¿Ampliar el pantano? La administración Trump quiere trasladar oficinas del gobierno fuera de Washington

En medio de las charlas sobre acabar con los lastres, restaurar el poder político en los trabajadores de cuello azul del país y cerrar el grifo de dinero de los contribuyentes que inunda Washington, un grito de batalla familiar rebota en esta ciudad: trasladar a los burócratas.

El concepto tiene el estilo de una fantasía Trumpiana. Desalojar los brazos del gobierno federal de Washington y volver a armarlos en lugares lejanos, diseminando la riqueza generada por estas fuerzas laborales bien remuneradas y obligando a los altos burócratas a enfrentar a las personas a quienes afectan.

Pero la idea tiene raíces populistas que se extienden a través de las líneas partidistas, y están resurgiendo en este momento político particular.

El secretario del Interior, oriundo de Montana, está dando los últimos toques a su plan para trasladar las oficinas centrales de tres grandes agencias de tierras públicas al oeste. El economista de Stanford que representa a Silicon Valley en el Congreso ve la oportunidad de sembrar estratégicamente regiones del país con trozos de la burocracia federal que puedan beneficiarlos -y de la cual puedan beneficiarse también-. La perspectiva poco probable de ubicar el Departamento de Transporte en Los Ángeles se ofrece como un incentivo por parte de los republicanos, deseosos de mostrar que la cruzada tiene credibilidad bipartidista.

No ha habido tanto ruido acerca de sacar a “Washington” de Washington desde que Franklin D. Roosevelt envió 30,000 trabajadores federales al Medio Oeste, después de que una comisión presidencial aconsejó que tales medidas garantizarían que el empleado federal prototípico “siga siendo una persona común y en contacto con la gente, y no degenere en un burócrata aislado y arrogante”.

“Necesitamos averiguar qué podemos mudar”, afirmó el representante Tim Ryan, un demócrata de Youngstown, Ohio, que busca crear una comisión para identificar sectores de la burocracia que podrían trasladarse a regiones con problemas económicos, como la suya. Un congresista y rival político de Ohio, el activista del Tea Party Warren Davidson, montó una campaña paralela de migración burocrática. Él la llama el “Drain the Swamp Act” (Proyecto para drenar el pantano).

Pero a nada de ello le está yendo muy bien entre los más recalcitrantes washingtonianos. Muchos se quejan de que la idea fracasará de la misma manera que cuando el gobierno de Clinton planeó y luego abandonó una gran iniciativa de reubicación, y la administración Reagan hizo lo mismo antes.

Cuando el Comité de Reforma de Gobierno y Supervisión de la Cámara aprobó una resolución para “Deshacer DC” este año, que solicita a todas las agencias que investiguen su potencial mudanza, Eleanor Holmes Norton, la representante no votante de la Cámara de Washington, advirtió que ello costaría una fortuna a los contribuyentes, propagaría la disfunción de la burocracia y devastaría económicamente la región.

Sus aliados demócratas en el comité no quedaron impresionados por la sugerencia del patrocinador de la medida, el exrepresentante Jason Chaffetz (R-Utah), de que tal vez se podría trasladar el Departamento de Transporte a a la capital del tránsito de la nación, la liberal Los Ángeles.

Otros demócratas, sin embargo, están intrigados por las posibilidades de una burocracia redistribuida.

“Hay mucha sabiduría más allá del Beltway”, afirmó Ro Khanna, demócrata de Silicon Valley [en una alusión a la autopista Interestatal 495, que circunda Washington D.C.]. El representante busca que las agencias aprovechen el tema más activamente, como lo hizo el Departamento de Defensa cuando montó una oficina en Silicon Valley. Khanna, economista de Stanford, se encuentra entre los círculos intelectuales de Washington que sostienen que los sitios industriales y las ciudades agrícolas en decadencia se beneficiarían del tipo de reubicaciones previstas en planes como el de Ryan.

Hay otras razones por las que el movimiento ha recuperado fuerza recientemente. Aunque sólo el 15% de la mano de obra federal está en Washington, es allí donde viven y trabajan la mayoría de los principales responsables de la toma de decisiones. David Fontana, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, quien escribe un libro sobre la descentralización del gobierno federal, sostiene que esa burbuja está cada vez más aislada de la realidad.

