Anuncio

Arizona y California piden implicación a actores económicos contra ley SB4

Share

Representantes de los estados de Arizona y California pidieron hoy más implicación a los actores económicos de Texas contra la ley estatal SB4, que prohibirá las “ciudades santuario” y permitirá a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida.

“Seamos honestos: la comunidad de negocios en Texas hace muchísimo dinero de miles de trabajadores indocumentados. Esta ley va a tener un impacto económico muy grande”, analizó Steve Gallardo, supervisor del condado de Maricopa, cuya capital es Phoenix (Arizona), en el marco de la 34ª Conferencia Anual de NALEO, que se celebra estos días en Dallas (Texas).

La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO) reunió durante estos últimos tres días a más de mil representantes públicos hispanos, que debatieron sobre los retos que enfrenta la comunidad latina en el actual panorama político.

Anuncio

La legislación texana se asemeja a la ley estatal SB1070 de Arizona, aprobada en 2010, que convirtió a ese estado sureño en el epicentro del debate migratorio nacional, otorgando el poder a los policías de cuestionar el estatus migratorio de las personas que sospechaban eran inmigrantes indocumentados.

Basado en su experiencia, Gallardo recomendó a las organizaciones y autoridades locales texanas ser “más agresivas” y no esperar simplemente a la decisión de los tribunales sobre esta cuestión.

“El boicot económico está a la vuelta de la esquina y eso debe asustar a los negocios texanos”, añadió.

Esta legislación, laSB4, que penaliza a los Gobiernos locales e instituciones que no cooperen con las autoridades migratorias federales en la identificación de los inmigrantes indocumentados, podría acarrear penas de cárcel para los sheriffs texanos encargados de las oficinas que no colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Por su parte, el legislador estatal de California, Ricardo Lara, recordó la situación que se vivió en el estado californiano cuando se aprobó en 1994 la proposición 187, que negaba a los inmigrantes indocumentados servicios sociales, servicios médicos y educación pública.

“Esta ley significó que miles de latinos se sintieron ofendidos y empezaron a registrarse para votar para convertir un estado históricamente bipartidista a uno completamente demócrata”, rememoró el legislador californiano.

Lara, que coincidió con el representante de Arizona en reconocer que la implicación del sector económico es importante en esta batalla, también apuntó que demandar al estado frente a los tribunales federales es una vía que se debe seguir trabajando.

Precisamente, el próximo lunes un tribunal federal con sede en San Antonio (Texas) llevará a cabo la primera audiencia sobre una de las demandas presentadas contra la SB4.

Hasta ahora, las ciudades de Austin y San Antonio, los condados fronterizos de El Paso y Maverick y el pueblo también limítrofe de El Cenizo interpusieron requerimientos judiciales contra esta legislación.

Además, los concejos municipales de Houston y Dallas aprobaron llevar a los tribunales a los líderes del estado de la estrella solitaria por esta cuestión.

Anuncio