Deportaciones vinculadas a las drogas se disparan; miles de familias quedan separadas

Los Ángeles — 

Las deportaciones por delitos de posesión de droga aumentaron en una forma dramática del 2007 al 2012, según un estudio de la organización Human Rights Watch.

El informe denominado ‘Un precio demasiado elevado: familias estadounidenses deshechas debido a deportaciones por drogas’ revela que miles de familias en el país han sido desintegradas en los últimos años a causa de estos delitos.

Grace Meng, investigadora y autora del estudio, indicó que en esos cinco años el incremento de inmigrantes deportados por un delito que no mereció encarcelamiento o éste fue mínimo, se incrementó en un 43% según datos del gobierno federal.

“Aun cuando numerosos estados de EE.UU. están legalizando y despenalizando algunas drogas, o rebajan las penas para delitos relacionados, la política inmigratoria federal con frecuencia impone el exilio para esas mismas infracciones”, dijo Meng. “Los estadounidenses creen que el castigo debería ser acorde con el delito, pero esto no se está aplicando a los inmigrantes que fueron condenados por delitos que, a menudo, han sido infracciones de gravedad relativamente baja vinculadas con drogas”.

El informe se elaboró a partir de más de 130 entrevistas con inmigrantes afectados, familias, abogados y funcionarios de aplicación de la ley, así como nuevos datos obtenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Human Rights Watch documentó evidencias que se destina habitualmente a residentes legales y otros inmigrantes que tienen estrechos vínculos con familias estadounidenses a procedimientos de deportación por delitos vinculados con drogas.

Incluso, inmigrantes con condenas que han sido eliminadas o condonadas pueden igualmente ser causa de deportación. En California, por ejemplo, un proceso denominado “Inscripción Diferida de Sentencia” (Deferred Entry of Judgment) permite que los residentes acusados de simple posesión de drogas eviten cumplir penas de prisión, si simplemente se declaran culpables e ingresan a un programa de rehabilitación por drogas. Tras completar satisfactoriamente el programa, se desestiman los cargos y, conforme a la legislación de California, la persona deja de tener una condena. Sin embargo, según la definición de condena a nivel federal en EE. UU., un ciudadano extranjero que se declara culpable en el marco del proceso de “Inscripción Diferida de Sentencia” tiene un antecedente de condena que podría dar lugar a que sea obligatoriamente detenido, deportado y separado en forma permanente de su familia.

“Las fallas de las políticas sobre drogas afectan de manera desproporcionada a las personas de color, incluyendo a los inmigrantes”, señaló Armando Gudiño, director de políticas de Drug Policy Alliance, California.

“El movimiento más amplio que promueve reformar el sistema de condena y procesamiento de delitos menores vinculados con drogas debe incluir también esfuerzos para poner fin a la deportación masiva por estas infracciones”, dijo Gudiño.

En el ámbito nacional, los delitos vinculados con drogas son la modalidad más común de condenas impuestas a personas que no son ciudadanas estadounidenses y que son deportadas por infracciones migratorias, y representan una de cada cuatro deportaciones de ciudadanos extranjeros con antecedentes de condena.

Conforme al derecho federal migratorio, prácticamente cualquier infracción vinculada con drogas puede ser causa de deportación, salvo limitada excepción de una condenas por tenencia de hasta 30 gramos de marihuana. Cualquier delito que incluya un elemento de comercialización —como la venta de una cantidad de cocaína equivalente a $5— se encuadra en la categoría de delito gravísimo de narcotráfico, e implica la deportación automática, incluso para residentes legales permanentes.

Los delitos relacionados con drogas también impiden que las personas que no son ciudadanas estadounidenses accedan en algún momento a la condición de residentes legales, aun si tienen vínculos familiares estrechos con ciudadanos estadounidenses que, de lo contrario, los habilitarían a obtener tarjetas verdes. “El devastador impacto que esto tiene para tantas personas no permite que nos quedemos de brazos cruzados ante políticas fallidas que castigan de manera desproporcional a inmigrantes y separan a las familias”, agregó Angie Junck, abogada supervisora del Immigrant Legal Resource Center.

