Hijos de la Migración: La vida sin documentos

Hijos de la Migración: La vida sin documentos

Estefany tiene 18 años. Estudia para ser auxiliar de enfermería, y en dos años terminará la carrera. El problema es que, una vez que termine, no puede trabajar, porque aunque vive en Madrid desde hace nueve años, aún no cuenta con documentos de residencia legal.

Estefany y su hermana Scarleth llegaron a España provenientes de Honduras casi cinco años después que Gilma Martínez, su madre. En 2004 Gilma vino a Madrid para trabajar y enviar dinero a sus hijas, quienes se quedaron en su ciudad, La Esperanza, al cuidado de su madre. La última vez que Gilma vio a sus hijas antes de venir, éstas tenían dos y cuatro años y medio de edad. Cuando volvió a verlas, casi no la reconocieron: tenían siete y nueve años el día que su hermano llegó con ellas al aeropuerto de Madrid.

Gilma no pudo hacer uso de la ley de reagrupamiento familiar por carecer de documentos de residencia. Cuando llegó, empezó a trabajar como “interna”, que es como se conoce a las trabajadoras domésticas que se permanecen todo el tiempo en la casa donde trabajan. Cuidaba personas mayores y niños para familias adineradas, pero nunca tuvo un contrato, de manera que no podía tramitar su residencia. Sus hijas llegaron como turistas y se quedaron aquí.

Los años siguientes fueron difíciles. Siendo madre soltera con sus dos niñas recién llegadas y una tercera en camino, la crisis económica la golpeó de frente.

—Yo estuve sin documentos la mitad del tiempo que llevo aquí, trabajando “en negro” —dice, en alusión al trabajo que no ofrece un contrato formal— y por eso no he podido regularizar los papeles a las niñas. Primero trabajé como interna, después como externa —yendo a las casas solo por algunas horas—, pero si no tenía una nómina de 1300 euros, no cumplía con los requisitos para tramitarles su DNI.

Gilma se refiere al monto mínimo de ingresos que debe comprobar un padre de familia para tramitar la regularización del estatus de sus hijas: 799 euros por su primera hija, y 266 euros más por cada hija adicional.

Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en España hay cerca de 750 mil trabajadores domésticos, de los cuales 90% son mujeres. La mayoría son extranjeras, principalmente provenientes de países latinoamericanos. El salario promedio oscila entre los 650 y los 900 euros mensuales. Ese monto, desde luego, no alcanza para regularizar a una familia.

—A mí me gustaría trabajar, no me gusta estar así —dice Estefany tratando de disimular su molestia con su madre—. A veces me enfado con ella porque digo, tendría que haber metido los papeles a tiempo, no es mi culpa. Pero luego se me pasa.

Gilma entonces repite que la situación fue difícil antes, pero que ahora las cosas están mejor.

—Tengo un par de contratos ahora. La mitad del tiempo trabajo con contrato y la otra mitad “en negro”, pero voy a buscar un abogado de extranjería para que arregle la situación, por lo menos la de ella. Porque ahora estamos mejor, ahora es cuando empiezo a disfrutar de mis hijas, de lo que tengo, de estabilidad económica. Y aquí tenemos libertad para andar en la calle. Ellas salen a la hora que quieren, pidiéndome permiso, claro, pero sin peligro. En Honduras eso no se puede hacer.

Para Estefany, eso no está a discusión: regresar Honduras está fuera de toda opción.

—Mi casa es Madrid, yo me siento madrileña. Mi vida la veo aquí, me veo aquí estudiando, trabajando, viviendo, a lo mejor hasta casándome aquí. Me veo aquí, o en cualquier otro país de Europa; puede ser que Inglaterra. No veo mi vida en Honduras.

*Un trabajo realizado con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ).

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