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Con cartas a Rauner, abogan por perdón para un veterano bajo deportación

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Familiares de Miguel Pérez Jr., un veterano que incursionó dos veces en Afganistán, y que está detenido como parte de un proceso de deportación, colectan contra reloj cartas dirigidas al gobernador de Illinois, Bruce Rauner, en las que le piden un perdón para que el veterano sea liberado mientras se decide su caso.

El martes, familiares y simpatizantes de Pérez se reunieron en la Iglesia Metodista Unida San Adalberto, 2716 W Division St., para firmar las cartas. Esperan recolectar unas 200 antes de la audiencia que tendrá el veterano mañana en la corte federal de Chicago.

“Rauner es un veterano y dice que siempre está ahí para las familias de los veteranos. Queremos ponerle presión”, comentó la pastora Emma Lozano. “La petición de perdón está en su escritorio, pero él está negando muchos perdones. Sus abogados dijeron que habría una respuesta en 30 días, pero la corte es mañana”, agregó.

Lozano dijo que los gobernadores de otros estados suelen ser más generosos con sus perdones. En diciembre el gobernador de California perdonó a dos inmigrantes que cumplieron sus condenas en la cárcel después de cometer un crimen. A solo días de año nuevo, el gobernador de Nueva York perdonó a 18 indocumentados que habían cometido un crimen, pero que llevaban más de 10 años obedeciendo la ley.

La carta a Rauner dice: “Como su constituyente, le urjo a que le otorgue inmediatamente este perdón a Miguel, y se una al Concilio de Chicago, a la Junta de Comisionados del Condado de Cook y a la legislatura de Illinois para apoyar unánimemente a un héroe de guerra.”

Pérez es uno de muchos veteranos, algunos de los cuales sufrieron lesiones durante el combate y estrés post-traumático (PTSD), que han sido condecorados por su servicio, pero luego confrontados con la posibilidad de deportación por cometer un delito.

Pérez, un residente legal, creyó erróneamente que se había convertido en ciudadano estadounidense cuando hizo su juramento como soldado. Se dio cuenta que no era así cuando fue trasladado a la corte de inmigración poco antes de salir de la prisión, donde cumplía siete años por distribuir una bolsa de cocaína a un policía encubierto.

Pérez fue puesto bajo la custodia de las autoridades de Inmigración y en septiembre de 2016 fue trasladado a un centro de detención de inmigrantes en espera de su deportación.

Mientras estuvo preso, Pérez obtuvo un título universitario. Buscó terapia para la adicción, veía a un psicólogo y un psiquiatra, y comenzó a tomar antidepresivos para regular su ansiedad y estados de ánimo. También ayudó a otros presos a graduarse del programa de GED, equivalente a secundaria.

El abogado de Pérez, Chris Bergin argumenta que la vida del veterano estaría en peligro si fuera deportado a México, donde no ha vivido desde que tenía 8 años. Los carteles de drogas con frecuencia reclutan a ex residentes estadounidenses, especialmente veteranos con experiencia en combate, y los que no acceden se arriesgan, argumenta Bergin.

En marzo de 2017, la jueza de inmigración Robin Rosche le negó la solicitud de asilo.

Bergin ha solicitado a ICE otorgar la ciudadanía a Pérez retroactivamente cuando se unió al Ejército en 2001, antes de cometer el delito.

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