En California

Mientras en toda la nación los estados no han modificado las leyes para evitar deportaciones masivas como las que se están viviendo actualmente a nivel nacional, el Senado de California aprobó recientemente los proyectos de ley 1351 y 1352, mejor conocidos como las ‘Propuestas Gemelas’ que buscan mitigar un poco los efectos de las leyes y políticas desproporcionadamente severas sobre delitos vinculados con drogas, al asegurar que los inmigrantes en California no estén expuestos a la deportación por la simple posesión de drogas que han sido desestimados conforme a la legislación de este estado.

El Proyecto de la Asamblea Legislativa AB 1351 permitiría que personas acusadas de posesión de drogas completen un programa de tratamiento antes de declararse culpables. Las personas que no sean ciudadanas estadounidenses y que completen exitosamente el programa ya no estarían sujetas a la posibilidad de deportación en relación con estos delitos. En el caso de personas que no cumplan los requisitos del programa, podrían restablecerse los cargos y los procedimientos penales normales.

El AB 1352

posibilitaría que personas que ya han completado satisfactoriamente la rehabilitación en el marco del programa puedan retirar su declaración de culpabilidad. Es decir, aseguraría que un inmigrante que no tenga una condena conforme a la legislación de California tampoco reciba una condena por aplicación de las normas inmigratorias federales.

Actualmente estas dos medidas fueron aprobadas en la asamblea del estado y el próximo 23 de junio estarán en el comité de seguridad pública; de aprobarse, las medidas pasarán al pleno del Senado donde se someterán a votación. De no presentar contratiempos, en agosto estaría en la mesa del gobernador.

Ejemplos de historias individuales presentadas en el informe

• Marsha Austin, una abuela oriunda de Jamaica y residente permanente del Bronx, en Nueva York, se enfrenta a la posibilidad de ser deportada debido a una condena impuesta en 1995, tras haber vendido crack por valor equivalente a $5, a pesar de que actualmente se está recuperando de su dependencia de las drogas.
• Raúl Valdez, un residente permanente originario de México que se crió en el área de Chicago desde que tenía un año, fue deportado en 2014 debido a una condena, impuesta en 2003, por posesión de cannabis con intención de entregar la sustancia, y por lo cual había recibido una condena de 60 días de cárcel.
• Ricardo Fuenzalida, un residente permanente originario de Chile que vive actualmente en Nueva Jersey, permaneció retenido durante meses en 2013, sin posibilidad de libertad bajo fianza (mientras intentó vías de recurso para no ser deportado), debido a condenas por tenencia de marihuana que había recibido 13 años antes.
• José Francisco González, residente permanente en Anaheim, California, fue asignado a procedimientos de deportación y detenido sin posibilidad de fianza en 2014 debido a que, en 2001, había sido arrestado por tener dos plantas de marihuana, a pesar de que completó de manera satisfactoria un programa de rehabilitación que supuestamente eliminaría sus antecedentes penales.
• Abdulhakim Haji-Eda, un refugiado etíope que llegó a EE. UU. a los 13 años, ha sido objeto de una orden de deportación por tráfico de drogas, debido a que participó en una venta de sustancias ilegales cuando era adolescente en Seattle. Ahora, a los 26 años, no tiene otras condenas y contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense, con la cual tiene dos hijos también ciudadanos y espera un tercero.
• “Antonio S.”, quien llegó a EE. UU. desde México cuando tenía 12 años y reunía las condiciones para un aplazamiento de deportación en la categoría “DREAMer” del programa ejecutivo de Prórroga de Procedimientos Migratorios para Personas Llegadas en la Infancia (DACA), estuvo detenido durante más de un año en Colorado y fue deportado tras una condena por tenencia de marihuana, una infracción municipal que entonces reconoció declarándose culpable, sin asistencia de un abogado.
• “Alice M.”, una diseñadora gráfica de 41 años y ciudadana canadiense, nos contó que no se le permite vivir en EE. UU. con su pareja estadounidense, debido a una única condena por tenencia de cocaína impuesta en 1992 en Canadá, durante el último año de la escuela secundaria, y que fue condonada hace ya mucho tiempo en ese último país.
• “El Sr. V.”, refugiado y residente permanente originario de Vietnam, fue objeto de una orden de deportación en 2008 debido a una condena por tenencia de crack dictada en 1999. Si bien desde entonces la pena ha sido condonada de manera absoluta e incondicional por el estado de Carolina del Sur, el Sr. V. sigue sujeto a una orden de deportación y la única razón por la cual todavía permanece en EE. UU. son las restricciones previstas para la repatriación de determinados ciudadanos vietnamitas.