Columnista

La auditoría a UC muestra que la amenaza real para la educación superior está dentro de casa

La auditoría a UC muestra que la amenaza real para la educación superior está dentro de casa

Podemos identificar muchas de las amenazas a la educación superior pública en los Estados Unidos: ataques políticos contra el profesorado por parte de los políticos conservadores, recortes presupuestarios sistemáticos y la venta de los programas académicos a los donantes de mucho dinero.

¿Quién hubiera pensado que una importante amenaza provendría del propio presidente de una universidad?

Sin embargo, esa es la conclusión ineludible que se desprende del informe de la auditora estatal, Elaine Howle, sobre la Oficina de la Presidenta de la Universidad de California (UCOP, por sus siglas en inglés), y de la respuesta dada al informe -defensiva, indiferente y enviada por correo- por parte de la presidenta de la UC, Janet Napolitano, y por Mónica Lozano, la presidenta de los regentes de la institución, durante una audiencia legislativa celebrada la semana pasada.

Lo que demuestran en el informe y en las respuestas es que la UC, que supo ser la joya de las universidades públicas de los Estados Unidos, no está en buenas manos. Se requiere una exhaustiva limpieza de la casa. Eso no es simplemente debido a las fallas en el gasto y la contabilidad, sino porque esas deficiencias socavan la capacidad de la administración para defender su misión y proteger al sistema de sus enemigos.

La lucha que ha estallado entre Howle y Napolitano, observa Christopher Newfield, un profesor de literatura de UC Santa Bárbara y frecuente crítico de la administración, “marca otro revés para la comprensión pública de las cuestiones más profundas planteadas por el informe”.

Entre ellas destaca el papel de la investigación en la misión de la UC y “la desagradable verdad de que la investigación científica no es un centro para obtener ganancias”, dice Newfield. “Es una enorme pérdida de dinero desde el punto de vista privado y un gran beneficio desde el punto de vista del bien público”. Pero ese mensaje queda ensombrecido debido a la exposición de la UCOP por parte de Howle, como una colmena de mala administración.

Las principales conclusiones de Howle ciertamente son desalentadoras. Su personal determinó que la oficina de Napolitano mantuvo una reserva no divulgada que alcanzó los $175 millones de dólares en 2015-2016, mientras que cada año desde 2011 buscó cuotas más grandes en los 10 campus del sistema (las cuotas proporcionan aproximadamente 90% del presupuesto de la UCOP).

“En efecto”, reza el informe, “la oficina de la presidente recibió más fondos de lo que necesita cada año y acumuló millones de dólares en reservas, los cuales gastó con poca o ninguna supervisión de los regentes o el público”. Una “parte significativa” de las reservas “son fondos que las escuelas podrían haber retenido y gastado para otros propósitos”, agrega.

Mientras que la UCOP drenó las arcas individuales de los campus y mantuvo lo que Howle sugiere es un fondo para sobornos, los regentes, evidentemente convencidos de que el sistema se encontraba fiscalmente doblegado, incrementaron la matrícula un 2.5% en enero, el primer aumento desde 2011. El informe de Howle intensifica la presión sobre los regentes para hacer retroceder el aumento, que se espera recaude $88 millones al año.

Howle documentó cómo la UCOP no sólo tiene exceso de personal en comparación con otros sistemas de universidades grandes, sino que les paga en exceso, con salarios y beneficios que sobrepasan los de otros empleados estatales que realizan trabajos similares. La funcionaria halló que el registro financiero de la oficina era tan descuidado que ni siquiera sabían cuánto dinero excedente tenían. En la audiencia del martes pasado, cuando Napolitano advirtió que la reserva de la UCOP no era de $175 millones sino de $170 millones, Howle contestó: “No sabían que tenían $175 millones. Después de que mi personal hizo el trabajo, la UCOP fue capaz de recordarlo” y resolver sus cuentas.

De manera más general, Napolitano afirma que la reserva incluye $83 millones de dólares en fondos “restringidos”, que deben ser gastados en proyectos específicos, y $49 millones ya comprometidos a programas prioritarios por varios años. La reserva real es solamente de $38 millones, expuso, lo cual es una suma “prudente y razonable”.

Pero Howle disputó gran parte de eso y señaló que al menos algunas de las restricciones son autoimpuestas por la UCOP y podrían revertirse para liberar más dinero para las escuelas. En cuanto a la afirmación de que $38 millones es una reserva razonable, Howle respondió: “¿Según quién?”.

“No discutimos que se necesita una reserva”, les dijo a los legisladores; pero la UCOP parece haber elegido la cifra de la nada. “Ni siquiera tienen una política sobre cuán grande ésta debe ser”.

Las denuncias sobre las contrataciones excesivas de personal de alto rango y la remuneración de los administradores han ido en aumento desde hace años, y Howle fue capaz de dar algunas respuestas.

