminal portuaria en el Puerto Quetzal en el Pacífico guatemalteco, a cambio de entregarles un soborno por 30 millones de dólares.

El juez dijo que los acusados quedaban ligados al proceso por los delitos de lavado de dinero, fraude, cohecho pasivo y asociación ilícita. Pérez y Baldetti no serán investigados por asociación ilícita ya que están vinculados por el mismo delito en otro caso de corrupción y según la ley del país no se puede acusar a una persona dos veces por este delito.

Según la declaración de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, ahora colaborador de la fiscalía, le entregó a Pérez Molina y Baldetti 8,4 millones de dólares producto del soborno con los que estos adquirieron casas, lanchas, helicópteros y vehículos, entre otras cosas. Ambos han negado los cargos.

El juez Gálvez deberá decidir si envía a prisión a los acusados, que ya guardan prisión por el caso de corrupción llamado “La Línea”, en el que empresarios habrían pagado sobornos a empleados y funcionarios públicos para ayudarles a evadir impuestos.