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El prisionero quiere morir, pero en Nevada crece el debate por el uso de una nueva droga letal

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El abogado defensor David Anthony se enfrentó a un dilema, este lunes, cuando argumentó que a su cliente no debería suministrársele nuevo cóctel de inyección letal nunca antes probado: mientras el condenado profese un inequívoco deseo de morir, salvarlo podría resultar difícil, si no imposible.

Y el tiempo se está agotando: Scott Dozier se enfrenta a la ejecución el 14 de noviembre próximo.

Anthony no puede pedir una suspensión de la ejecución si Dozier no lo desea, tal como este último ya ha dejado en claro.

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“Estos problemas plantean un dilema moral”, afirmó el abogado en las afueras de un tribunal de Las Vegas donde argumentó a favor de una demora en la ejecución.

Anthony resaltó que existen preocupaciones sobre el uso de una droga paralizante durante la inyección letal. El testimonio de un experto, el pasado viernes, sugirió que ello podría causar dolor y sufrimiento a Dozier. Anthony argumentó que era especialmente arriesgado, ya que sería administrada por personal carcelario a quien le falta práctica, bajo el mandato de un nuevo director médico.

El Dr. John DiMuro, un anestesiólogo que renunció a su puesto como director médico de Nevada hace una semana, fue reemplazado por un psiquiatra, según el asistente del fiscal general, Jordan Smith.

Esa modificación ha generado incertidumbre en un estado que no lleva a cabo ejecuciones con regularidad. La última de ellas fue en 2006. Anthony argumentó que un psiquiatra simplemente no posee la misma experiencia para supervisar los protocolos de ejecuciones con drogas.

Smith resaltó que habría un médico a cargo para supervisar la ejecución de Dozier y que también habría personal médico entrenado.

La droga paralizante, cisatracurium, es el centro de la controversia. Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nevada, el estado sería el primero en usarla durante una ejecución, en combinación con fentanilo y diazepam. Se teme que el cisatracurium simplemente actúe como una máscara, paralizando a Dozier mientras su cuerpo siente dolor y experimenta “hambre de aire”, el fenómeno de no poder respirar. “No es una vergüenza para nadie si presionamos el botón de pausa”, expuso Anthony. “Si es lo correcto, es lo correcto”.

El recluso condenado a muerte, de 46 años de edad, fue condenado en 2007 por el asesinato y desmembramiento de Jeremiah Miller, de 22 años, cinco años antes en un motel de Las Vegas. También fue condenado en Arizona hace 12 años por el asesinato de Jasen Green, de 26 años.

Hace poco más de un año, Dozier dejó de apelar y pidió que su pena de muerte se concrete lo antes posible. Jennifer Togliatti, jueza del tribunal del distrito del condado de Clark, firmó su sentencia pero aseguró que quería proceder con “mucha prudencia”.

El viernes último, Anthony convocó al Dr. David Waisel, un anestesiólogo con sede en Boston, para testificar que el deseo de Nevada de usar una droga paralizante podría enmascarar el dolor y el sufrimiento de Dozier mientras su cuerpo es inyectado con dosis fatales de fentanilo y diazepam. Waisel también criticó la falta de práctica del estado en la administración del cóctel tóxico de drogas mediante inyección letal, y remarcó que pasaron 11 años desde que Nevada ejecutó a un recluso.

“Aplicar la inyección letal en Nevada es un hecho listo para el error”, remarcó Waisel en un informe presentado el lunes. “Se violan casi todos los principios de seguridad. Es una situación drásticamente desconocida para las personas que aplican las inyecciones. Incluso para gente con experiencia esto aumenta el riesgo; que se incrementa aún más para los inexpertos, especialmente sin una práctica de alta calidad “.

Smith afirmó que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que el potencial de errores durante una ejecución no viola el estándar de castigo cruel e inusual. Y Waisel reconoció que si el proceso se lleva a cabo correcta y exactamente, el riesgo de sufrir sería mínimo. “Nunca hay garantías de que no ocurra un error”, indicó Smith.

La oficina del fiscal general Adam Laxalt no quiso efectuar comentarios sobre un litigio pendiente.

Togliatti no emitió sentencia el lunes sobre el uso del paralizante y señaló que quiere que Dozier esté presente por video desde su celda en Ely cuando la audiencia se reanude, el miércoles.

La magistrada también remarcó que quiere darle tiempo a Anthony para consultar con Dozier sobre los riesgos planteados acerca del uso de las drogas, el tema de un nuevo director médico que supervisa los protocolos del estado que él mismo no estableció, y cómo se administrarían las drogas. “Parte de la lucha que tengo [con la cuestión] es que no somos un estado de ejecución regular”, aseveró Togliatti. “No hacemos esto de manera regular”.

Traducción: Valeria Agis

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí

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