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Embajador ve bien la propuesta anticorrupción en Honduras

Manifestantes se dirigen a la procuraduría general para exigir la renuncia del presidente hondureño Juan Orlando Hernández en Tegucigalpa, Honduras, el viernes 19 de junio de 2015. Ante las manifestaciones, el mandatario hizo una propuesta para crear un sistema anticorrupción en el país. (Foto AP/Fernando Antonio)

Manifestantes se dirigen a la procuraduría general para exigir la renuncia del presidente hondureño Juan Orlando Hernández en Tegucigalpa, Honduras, el viernes 19 de junio de 2015. Ante las manifestaciones, el mandatario hizo una propuesta para crear un sistema anticorrupción en el país. (Foto AP/Fernando Antonio)

(Fernando Antonio / AP)
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El embajador estadounidense en Honduras calificó el miércoles como interesante y digna de estudio la propuesta del presidente Juan Orlando Hernández para crear un sistema anticorrupción en respuesta a las crecientes manifestaciones y protestas contra la impunidad en el país.

“Un proceso adecuado debe ser creíble, enfrentar impunidad y asegurar transparencia y amplia participación”, afirmó el embajador James Nealon en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter.

El diplomático no quiso entrar en la controversia existente entre los dos modelos de lucha contra la impunidad y la corrupción que se debaten en Honduras en estos días: el propuesto por Hernández, orquestado a nivel nacional con asesoría extranjera, y el que reclaman los manifestantes, exclusivamente extranjero y basado en la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad como la que Naciones Unidas instaló en Guatemala en 2006.

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“No le corresponde a Estados Unidos dictar qué mecanismo sería el indicado para afrontar la corrupción”, agregó Nealon.

Hernández compareció el martes acompañado de representantes de los tres poderes del Estado para proponer un diálogo abierto y sin condiciones a los representantes de la sociedad civil, con el objetivo de crear un sistema nacional contra la corrupción con apoyo de asesores extranjeros. Según datos del Ministerio Público, en Honduras hasta el 96% de los crímenes no llegan nunca a una resolución judicial.

El mandatario hizo su propuesta en medio de la tensión política generada por el movimiento conocido como “Marchas de las antorchas”, en el que decenas de miles de hondureños han salido a las calles de todo el país desde mayo para protestar contra la corrupción y la impunidad, con el detonante de un escándalo de fraude y desvío de fondos del Seguro Social por más de 100 millones de dólares. Durante todo el gobierno del presidente Porfirio Lobo (2010-2014) se sobrevaloraron bienes y servicios, se vendieron medicamentos caducos y se pagaron comisiones. Parte del dinero financió la campaña que llevó a Hernández a la presidencia.

En el escándalo están implicados importantes miembros del Partido Nacional en el gobierno, desde el vicepresidente Ricardo Álvarez, señalado en repetidas ocasiones por el presidente como receptor de fondos del Seguro Social para el partido, hasta la ministra de desarrollo social, Hilda Hernández, hermana del presidente, o la vicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez, investigada por fraude en la venta de medicamentos al organismo de seguridad social.

Los portavoces de los jóvenes manifestantes —agrupados en el movimiento Oposición Indignada y que acampan en huelga de hambre frente a la casa presidencial desde el lunes rodeados de fuertes medidas de seguridad para impedir que se una más gente a la protesta_, se niegan a dialogar con las autoridades e insisten en continuar convocando a más marchas hasta que el gobierno decida solicitar que la ONU instale la Comisión Internacional contra la Impunidad que reclaman.

Pero éste parece inflexible. El coordinador general del gobierno de Honduras, Jorge Hernández Alcerro, dijo que “una autoridad internacional es algo que en estos momentos la Constitución no permite”.

Mientras tanto, el movimiento se extiende. En San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, una docena de jóvenes ha acampado frente al Ministerio Público en solidaridad con sus compañeros de Tegucigalpa.

“Somos hondureños indignados por el escándalo del Seguro Social, por la impunidad. Desde hoy acampamos y declaramos huelga de hambre”, declaró Vladimir Altamirano, uno de los que están en San Pedro Sula.

“El discurso del presidente no es creíble. Solo puede avanzar con intervención internacional”, dijo.

Karla Cueva, viceministra de derechos humanos, dijo el miércoles tras reunirse con los acampados de Tegucigalpa que el gobierno no los desalojará y “garantizará el monitoreo constante del estado físico de los manifestantes, además de la provisión de una ambulancia permanente para asegurar la atención médica oportuna, en caso de necesitarse, por la falta de ingesta de alimentos en una huelga de hambre”.

Pese al perímetro de seguridad que rodea las tiendas de la acampada y la fuerte presencia de policía y militares, un grupo de exmilitares, policías y expolicías atacaron el lunes en la noche a los partidarios de los huelguistas, enfrentamiento que dejó a una persona hospitalizada. Hubo tres detenidos, que fueron puestos en libertad inmediata. Uno iba armado y fue identificado como presidente de la Asociación de Reservistas del Ejército de Honduras.

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