Internacional

Protestas contra la corrupción sacuden al gobierno de Guatemala

Guatemala: Nueva protesta masiva contra presidente

La sociedad guatemalteca salió de nuevo a las calles el sábado para protestar contra la corrupción y en demanda de la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, en medio de la crisis política que se vive en Guatemala tras sendos escándalos de corrupción denunciados en días recientes.

La plaza de la Constitución fue el escenario donde convergió una diversidad de sectores sociales, académicos, religiosos y particulares, que con pancartas exigían la renuncia de Pérez Molina.

Jorge Garzaro, uno de los ciudadanos que acudió a la protesta, comentó que "todos estamos protestando contra la corrupción y con la esperanza de que esto sea el inicio de un cambio positivo".

La fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desarticularon el 16 de abril una red de funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios para evadir impuestos. La Comisión es un ente de Naciones Unidas creado para investigar grupos paralelos y cuerpos clandestinos incrustados en el Estado guatemalteco.

En dicho escándalo se vinculó a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, que por tal motivo renunció a su cargo, mientras que un juez guatemalteco ordenó inmovilizar cuentas bancarias de la ex vicepresidenta por su presunta participación en hechos de corrupción.

El juez de extinción de dominio Marco Villeda ordenó el embargo de las cuentas para asegurar los bienes por un total de 850.000 dólares mientras se avanza en la investigación.

El jueves, la fiscalía también confirmó que al menos 14 propiedades vinculadas a Baldetti han sido allanadas en busca de documentación e información sobre su presunta participación con un denunciado caso de corrupción.

La red, denominada "la línea", era liderada supuestamente por Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado y mano derecha de Baldetti. Monzón se encuentra prófugo.

A través de 66.000 escuchas telefónicas hechas a lo largo de casi un año, las autoridades determinaron que "la línea" había creado una tarifa paralela a la oficial que ofrecía a empresarios para que éstos evadieran impuestos al pagarle un soborno a la red.

En varias de las escuchas, sus miembros discutían sobre las cantidades entregadas a los cabecillas. En una de las conversaciones se escucha cuando uno de ellos comunica que entregó a JC o Monzón Rojas unos 300.000 dólares producto de sobornos de dos semanas.

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