Guatemala: A juicio ex militares por violaciones de DDHH

Ocho exmilitares que están detenidos irán a juicio por desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de humanidad durante la guerra guatemalteca de 1960-1996, se informó el martes. Otros dos exmilitares quedaron en libertad.

En la audiencia, la jueza Claudet Domínguez ordenó iniciar juicio, entre otros, a Manuel Benedicto Lucas García, quien fue jefe del Estado Mayor General del Ejército de 1981 a 1982, una de las épocas más violentas de la guerra de acuerdo con organismos defensores de los derechos humanos.

También irán a juico los ex oficiales Byron Huberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales, Raúl Dehesa, José Antonio Vásquez, Carlos Augusto Garavito, Juan Ovalle Salazar y Cesar Augusto Cabrera Mejía. Todos los acusados son mayores de 60 años.

Los militares serán juzgados por desaparición forzosa y violación de los deberes de humanidad.

A Ismael Segura Abularach y Gustavo Adolfo Rosales García, se les clausuró provisionalmente el proceso y quedaron en libertad provisional, pues la jueza dijo que no hay claridad en las pruebas para enviarlos a enfrentar juicio, además ordenó a la fiscalía buscar evidencias suficientes para enviarlos a juicio o clausurar el proceso definitivamente.

Rosales García dijo que es inocente y que demandará a la fiscalía por acusarlo falsamente. “Yo me creo inocente y soy inocente, lo digo ante Dios”, dijo el militar beneficiado con la clausura provisional. Rosales dijo que en el momento de las acusaciones trabajaba como oficial de operaciones en la zona militar. “Yo lo que hacía era ayudar a la población”.

César Augusto Ruiz Morales, uno de los militares que enfrentará juicio y que entonces era oficial de operaciones en la zona militar número 21 en los años 1986 a marzo de 1987, dijo que era inocente de los cargos. “Es un abuso del estado las acusaciones, soy inocente” dijo a la Associated Press.

Según la fiscalía, los militares fueron oficiales de la zona Militar número 21, ubicada en Cobán, Alta Verapaz, al norte de la capital guatemalteca, que hoy alberga el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz, Creompaz. En este centro de adiestramiento militar apoyado por Naciones Unidas, las autoridades realizaron allanamientos y localizaron más de 80 fosas que contenían al menos 565 osamentas de víctimas de la guerra.

El caso se remonta a las masacres ocurridas durante varios años de la guerra en el occidente del país.

Los exmilitares acusados estuvieron destacados en el lugar en diferentes períodos y tuvieron a soldados bajo su mando, sostuvo la fiscalía.

La jueza resolvió que sean juzgados por la muerte de algunas de las víctimas, y no por el total de las que la fiscalía les acusa. Asimismo, llamó la atención a la fiscalía por haber incluido documentación que no era parte de los hechos.

La fiscal Hilda Pineda dijo que está de acuerdo parcialmente con la decisión de la jueza y que la fiscalía apelará la decisión de dejar fuera a Rosales y Ruiz.

“No estamos de acuerdo con lo que ella ha manifestado, está sujeta a una sala jurisdiccional, la fiscalía presentó la acusación fundamentada, consideramos que ella se confundió”, dijo Pinea.

Edgar Justino Ovalle Maldonado tiene derecho a inmunidad pues fue elegido diputado por el Frente de Convergencia Nacional, partido que llevó a la presidencia al actual presidente Jimmy Morales, pero ha apelado la acusación y está pendiente de resolverse por la Corte de Constitucionalidad si puede ser vinculado o no al caso.

Claudia Samayoa, activista de derechos humanos dijo que la decisión de la juez es una “es una ganancia al debido proceso” y una posibilidad para hacer justicia.

De ser hallados culpables, los militares podrían enfrentar hasta 50 años de prisión, que es lo máximo que permite la ley.