Argentina prohíbe el aborto en la mayoría de los casos; entonces, ¿por qué la tasa es mucho más alta que en EU?

La mujer entró a tientas a un hospital público, tarde una noche; su estómago se revolvió cuando se acercó al vestíbulo. Sangraba.

El Dr. Damian Levy la condujo a una habitación. Al igual que muchos de sus pacientes en el Hospital Álvarez, en Buenos Aires, era joven y pobre. Al principio, se negaba a decirle al médico por qué estaba allí. Luego estalló en una llorosa confesión: había intentado hacerse un aborto en su casa usando 40 tabletas del medicamento misoprostol, casi tres veces la dosis recomendada para inducirlo. Le preocupaba que el hospital la denunciara a la policía.

En Argentina, y en gran parte de América Latina, donde los edictos de la Iglesia Católica a menudo están consagrados por la ley civil, el aborto electivo en casos de embarazos no deseados es ilegal.

Sin embargo, las normas son eludidas ampliamente y los investigadores descubren que la tasa de aborto en Latinoamérica es mucho más alta que en los EE.UU. y otros lugares donde el procedimiento está permitido. En Argentina, donde las tensiones entre la Iglesia y la sociedad secular son especialmente altas, el gobierno estima que se realizan entre 370,000 y 522,000 abortos cada año, la mayoría de ellos ilegales, pero muy pocos resultan luego en procesos legales.

Entre quienes impulsan esta cifra se encuentra un grupo creciente de activistas que procuran que los medicamentos abortivos estén al alcance de las personas pobres y los doctores dispuestos a estirar un poco las normas. Nada de ello es un secreto para las autoridades o los políticos, que rara vez discuten el tema públicamente.

Una encuesta realizada por Pew Research Center en 2014 preguntó a adultos en Argentina sus opiniones sobre “el aborto en todos o la mayoría de los casos” y descubrió que aproximadamente el 60% se opone a la legalización, mientras que el 37% la apoya.

Argentina intenta apaciguar ambos lados. Mantiene el aborto como una práctica ilegal, excepto en casos de violación o cuando un embarazo representa un riesgo para la salud, pero permite que los procedimientos sigan practicándose de todos modos para satisfacer la importante demanda.

Esta cuerda floja convirtió las complicaciones de salud post abortos en la principal causa de muerte materna. El procedimiento a menudo se realiza sin conocimientos médicos, y el estigma y el miedo que lo rodea hace que muchas mujeres esperen más tiempo para realizarlo, incrementando así sus riesgos. Eso lleva a emergencias como la sobredosis de misoprostol que Levy debió manejar. “He visto a mujeres que toman dos, ocho, 12 pastillas”, dijo el médico. “Nunca 40”. De inmediato, el galeno realizó un aborto quirúrgico. La paciente sobrevivió.

En la lógica retorcida empleada para navegar la ley de aborto, el especialista explicó que la mujer no corría peligro de ser detenida por un aborto ilegal porque el uso de tantas píldoras había puesto en riesgo su salud.

En el frente de batalla para expandir el acceso al aborto hay mujeres como María Victoria Mateu.

Su propia experiencia con el aborto -uno legal, que se realizó en 2002 después de que un embarazo ectópico pusiera en riesgo su salud- la convirtió en una activista en el tema.

La mujer, de 34 años, comenzó a protestar por la igualdad de género y a trabajar con una campaña nacional para revertir la prohibición del aborto de Argentina, que data de 1922. Con el tiempo, se convirtió en socorrista de una red nacional que ayuda a las mujeres a conseguir misoprostol

El medicamento, que surgió en la década de 1970 para tratar úlceras estomacales, también se puede tomar por vía oral o insertarse en la vagina para inducir el trabajo de parto y el aborto hasta las 12 semanas de embarazo. Relativamente barato y ampliamente disponible, se ha convertido en un método para este procedimiento en países que los prohíben.

Mateu lo ve como una bendición para las mujeres más pobres, cuyas únicas opciones para el aborto son técnicas toscas, como insertarse agujas de tejer o beber brebajes herbales.

Muchas pacientes que la buscan viven en villas miserias, barrios urbanos donde el acceso a los hospitales públicos es limitado. Algunas son víctimas de abuso doméstico y no pueden decirle a sus cónyuges que quieren terminar sus embarazos.

Mateu entrega un folleto sobre el misoprostol a cada una y responde sus preguntas.

El misoprostol se vende en farmacias por alrededor de $100 con receta, y el doble sin prescripción. Algunas mujeres le piden a un familiar mayor que finja padecer una úlcera y solicite la droga en el mostrador.

Después del procedimiento, Mateu se asegura de que la mujer vea a un médico y se realice un ultrasonido. Esta es la parte más importante del proceso porque detecta las infecciones para que puedan ser tratadas, afirmó.

