Corte suspende provisionalmente juicio por genocidio

Una Corte guatemalteca suspendió provisionalmente el juicio “especial” por genocidio al ex dictador José Efraín Ríos Montt y su ex jefe de inteligencia para decidir si ambos pueden seguir siendo juzgados juntos.

La Corte Primera de Apelaciones resolvió el amparo solicitado por abogados de las víctimas que argumentaron que el exjefe de inteligencia José Rodríguez Sánchez no tiene por qué tener un juicio especial como Ríos Montt.

El exdictador, de 89 años, es juzgado en un procedimiento especial luego de fuera declarado incompetente mental por médicos en 2015. Según la ley, las audiencias se deben realizar a puerta cerrada y por motivos de salud sin la presencia del acusado quien es representado por sus abogados.

El Tribunal de Mayor Riesgo B, juzga a ambos militares retirados, acusados por los delitos de genocidio y contra los deberes de humanidad, por la muerte de 1.771 indígenas ixiles a manos de soldados guatemaltecos cuando Ríos Montt fue jefe de estado de facto (1082-1983).

Francisco Vivar, abogado querellante del caso dijo a The Associated Press que solicitaron un amparo para suspender desde un inicio el juicio por considerar que se estaban vulnerando el derecho de las víctimas a que Rodríguez Sánchez sea sometido a un juicio normal y no especial.

“Sin embargo el tribunal decidió continuar con el juicio, incluso ya se ha escuchado hasta testigos”, dijo Vivar.

El tribunal ha escuchado a 30 de los 130 testigos propuestos para el juicio y ha revisado más de 700 pruebas documentales desde que inicio el juicio el 16 de marzo.

Héctor Reyes, abogado de las víctimas dijo que lo que se pretende es la separación de los procesos.

La Corte también programó una audiencia pública para el jueves para conocer la opinión de las partes.

Ríos Montt y Rodríguez Sánchez fueron juzgados en 2013 por los mismos delitos. El tribunal de Mayor Riesgo A encontró culpable a Ríos Montt y lo condenó a 80 años de prisión y absolvió a Rodríguez Sánchez. Sin embargo el proceso fue anulado por la Corte de Constitucionalidad aduciendo fallos en el debido proceso.

Guatemala vivió una cruenta guerra civil entre 1960 y 1996 que, según Naciones Unidas, dejó al menos 245.000 muertos y desaparecidos.