Indemnizarán a familia de joven latina abatida por la Policía
Denver indemnizará con un millón de dólares a la familia de la adolescente abatida en 2015 por policías locales, Jessica Hernández, y modificará las normas y procedimientos policiales para evitar que se repitan incidentes similares, anunciaron las autoridades de la capital de Colorado.
“La muerte de esta joven fue una tragedia, como lo son muchas otras muertes en nuestra comunidad. Me entristeció mucho todo lo que sucedió aquel día”, afirmó el alcalde Michael B. Hancock en una “Carta a la Comunidad” difundida.
“Con este acuerdo y con nuestro trabajo con la familia (Hernández) y el Departamento de Policía de Denver, confiamos que cambios positivos resulten de esta desafortunada situación. Seguiremos trabajando con la familia y con la comunidad para ver que así suceda”, agregó.
Hernández, de 17 años, conducía un automóvil cuando fue detectada en un callejón de Denver en la madrugada del 26 de enero de 2015.
Tras negarse a obedecer la orden de detener el autor y salir del vehículo, los oficiales Gabriel Jordan y Daniel Greene dispararon contra Hernández, quien falleció poco después.
El acuerdo incluye una compensación monetaria de un millón de dólares para poner fin a la demanda civil que la familia Hernández presentó contra el Departamento de Policía local, aunque fue desestimada en enero pasado .
La demanda criminal quedó en nada el 24 de enero pasado cuando el fiscal de Denver exoneró de todo cargo a Jordan y Greene, al indicar que los agentes habían actuado de acuerdo a las normas y procedimientos policiales vigentes en aquel momento.
Además, el acuerdo incluye “compromisos” del Departamento de Policía de Denver, como el entrenar a sus oficiales en nuevas normas “disparos contra vehículos en movimiento” y el de no publicar los antecedentes policiales de sospechosos si esa información no se relaciona directamente con el incidente.
El Departamento de Policía convocará también a una reunión comunitaria sobre comunidades marginalizadas y justicia, enfocada en los latinos y la comunidad LGBTQ, a la que pertenecía Hernández.
La Ciudad de Denver se compromete además a ayudar a la familia Hernández a crear su propia organización caritativa, si la familia así lo desease, prometiendo el respaldo tanto de la Oficina de Desarrollo Económico y de otras organizaciones locales.
Como parte de las reformas policiales, la familia Hernández podrá elegir a un representante para participar en su nombre en las reuniones de revisión de los nuevos Procedimientos Policiales de Uso de Fuerza en Denver.
En un breve comunicado difundido por la Alcaldía local, la familia Hernández confía en que, aunque “nada” acabará con su “dolor”, los cambios en los procedimientos policiales ayudarán a que nadie tenga que vivir su sufrimiento y a que la muerte de la joven “no haya sido en vano”.
Por su parte, Qusair Mohamedbhai, abogado de los Hernández, consideró que la colaboración entre sus representados y las autoridades locales “representa un raro ejemplo de lados opuestos reuniéndose para trabajar a favor de una resolución que beneficie a todos los involucrados y a la comunidad en general”.
Mohamedbhai expresó con este acuerdo ahora “se podrá mejorar al Departamento de Policía” con la meta de “prevenir más tragedias como la muerte de Jessie”.
Pero la muerte de Hernández no es el único caso reciente de una persona hispana desarmada que muere dentro de su vehículo por balas policiales.
En la actualidad, las familias de Joseph Valverde y de Ryan Ronquillo, que murieron en tiroteos separados con policías de Denver el 2 de julio de 2014, también mantienen demandas judiciales contra el Departamento de Policía.
La indemnización económica, que ya había sido pedida en enero pasado por el Foro Latino de Colorado, aún debe ser aprobada por el concejo municipal, en lo que se espera será solamente un trámite formal el próximo lunes por la noche en la reunión semanal de ese cuerpo deliberativo.
La indemnización a los Hernández es una de las mayores jamás pagadas por Denver, pero es inferior a los 1,6 millones pagados este año a Daniel Martínez y su familia, golpeados y retenidos dentro de su casa hace ocho años por policías de Denver que desconocían que los sospechosos que buscaban ya no vivían en esa residencia.
De promedio, Denver pagó en 2016 de 40.000 a 65.000 dólares en casos de demandas por uso excesivo de fuerza por parte de policías o alguaciles.
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