A menores encadenados y esposados en audiencias se les genera más trauma; debaten cambios

DENVER/EFE — 

La Legislatura de Colorado comenzó a debatir ayer un proyecto de ley que evitaría que los menores de edad tengan que llevar esposas y cadenas cuando se presentan ante los tribunales de justicia.

Expertos locales y nacionales indicaron que de aprobarse la medida podría tener repercusiones en el trato de inmigrantes menores de edad no acompañados por adultos.

“Victimizar a jóvenes que han tomado decisiones equivocadas contradice la realidad del sistema legal de un país del primero mundo”, dijo Belén Albuja, una abogada de Denver.

Para Albuja, mantener a los menores esposados o con pesados grilletes (la ley actual exige hasta 11 kilogramos de peso en las cadenas para las piernas) “multiplica el trauma” que padecen esos menores.

De su parte, la dirigente comunitaria Rosa Vergil, dedicada desde hace décadas a ayudar a familias inmigrantes en Colorado, concordó con esa apreciación.

“Los muchachos se sienten avergonzados y las familias se sienten impotentes cuando los jóvenes entran a la corte esposados o encadenados”, afirmó. “Y conozco muchos casos como esos”, enfatizó.

Por eso, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Colorado debate desde hoy el proyecto de ley HB16-1331, de la representante Susan Lontine y del senador Michael Merrifield, ambos demócratas, que, de ser aprobado, requeriría que se les quiten a los menores las esposas, grilletes u otros elementos para restringir sus movimientos, excepto en aquellos casos en que la conducta previa del menor justifique, como prevención, mantenerlos esposados o llevando cadenas.

El proyecto también indica que si el alguacil o el personal a cargo pide que el menor quede esposado o encadenado, el abogado del menor puede hablar ante la corte sin que el menor esté presente para determinar si el juez autorizará o no el uso de esos elementos de restricción de movimientos.

Es de señalar que propuestas similares fueron rechazadas por los legisladores de Colorado en 2013 y en 2015.

Además, según la Comisión de Criminalidad y Justicia Juvenil del Estado de Colorado, existe una notable “disparidad étnica y racial” y un “desproporcionado número de minorías” en las cortes juveniles de este estado.

Según esa misma comisión, casi el 34 por ciento de los menores de Colorado con problemas judiciales son hispanos, a pesar de que los hispanos representan sólo el 21 por ciento de la población estatal. A nivel federal, el 29 por ciento de los menores a cargo de la justicia son latinos.

“Aunque en la práctica la rehabilitación no siempre es posible, cuando los errores ocurren en la juventud las esperanzas de rehabilitación son más reales”, dijo Albuja.

“En el caso de las cortes juveniles el sistema legal tiene más posibilidades de ser eficiente y convertir una condena en un castigo oportuno con el propósito de guiar al joven y rehabilitarlo”, agregó.

La abogada indicó que “es increíble como a estas alturas del partido, en Estados Unidos donde nos jactamos de tener un sistema legal altamente desarrollado y en donde se defiende el debido proceso todavía podemos encontrar dentro del sistema ciertos conceptos que se mantienen a raja tabla y que lejos de rehabilitarlo minimizan al individuo”.

Por eso, para Albuja, “no debería sorprendernos” que en Colorado aún siga siendo tema de debate la manera de tratar a menores en proceso judicial porque “incluso a nivel federal se observa un fenómeno similar”, por ejemplo, en el caso de inmigrantes menores no acompañados por adultos.

“Un juez de inmigración indicó hace poco que un proceso de deportación es un tema que puede ser manejado con total entendimiento incluso si los menores involucrados tienen menos de 5 años”, comentó la abogada en referencia a la postura tomada a principios de mes por el juez Jack Weil en una declaración jurada ante la corte federal en Seattle.

“Si ese es el argumento utilizado en una Corte de Inmigración con menores extranjeros, me pregunto si en Colorado se está siendo aún más severo con los nacionales o residentes del estado”, expresó Albuja.

Hablando sobre el mismo tema, la periodista y escritora Sonia Nazario, autora de “La travesía de Enrique”, comentó que se transformó en defensora de los derechos de los niños luego “de ver a un niño de 7 años temblar ante un juez de inmigración en la Corte de Los Ángeles, parado antes el juez sin un abogado que lo represente”.

Tanto impactó ese caso a Nazario que decidió asociarse con la organización Niños Necesitando Abogados Defensores (KIND), de la que ahora forma parte de la mesa directiva.

“Creo que en Estados Unidos si un niño no puede pagar por representación legal y no puede conseguir un abogado pro bono, la corte debería asignarle un abogado gratis del gobierno para que se haga cargo del caso”, sostuvo Nazario, quien advirtió que, de no hacerlo, “no se les dará un proceso judicial justo a esos menores”.

Y esa carencia de representación legal apropiada es lo que, en opinión de Albuja, también sucede entre los menores de Colorado, encadenados o no.

“Ya no vivimos en la Edad Media. Nuestras razones de justicia son el bienestar social. Ya no podemos mantener la creencia que el objetivo de justicia es meramente criminalizar al individuo”, aseveró.

El Departamento de Justicia de Colorado indicó en un comunicado que no tomará ninguna posición sobre el proyecto HB16-1331 porque los distintos distritos judiciales ya están formulando normas locales con respecto al uso de cadenas o esposas en menores.