Ya había pagado su deuda con la ley, pero 14 años después ICE quiere deportarlo

José Francisco González recuerda que eran las seis y media de la mañana del 9 de abril de 2014 cuando más de 30 oficiales de inmigración y policías de la ciudad de Placentia arribaron a su departamento.

“No me mostraron ninguna orden de arresto, sólo me esposaron y me metieron a un carro de policía ante el horror de mi esposa y vecinos”, recuerda con angustia el inmigrante de Guerrero, México, sobre esa mañana de abril del año pasado.

Agrega que los oficiales del ICE entraron hasta su cuarto y lo llevaron estando aún desnudo y semidormido por un medicamento que toma para conciliar el sueño por la enfermedad de apnea del sueño que padece.

“Había oficiales adentro y fuera del edifico, por toda la calle, llegaron por él como si fuera un criminal peligroso, peor aún, como un narcotraficante”, comenta Pita Sánchez, esposa de José, quien es ciudadana estadounidense.

En cuestión de minutos a José se lo llevaron a la fuerza sin permitirle llevar consigo el par de muletas que utiliza para caminar, a raíz de la diabetes tipo 2 que sufre desde hace 8 años, y sin dar ninguna información del lugar a donde se lo llevarían.

El inmigrante que se había hecho residente legal en 1987, dijo que se sentía confundido ya que no sabía lo que estaba pasando y tenía mucho miedo por su familia.

No fue hasta la una de la tarde, de ese mismo día, que José llamó a su esposa para notificarle que se encontraba detenido en la oficina de migración en Santa Ana, donde le mostraron su récord criminal que incluían los hechos del 2001 cuando se le acuso de posesión de drogas por las plantas de mariguana que su hermano tenía en su casa.

José indicó que después de estar un par de horas en la jefatura de Placentia, lo trasladaron a un centro de detención en Santa Ana, para luego llevarlo al centro de detención de migración en Delanto, ubicado a dos horas de su casa al noroeste de California.

El inmigrante dijo que desde entonces su vida se convirtió en una pesadilla. A raíz de ese incidente, José, de 48 años, enfrentó una orden de deportación y los hechos fueron tan repentinos que no podía creer que sería expulsado del país por un delito del que se le acuso 13 años atrás y que aparentemente ya había pagado.

Arresto en el 2001

En 2001, unos policías llegaron al departamento de José, en la ciudad de Anaheim, buscando a una persona y al entrar al departamento se percataron que había dos pequeñas plantas de mariguana en el jardín.

Según José, las plantas le pertenecían a su hermano, pero debido a que el inmobiliario estaba a su nombre, oficiales le pusieron cargos por posesión de drogas.

“[Yo] sin saber que mi hermano tenía un par de plantas de mariguana, un día antes de mi arresto, [él] las sacó al jardín y ahí se le olvidaron”, relata José, quien trabajó por 28 años como operador de máquinas y mantenimiento.

Los oficiales confiscaron las dos plantas, lo trasladaron a la jefatura de esa ciudad y ese mismo día salió bajo fianza tras pagar $500 dólares.

Después se presentó a corte, donde un juez le dictaminó el código penal 1000 PC, conocido como “Deferred Entry of Judgment” que permite a los acusados en California tener la oportunidad de suspensión temporal de cargos mientras que completan un programa de tratamiento de drogas.

“Por eso el juez me mandó a cursar el programa, porque me dijo ‘en lugar de meterte a la cárcel y que estés comiendo y durmiendo, prefiero que trabajes y pagues impuestos; es mejor para ti’”, añadiendo que fue lo que hizo para cumplir ante la ley del estado, y así limpiar su récord de un cargo criminal.

Sin embargo, nunca imaginó que esos antecedentes influyeran en su arresto 13 años después.

“Me dijo el juez en aquel entonces que mi caso ya estaba cerrado. Hasta aquí terminaba”, argumentando que del 2001 al 2014 nunca tuvo ningún problema con la ley y siguió trabajando normalmente hasta que fue arrestado el año pasado y recluido en el Centro de Detención Delanto.

Pesadilla en centro de detención

José estuvo dos meses en la prisión de Delanto donde careció del cuidado médico que requería.

“No me dieron el medicamento ni las inyecciones correctas, los miligramos eran diferentes, tampoco una máquina de dormir que uso por mi deficiencia de conciliar el sueño, me forzaron a tomar sólo los medicamentos que tenían ahí”, relata.

Recuerda muy bien que un día antes de la festividad del Día de los Caídos del 2014, estando encerrado, su salud empeoró al grado que se le subió la presión y comenzó a desangrarse, incidente que casi le cuesta la vida.

“Tuve un sangrado por la nariz por 14 horas seguidas, pero en vez de darme atención médica, me encerraron en una celda por 14 horas sin ningún cuidado médico”.

Su esposa Pita se enteró de su situación de salud tras recibir la llamada de un compañero de celda. Desesperada llamó al centro de detención para saber del paradero de su esposo sin éxito alguno.

“Por más que le rogué a la oficial que me dijera cómo estaba mi esposo, si estaba vivo o no, mi hija quería ver a su papá, se portaron groseros conmigo y sólo me dijeron que estaba bien y no quería hablar conmigo”, declara Pita.

Pasaron tres días antes de que José fuera trasladado a una clínica, ya que no podían controlarle la sangre. Después lo llevaron a un hospital donde tampoco recibió la atención necesaria y finalmente terminó en una tercera unidad de salud, llamado el Centro Regional Médico Arrowhead, donde finalmente lograron estabilizar su salud, casi tres semanas después.

“Tuve miedo de perder la vida, pensé que ya no iba a volver a ver a mi familia”, agrega.

José fue dado de alta el 18 de junio por el hospital, pero en esta ocasión en lugar de regresarlo al centro de detención, le hablaron a su esposa para que lo recogiera, sin pagar fianza ni nada lo dejaron libre; no sin antes confiscarle su tarjeta de residente.

“Nada más me dijeron ‘te tienes que ir a tu casa, ya estás libre’, ni me pusieron ningún tipo de brazalete, solo que tenía que reportarme cada 6 meses en las oficinas de migración en Santa Ana”. Agrega que desde entonces nunca ha faltado a las citas, por lo que piensa que sus derechos humanos fueron violados porque no le mandaron ningún tipo de cita para ver un juez, no hubo nada de aviso previo.

“Es horrible, que por dos plantas que tenía su hermano, él tuvo que tomar la culpa porque era su departamento, ahora a mi esposo lo acusan de delito mayor agraviado por según ‘cultivar mariguana’ y tiene orden de deportación’”, dice su esposa.

Estafados y con incertidumbre

En su desesperación por ayudar a su marido el año pasado, Pita tomó acción legal con un abogado de migración que le prometió sacar a su esposo de la pesadilla que estaba viviendo.

Sin embargo, no les fue del todo bien ya que también, dicen, fueron víctimas de estafa.

“Encontré a un abogado que aseguró ayudarme, pero después dijo que él no podía y pasó el caso a uno de sus amigos abogados. Al final pagué cinco mil dólares por una ayuda que nunca llegó”, añadiendo que uno de los abogados sólo se presentó una vez ante el juez y dijo que ‘el caso era muy complicado por lo que no podía hacer nada’.

Por lo pronto, José enfrenta una orden de deportación y tiene una cita ante un juez en las oficinas de migración en Los Ángeles el 9 de julio, por lo que espera encontrar una representación legal que lo ampare y detenga su salida.

“Estamos rogando encontrar a alguien que verdaderamente nos ayude porque no tenemos dinero”, añadió.

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