Descontrol de ICE impide fin de los centros de detención privados, según activistas

Activistas y abogados que trabajan con indocumentados denuncian que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está “fuera de control”, lo que dificulta que el Gobierno pueda dejar de usar centros privados de detención de indocumentados.

“ICE está fuera de control y hay que hacer algo para detenerlos”, declaró hoy a Efe el abogado Carl Takei, de la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

En su opinión, ICE actúa de manera “totalmente inconsistente” con la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de evaluar el fin de los centros gestionados por empresas privadas.

“Están en una carrera alocada para firmar nuevos contratos antes del 30 de noviembre”, dijo Takei, sobre la fecha en que se conocerían las conclusiones del estudio encomendado por el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson.

El pasado 29 de agosto, Johnson anunció que evaluará poner fin a los centros de detención para inmigrantes gestionados por empresas privadas y en donde todavía viven parte de los indocumentados centroamericanos que llegaron al país en verano de 2014.

Para el abogado, que trabaja para ACLU a nivel nacional, las cifras actuales de 43.000 indocumentados detenidos, que podrían llegar a 47.000 en junio de 2017, son el resultado de una expansión sin precedentes que “rompe todos los récord históricos”.

Pedro Ríos, quien preside en San Diego (California) una coalición de 25 organizaciones que trabajan por los derechos de los inmigrantes, declaró a Efe que el Gobierno tiene un “doble discurso” sobre la política en la frontera.

“Dicen una cosa, tal vez presionados por las críticas hacia las cárceles privadas, y luego hacen lo contrario”, señaló.

Un vocero del DHS rechazó comentar a Efe las discusiones internas de la agencia sobre posibles contratos para contar con mayor espacio para mantener detenidos a indocumentados en cárceles en Youngstown (Ohio), Cibola County (Nuevo México), Aurora (Colorado) y Robstown (Texas), según versiones de prensa.

El Departamento de Justicia anunció en agosto que pondrán fin paulatinamente al uso de contratistas privados, y aunque esta política no se aplica a los centros de detención de inmigrantes, existe la expectativa de que el DHS tome la misma decisión.

Sin embargo, ICE renovó la pasada semana el contrato con la empresa Corrections Corporation of America (CCA) para mantener abierto los próximos cinco años el South Texas Family Residential Center, el mayor centro de detenciones de indocumentados del país.

La cifra de indocumentados que llegó a EE.UU. desde México creció un 23 % este año fiscal respecto al mismo periodo anterior, con 408.870 inmigrantes que cruzaron la frontera suroeste y fueron apresados por la Patrulla Fronteriza.

El incremento de niños que cruzaron solos la frontera entre México y EE.UU. fue del 50 %, pues en este año fiscal se registraron 59.692 detenciones frente a las 39.970 del periodo anterior.

En el caso de las unidades familiares, la cifra ascendió a 77.674 personas, número notablemente superior a los registrados el pasado año fiscal (39.838) y los 68.445 del año fiscal 2014, cuando se registró una “crisis humanitaria”, en palabras del presidente Barack Obama, por la masiva llegada de inmigrantes desde Centroamérica.

Pero, en opinión de Ríos, no se justifica la detención de tantas personas que no ofrecen riesgos y podrían recibir supervisión comunitaria en libertad, “a menos que haya un interés en permitir que las corporaciones carcelarias privadas mantengan el lucro con los inmigrantes”, expresó.

Karen Lucas, directora de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), también expresó a Efe su preocupación por las “opciones agresivas y onerosas” a las que apela ICE “en contra de los más vulnerables”.

La asociación, que favorece “alternativas probadas a la detención”, denunció que ICE tiene en su poder en estos momentos a “más indocumentados que nunca”, en particular a madres y niños que buscan asilo.

La abogada Isabel García, de la Coalición de Derechos Humanos de Tucson, dijo a Efe que la situación se ha degradado peligrosamente en la frontera, donde diariamente “se muelen los derechos humanos de miles de personas en el aparato carcelario que hemos creado”.

“Lo peor son las cárceles locales, que no están reguladas y tienen un récord pésimo”, dijo esta activista con 40 años de experiencia como abogada penalista, para quien ICE busca contratar espacio en comunidades pequeñas y sin recursos, donde paga entre 120 y 140 dólares por cama.

Takei informó que ACLU se ha reunido con miembros del Congreso para discutir una posible acción que permita bloquear los nuevos contratos.