Comisión en Guatemala pide fin a inmunidad de Pérez Molina

La comisión parlamentaria que investiga al presidente Otto Pérez Molina por delitos relacionados con un caso de defraudación al fisco guatemalteco pidió al Congreso que retire la inmunidad al mandatario y celebre una sesión “urgente” del pleno para decidirlo.

Los cinco diputados que integran la comisión —los oficialistas Mario Linares y Gloria Sánchez, Jorge Barrios Falla y Sergio Celis del Partido Líder, que actualmente apoya al presidente, y Nineth Montenegro, del partido opositor Encuentro por Guatemala, independiente— tomaron la decisión en forma unánime porque, según explicó Barrios, “existen indicios racionales y suficientes sobre la comisión de uno o varios delitos” por parte del presidente y es necesario que “sea puesto a disposición de la justicia común”.

La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala habían solicitado a la Corte Suprema de Justicia iniciar los trámites de antejuicio contra Pérez Molina por considerar que existen indicios de una presunta participación suya en la red denominada “La Línea”, en la que funcionarios y particulares recibieron sobornos de empresarios con el fin de ayudarles a evadir impuestos, desfalcando así al fisco por millones de dólares.

De prosperar las denuncias, el presidente podría ser acusado de cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación tributaria.

En un informe escrito presentado a la comisión el sábado, que había solicitado su comparecencia, Pérez Molina alegó que las denuncias en su contra son “ilegítimas” y no derivan en “delito alguno” porque están basadas en especulaciones y apreciaciones subjetivas.

Asimismo, recordó que esta es la tercera vez que se solicita un antejuicio en su contra y que, dado que la Corte Suprema ya había rechazado en otra ocasión retirarle la inmunidad, no se podía volver a presentar dicha solicitud porque sería una doble persecución penal.

Pero el diputado Barrios indicó que los argumentos del mandatario no aplican para este caso.

De las dos veces anteriores que se solicitó retirar la inmunidad, una no prosperó y otra avanzó hasta que el pleno del Congreso decidió archivarla. Ahora, sin embargo, se prevé que la petición tenga más fuerza porque detrás de ese informe están las peticiones de la Fiscalía y la Comisión contra la Impunidad que, además, solicitaron al mandatario su renuncia para evitar la ingobernabilidad de Guatemala.

“Este es un hecho histórico para el país”, afirmó Linares, el presidente de la comisión. “Se está siguiendo el debido proceso”.

La comisión investigadora ya ha solicitado que se convoque al pleno del Congreso “de manera urgente” y, aunque no determina culpabilidad o inocencia, sí pone a disposición del pleno los elementos para que el presidente sea llevado ante la justicia común. Para que prospere el retiro de la inmunidad, deberán votar a favor dos terceras partes de los diputados.

El escándalo de corrupción que ha involucrado al gobierno ha conmocionado el país y ha hecho que miles de guatemaltecos hayan salido a las calles en varias ocasiones para exigir la renuncia del presidente.

“Ahora los diputados tienen que votar. Esta es una segunda oportunidad. Presionaremos a los diputados, iremos a sus casas a presionarles si hace falta para conseguir los 105 votos necesarios para quitarle la inmunidad y que sea juzgado como cualquier guatemalteco más”, declaró a la AP Andrés Quezada, integrante del colectivo #JusticiaYa, presente en la sala de la comisión.

La organización criminal La Línea asignaba las ganancias de los sobornos en forma proporcional al rango de la persona. El secretario privado de la vicepresidencia ejercía el control de la organización y, según escuchas telefónicas interceptadas, varios miembros de la red de defraudación hacían alusiones a “el 1”, “el dueño de la finca”, y que era a éste a quien se le hacían llegar parte de los sobornos recaudados.

La fiscal Thelma Aldana dijo que, según esa evidencia, “hay altas probabilidades de que se refieran al señor presidente”.

Pérez Molina concluye su mandato de cuatro años el 14 de enero de 2016. Al menos 14 miembros de su gabinete —ministros, secretarios, comisionados y viceministros— han renunciado al cargo y hay un centenar de personas bajo investigación.

La exvicepresidenta Roxana Baldetti, de quien las autoridades aseguran recibió sobornos de la red, está detenida en torno al caso. Renunció al cargo el 8 de marzo, pero niega haber participado en los hechos.

Mientras se desarrollaba la sesión de la comisión, unas 200 personas —entre ellas muchos niños con globos azules y blancos y banderas de Guatemala— protagonizaron el sábado frente al Congreso un nuevo acto de protesta de tono lúdico y festivo que con el lema #pintomifuturo invitaba a todos los menores a dibujar sobre el país en el que desean crecer.

“¿Qué se siente tener un presidente corrupto?”, preguntó un grupo de niños a uno de los policías que custodiaba una entrada de la sede parlamentaria. El agente, parado ante la puerta y con las manos a la espada, no salía de su asombro. “No sé qué decir”, balbuceó.

Gabriel Wer, de 33 años, y miembro del colectivo #JusticiaYa, que convocó la protesta, dijo estar “a la expectativa” ante lo que pueda pasar de cara a los comicios previstos para el 6 de septiembre.

“Queda una semana para la elección y ni se habla de eso. A la gente ha dejado de importarle. Solo quiere que se retrasen las votaciones y que el presidente renuncie”, afirmó.