“Cuando tienes tal concentración de gente importante, todo en un solo lugar, ellos forman sus propias redes ajustadas e inmunes a otras influencias”, precisó. Descentralizar ese poder lejos de la capital ha sido una tendencia en otros países, agregó Fontana. “Ésta no es una idea loca”.

La administración de Trump probablemente la pondrá a prueba pronto. El secretario del Interior Ryan Zinke tiene el objetivo de trasladar la sede de la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés), el Servicio de Pesca y Vida Silvestre y la Oficina de Reciclaje fuera de Washington tan pronto como sea posible desde el punto de vista logístico. Políticos del oeste, como el senador Corey Gardner (R-Colo.), lo celebran.

“El noventa y nueve por ciento de los casi 250 millones de acres de tierra administrados por BLM están al oeste del Mississippi, y tener a los tomadores de decisiones presentes en las comunidades a las cuales impactan en Colorado, o en toda la región, dará mejores resultados”, escribió en un correo electrónico Gardner, quien busca que la oficina tenga sede en su estado, y el gobernador demócrata de Colorado, John Hickenlooper, se ha unido a la campaña de cabildeo.

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Rob Bishop (R-Utah), quien celebró una audiencia el jueves pasado para examinar el plan de Zinke, aseguró en una entrevista que sus electores desconfían de un Servicio de Parques Nacionales que debió abandonar su plan para nombrar el Monumento Nacional de los Dinosaurios como parque nacional, un movimiento que esperaban atrajera un centro líder de investigación al estado y potenciara el turismo. Ahora tiene la esperanza de que el plan de Zinke alivie esas tensiones al llevar más administración de tierras públicas al oeste.

Algunos demócratas, sin embargo, lo ven como una hipocresía ya que Zinke también ha sido abierto acerca de sus planes para reducir la fuerza de trabajo del Departamento del Interior, lo cual incluye expulsar a los trabajadores al reubicarlos. “Esta reorganización es un ejercicio para debilitar el Departamento del Interior al expulsar a los empleados”, consideró el representante Raul M. Grijalva (D-Ariz.). “Una vez que se hayan ido, las industrias de extracción podrán marcar el ítem superior en su lista de deseos”: sacar a los administradores de terrenos públicos de su camino.

Gran parte del debate más amplio sobre la reubicación es familiar. Y algunos académicos proyectan que aunque cientos de empleos podrían trasladarse aquí o allá, la visión más amplia de mudar grandes piezas de la burocracia de Washington a cientos o miles de millas de distancia terminará en la trituradora, como suele ocurrir con los planes de reinvención y reimaginación de los gobiernos. La política es complicada, la logística es dura y el statu quo está arraigado. “Si bien esto tiene un atractivo perenne, es difícil de lograr”, señaló Andrew Rudalevige, profesor de gobierno en Bowdoin College, Maine.

También existe el peligro de que pueda crear problemas en lugar de resolverlos. Matt Lee-Ashley, experto en tierras públicas en el liberal Center for American Progress, advirtió que la responsabilidad se ve menoscabada cuando las agencias se alejan de los legisladores y los investigadores federales que las vigilan. También señaló el escándalo que envolvió al Servicio de Administración de Minerales durante la administración de George W. Bush. La agencia se había establecido en los suburbios de Denver con la orden de recaudar $10 mil millones en regalías como una empresa privada, y se convirtió en un sumidero de corrupción y mal comportamiento, según los investigadores federales.

Por supuesto, el argumento de que Washington es la cura para la corrupción y el mal comportamiento es difícil de sostener. Y los dolores de cabeza y el gasto de calzar tantas oficinas centrales de la agencia en esa ciudad costosa y congestionada siguen creciendo.

Los costos proyectados de una nueva sede del FBI en los suburbios de Washington aumentaron hasta alcanzar casi los $2,000 millones. Todo el proyecto se canceló durante el verano, en medio del aumento de los precios y las dificultades para realizar el canje de tierras donde había sido diseñado.

“Hay mucho espacio de oficinas sin uso en las afueras de Detroit, donde el FBI podría construir por poco dinero”, advirtió Paul Kupiec, académico del American Enterprise Institute, de tendencia de derecha. Esa ciudad, a diferencia de los suburbios de Washington, necesita desesperadamente el impulso económico que tal agencia aportaría, dijo. “¿Por qué estamos gastando miles de millones de dólares en estas oficinas centrales en Washington?”.

Traducción: Valeria Agis

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