Casi 3 millones exigen a Trump que no les "robe" los monumentos nacionales

EFE

Jul. 11, 2017 12:36 PM PT

Washington —

Más de 2,7 millones de personas han exigido al presidente, Donald Trump, mediante una campaña de firmas impulsada por varios senadores demócratas, que no les “robe” los monumentos nacionales de la nación, cuyo estatus de terreno público quiere revisar.

En rueda de prensa frente al Capitolio, los legisladores Michael Bennet de Colorado, Maria Cantwell de Washington, Catherine Cortez Masto de Nevada, Martin Heinrich y Tom Udall de Nuevo México, y Brian Schatz de Hawai, acompañados por varias decenas de activistas, alertaron hoy a Trump y al secretario de Interior, Ryan Zinke, del apoyo popular al mantenimiento de todos los parques naturales.

Estos monumentos nacionales son áreas terrestres o marinas protegidas que, a diferencia de los parques nacionales, pueden crearse sin el visto bueno del Congreso, con la simple orden del presidente, de acuerdo con una ley de 1906.

Trump ha criticado particularmente a su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama, por su designación de nuevos monumentos nacionales, con los que protegió durante sus ocho años de mandato más de 1,07 millones de kilómetros cuadrados de tierras y agua, más que ningún otro presidente de la historia de la nación.

Por ello, firmó el pasado 26 de abril un decreto para que su Gobierno revise la designación de decenas de monumentos nacionales en los últimos 20 años, aunque no está claro si como presidente tiene el poder de retirarles la protección si así lo decide.

Con el lema “deja en manos públicas el suelo público” y ante una imagen de tamaño real del expresidente Theodore Roosevelt (1901-1909), recordado por su conservacionismo y la protección de la tierra, los senadores prometieron que lucharán para que no se implemente la orden presidencial.

“(Trump) intenta quitar y robar a los estadounidenses el placer del aire libre y el desarrollo económico que conlleva, que nos pertenece hasta la perpetuidad. Teddy (Roosevelt) se estará revolviendo en su tumba ahora”, aseguró Cantwell.

Esta revisión ordenada por Trump cubrirá 26 monumentos nacionales que fueron designados a partir de enero de 1996 y que ocupan unas 100.000 hectáreas, y reformulará recomendaciones para acciones presidenciales, propuestas legislativas u otras acciones apropiadas para llevar a cabo esa política.

“Es una bofetada en la cara a los que disfrutan de los hermosos parques, tierras y monumentos públicos. Son lugares fundamentales para la historia, el desarrollo económico y la vida en muchos estados”, manifestó Heinrich.

El Gobierno de Trump revisará los requisitos y objetivos originales de la legislación de monumentos nacionales, conocida como la ley de Antigüedades.

Además, se repensará si las tierras designadas se clasifican debidamente en virtud de la Ley como “hitos históricos, estructuras históricas y prehistóricas, u otros objetos de interés histórico o científico”.

También se replanteará los efectos en los usos disponibles de las tierras federales más allá de los límites del monumento, la designación sobre el uso y disfrute de tierras no federales dentro o fuera de límites de monumentos, la disponibilidad de recursos federales para manejar apropiadamente áreas designadas y el desarrollo de los Estados, tribus y localidades afectados.

“Durante más de un siglo, los ocho presidentes demócratas y los ocho republicanos han creado monumentos nacionales sin excepción, para preservar los lugares preciados de nuestra nación (...) Sólo en Nuevo México, los ingresos fiscales han crecido de 1,87 millones de dólares en 2013 a 2,04 el año pasado”, argumentó Udall.

La orden presidencial daba a Zinke 45 días para hacer un primer informe y un total de 120 para presentar a Trump un estudio definitivo con recomendaciones sobre qué hacer con los monumentos nacionales designados en las últimas dos décadas, muchos de ellos durante la presidencia de Obama.

Durante la campaña electoral, Trump se mostró partidario de promover un aumento de las prospecciones petroleras marítimas y terrestres en áreas controladas por el Estado.

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