Durante el período de seis años de la auditoría, el personal de la UCOP creció un 11% -un poco más que el total del personal de la UC y bastante más que el aumento del 6% en el personal académico equivalente de tiempo completo-. La mayor parte de la expansión de la UCOP se realizó en su sede de Oakland, en lugar de en las escuelas (donde también tiene personal). La nómina de la UCOP se incrementó en un 36%, a $187 millones de dólares en ese momento, alrededor de tres veces el ritmo de la inflación.

La UCOP es mucho más rica en personal por inscripción que los sistemas de referencia de Howle. Hay un empleado de la UCOP por cada 220 alumnos en los 10 planteles; en tanto, en la oficina del rector de Cal State (CSU) se cuenta con un administrador para cada 906 estudiantes en 23 escuelas; en los ocho campus de la Universidad de Texas se cuenta con un administrador central por cada 290 alumnos; y en los ochos campus de la Universidad de Florida, uno por cada 5,486 estudiantes.

Algunos funcionarios de la CSU tienen deberes que se dividen entre más de un empleado de la UCOP. Los auditores observaron que en 2014-2015, el director financiero de la CSU ganó $70,000 menos que su par de la UCOP, pero también fue responsable de los servicios de tecnología de la información, una función realizada en la UCOP por un vicepresidente independiente de servicios informáticos, con un sueldo adicional de $345,100.

El personal de la UCOP va en aumento, y en comparación con otros sistemas con recintos múltiples ya podría ser demasiado grande (Auditor Estatal de California).

Napolitano argumentó que el papel de su oficina es único entre los sistemas de universidades públicas puesto que tiene responsabilidad sobre sus universidades afiliadas. Eso puede ser cierto, pero el pobre mantenimiento de registros de la UCOP le dio motivos a Howle para desconfiar; cuando solicitó a la UCOP documentación que respaldara dicha afirmación, la oficina no pudo recabar nada.

Lo que podría ser el descubrimiento más revelador de Howle se refiere a cómo reaccionó la UCOP a su auditoría. Según la auditora, los funcionarios de Napolitano interfirieron activamente con el trabajo de su personal. Durante semanas retrasaron la presentación de cifras y documentos. Sostenían que ella no tenía ninguna autoridad legal para pedir algunos materiales, hasta que los abogados de su agencia se reunieron con los letrados de la UCOP y explicaron con lujo de detalle qué tan amplio es el alcance de la autoridad de Howle.

Un golpe aún mayor es la afirmación de Howle de que la UCOP manipuló los resultados de las encuestas que había enviado a las escuelas individuales acerca de la utilidad de los programas y políticas de la UCOP, editando u ordenando las reescrituras de las respuestas en pos de dar una mejor imagen de la UCOP.

Como informaron mis colegas Patrick McGreevy y Teresa Watanabe, después de que UC San Diego manifestó estar “insatisfecha” con la transparencia en las evaluaciones del campus en su respuesta de la encuesta, la versión final fue cambiada a “satisfecha”. Bernie Jones, el jefe adjunto del personal de la UC y quien coordinó esta maniobra, aseguró que los funcionarios del campus realizaron el cambio, no él.

Sin embargo, los funcionarios habían sido instruidos específicamente para lidiar directamente con la oficina de Howle en lugar de enviar las encuestas a la UCOP. La explicación de Napolitano por la interferencia fue claramente falsa; dijo que la UCOP estaba preocupada de que las encuestas hubieran sido enviadas a funcionarios del campus que no estaban en condiciones de responderlas. “Queríamos estar seguros de que las respuestas fueran correctas”, afirmó ante la audiencia legislativa. “Es evidente en retrospectiva de que esto podría haberse manejado mejor... porque ha creado la impresión errónea”.

Howle, sin embargo, dejó muy en claro que la UCOP tomó medidas extraordinarias para interponerse en su camino. “He sido auditora durante 17 años”, expresó en la audiencia, “y en todo ese tiempo nunca ha ocurrido una situación como ésta”.

El informe de la auditoría subraya lo mucho que la UC y su administración ha perdido credibilidad ante el público y la legislatura. El resultado, argumenta Newfield, es el desdén por la investigación financiada a nivel central que se manifiesta en el informe de Howle, el cual identificó que existieron $88 millones para programas de ciencia básica en 2015-2016, que podrían haber sido insuficientemente definidos, justificados o supervisados.

En tanto, Newfield afirma que hay una razón para el estilo de coordinación de la UCOP: “Los profesores del campus ignoran necesidades sociales que las personas en el nivel de la UCOP pueden ver mejor, porque ven el estado en conjunto”. Pero ese no es el punto porque “toda la discusión es sobre la mala administración y el gasto excesivo”.

La UCOP no ha manejado bien su misión principal y respondió aún peor las preguntas de Howle. Los perdedores serán los estudiantes, investigadores, la ciencia y California.

Traducción: Diana Cervantes

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