Desde que comenzó con esto, hace dos años, Mateu ha instruido a más de 100 mujeres sobre cómo inducir el aborto. “Lo que hacen los socorristas es lidiar con el derecho a la información”, afirmó. “Y la información es legal”.

Aún así, toma algunas precauciones. Insiste en conocer a las mujeres cara a cara, a menudo en La Dignidad, el café de izquierda que está al final de su calle. También les escribe mensajes en código, sustituyendo ‘pastillas’ por ‘zapatillas’, por ejemplo.

En casos extremadamente raros, las mujeres en Argentina han sido procesadas por abortos ilegales; el más famoso es el de una joven de 27 años a quien los medios sólo se refieren como ‘Belén’ para proteger su privacidad.

La chica acudió a un hospital público en la ciudad conservadora de Tucumán, en el interior del país, porque había sufrido un aborto espontáneo, pero allí fue acusada por el personal del centro sanitario de haber inducido el proceso, y la condenaron por el asesinato de su hijo por nacer. El caso desencadenó mitines en su defensa.

Sentenciada a ocho años de prisión, la joven cumplió dos años de cárcel antes de ser absuelta, en marzo último.

Germán Cardoso creció en un devoto hogar católico. Su padre era médico y su madre daba clases de catecismo. Él nunca pensó mucho sobre la prohibición de la iglesia sobre el aborto.

Hace unos 15 años, ya con varios de práctica profesional como médico, una mujer mayor llamó a la puerta de su clínica. Le dijo que hacía décadas, Cardoso padre -ya fallecido- le había practicado un aborto. Ahora necesitaba de su ayuda para poner fin al embarazo de su nieta.

El médico se sorprendió al conocer el secreto de su padre y prometió ayudar a la mujer. “Me cambió la perspectiva; desde ese momento viví en conflicto”, comentó. “Las presiones de la sociedad, mi familia católica, la ley”.

El galeno decidió entonces realizar abortos para evitar que las mujeres arriesgaran sus vidas intentando poner fin a los embarazos por su cuenta. Parecía lo correcto, y se sintió aliviado al descubrir que, a pesar de la norma, era poco probable que se metiera en problemas legales.

La peor situación que le tocó enfrentar fue un allanamiento en su oficina, en Buenos Aires, en 2011. Fue arrestado y detenido durante dos días antes de que el caso fuera desestimado y él volviera a realizar procedimientos.

Desde entonces, trasladó su clínica cinco horas hacia el sudoeste, a la ciudad conservadora de Tandil, donde ha soportado burlas ocasionales en la prensa y hasta actos vandálicos en su clínica, pero nunca fue molestado por las autoridades.

“Sabía que era malo para mi imagen como médico hacer abortos”, afirmó. ”No me gusta que me llamen ‘Dr. Aborto, pero no cambiaría lo que hago”.

Ahora con 60 años de edad, Cardoso realiza alrededor de 30 de estos procedimientos por mes, y cobra $1,000 dólares -casi el doble del salario mínimo mensual en Argentina- para las mujeres que pueden pagarlo, y menos para quienes no tienen recursos. Últimamente notó un descenso en los procedimientos debido a la competencia del hospital local, cada vez más dispuesto a proporcionar misoprostol.

La ley en sí proporciona un cierto espacio para los médicos que realizan abortos, ya que permite el procedimiento cuando la salud de una mujer está en riesgo, pero no define qué es “salud”. Eso posibilita a los especialistas utilizar la definición de la Organización Mundial de la Salud: “Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad o enfermedad”.

Si una mujer está deprimida por su embarazo, o si tener un hijo pone en riesgo su bienestar socioeconómico, su aborto es legal, consideró Cardoso.

Aún así, muchos doctores en instituciones públicas son reacios a ignorar las reglas. “Hay mucha hipocresía”, estimó la doctora Eugenia Arroche, una de los tres galenos que realizaron los 80 abortos legales en el Hospital Álvarez el año pasado. “Los médicos dicen que están en contra de un aborto, pero cuando alguien que conocen necesita uno, le piden a otro colega que lo haga por ellos”.

El hospital exige que las pacientes que buscan un aborto hagan la solicitud por escrito y citen la razón. Una mujer, que habló con la condición de ser sólo identificada por su primer nombre, María, decidió efectuarse uno después de enterarse de que el bebé tenía un defecto respiratorio letal y que era poco probable que viviera más de unas pocas horas.

Sin excepción legal por defectos de nacimiento, su ginecólogo dudó por semanas, diciendo que necesitaba consultar al comité de ética en el hospital privado donde trabajaba, hasta que en un momento le sugirió que se realice un aborto ilegal. “El sistema es muy cruel”, expresó.

Tenía más de 20 semanas de embarazo cuando le puso fin en el Hospital Álvarez, donde Levy efectuó el procedimiento el año pasado. Éste era legal, dijo, porque su salud mental estaba amenazada por la perspectiva de dar a luz sólo para ver morir a su bebé.

Traducción: Valeria Agis

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí