Acciones del Sheriff más duro de EE.UU. cuestan a los contribuyentes

Acciones de Arpaio contra migrantes cuestan a contribuyentes

En momentos en que las autoridades de Phoenix preparan el presupuesto del próximo año fiscal, enfrentan una inminente carga financiera por los costos legales vinculados al proceso contra el jefe de policía Joe Arpaio por encasillamiento racial.

Los contribuyentes ya tienen que cargar con unos 45 millones de dólares derivados de la demanda interpuesta por los operativos de Arpaio para regular la inmigración, y se calcula que el costo aumentará en varios millones de dólares en los próximos años mientras el condado trata de resolver el caso de siete años de antigüedad.

Hasta ahora el costo de 45 millones de dólares consta de 14,6 millones de dólares gastados en los últimos 18 meses para llevar a cabo cambios en la agencia ordenados por la justicia; otros 23,8 millones presupuestados para el año próximo a fin de cubrir más de esos costos, y 6,8 millones para los abogados de ambas partes.

Se prevé que los contribuyentes enfrenten aún más costos mientras el departamento de Arpaio permanezca bajo supervisión judicial y por la posibilidad de otro juicio por encasillamiento racial que el condado tendrá que financiar.

El supervisor del condado Steve Gallardo, uno de los funcionarios que tendrá que votar sobre el presupuesto que se propuso, dijo que el dinero gastado en el caso podría haber sido utilizado para mejorar el sistema de control de inundaciones, modernizar laboratorios de criminalística o financiar otros proyectos que carecen de fondos.

"No tenemos idea de lo que va a costar a los contribuyentes", afirmó Gallardo, crítico de Arpaio.

Lisa Allen, portavoz del jefe policial, dijo que los costos legales para su oficina no están ni siquiera cerca de los de otras agencias policiales en otras partes del país.

Tom Morrissey, alguacil retirado y amigo de Arpaio desde hace tiempo, dijo que no podía comentar sobre los costos en nombre del jefe policial, pero afirmó que son inevitables las demandas contra jefes de policía que se dedican enérgicamente a su tarea.

"Si no te demandan, es que no estás haciendo tu trabajo", afirmó.

Hace una década, Arpaio se concentró en hacer cumplir las leyes que regulan la inmigración a medida que aumentaba la frustración entre los votantes por la falta de control en la frontera con México, y sus esfuerzos le trajeron popularidad entre los electores y contribuciones de campaña de todo el país. Pero sus tácticas se convirtieron en una carga legal y financiera cuando un grupo de hispanos interpuso una demanda colectiva en la que los acusaban de singularizar a los latinos durante sus operativos.

Hace dos años el juez de distrito Murray Snow llegó a la conclusión de que los agentes de Arpaio habían etiquetado sistemáticamente a los hispanos en detenciones de tránsito y de inmigración, lo que trajo consigo una serie de cambios ordenados por la corte que están resultándole costosos a los contribuyentes.

Eso incluye adquirir cámaras corporales para cientos de agentes, establecer un sistema computarizado destinado a detectar mala conducta de oficiales e incrementar los entrenamientos con el fin de asegurar que los agentes no están deteniendo a la gente en el tránsito de una forma que viole la Constitución. Los contribuyentes también tienen que cargar con el gasto de un equipo de policías retirados que monitoree la oficina del jefe policial en nombre del juez.

Los costos del caso de encasillamiento racial provienen directamente del presupuesto del condado, no del jefe policial en sí. Las autoridades del condado dicen no creer que Arpaio haya tenido que pagar honorarios legales, acuerdos y juicios de ningún tipo relacionados con su trabajo en sus 22 años como jefe policial.

Arpaio sí ofreció pagar 100.000 dólares de su bolsillo en un intento infructuoso por desactivar audiencias por desacato a la corte que él enfrentaba en el caso.

Mientras tanto, el condado se encuentra defendiéndose de una demanda por violación a los derechos civiles interpuesta por el Departamento de Justicia federal, la cual argumenta que hubo represalias contra los rivales políticos de Arpaio y también encasillamiento racial. El condado ha erogado 4,7 millones de su presupuesto para defender ese caso.

 

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