Escuelas charter aumentan, incluso en donde no son necesarias, señala investigación

Las escuelas charter están proliferando donde no son necesarias, mientras que el financiamiento estatal sigue apoyando incluso a esas charter que violan la ley de California, según un informe publicado este lunes por un grupo de investigación y defensa.

La nueva investigación, realizada por un grupo de Oakland llamado In The Public Interest, analiza dónde está creciendo el número de escuelas charter y dónde se necesitan en base en la inscripción. Los investigadores descubrieron que las dos líneas de tendencia no coinciden, especialmente en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), donde ha disminuido el número de niños en edad escolar mientras que el número de escuelas charter se ha disparado.

Las charter son escuelas públicas operadas de forma privada y financiadas por los contribuyentes, que están exentas de algunas de las reglas que rigen a los campus tradicionales.

El informe señala que los distritos escolares tradicionales no pueden construir escuelas nuevas cuando la inscripción real o potencial no justifica la expansión. Pero esas reglas no se aplican a las charter, las cuales pueden abrir en cualquier lugar y calificar para recibir financiamiento o subsidios estatales para construir o arrendar instalaciones. El informe remarca que fondos públicos ayudaron a abrir y mantienen a por lo menos 450 escuelas charter en zonas con abundante espacio pedagógico ya existente.

“Pagar por más escuelas de las que se necesitan desperdicia el dinero de los contribuyentes”, indica el reporte. “Además, un exceso de oferta escolar socava la viabilidad de cualquier escuela individual”.

Este último argumento ya fue presentado en repetidas ocasiones por los funcionarios del LAUSD, quienes afirman que el rápido y generalizado crecimiento de las charter es uno de varios factores que amenazan la solvencia del segundo sistema escolar más grande del país.

El investigador líder del informe, Gordon Lafer, profesor asociado del Labor Education and Research Center de la Universidad de Oregon, atribuye el problema a la falta de claridad y visión en la política estatal.

Los partidarios de las charter insisten en que la necesidad de tales escuelas no se basa en la falta de capacidad dentro del aula sino en la falta de aulas que proporcionen una educación de alta calidad. También creen que los padres de familia deberían tener más opciones, sobre todo en los vecindarios de bajos ingresos, donde las tasas de rendimiento y graduación estudiantil en las escuelas públicas tradicionales han sido pobres.

Muchos partidarios de las charter creen que el mercado debería determinar qué escuelas permanecen abiertas, siempre y cuando todas cumplan con los estándares definidos por el estado.

El grupo que emitió el informe, que se centra en la privatización de los servicios y activos públicos, ha publicado muchas investigaciones críticas de la política y las escuelas charter, la mayoría de las cuales no están sindicalizadas. Alrededor del 5% de la financiación del grupo proviene de los gremios, reconoció el portavoz de la entidad, Jeremy Mohler.

La Asociación de Escuelas Charter de California afirmó que los sindicatos, incluyendo la Asociación de Maestros de California (CTA, por sus siglas en inglés), también tienen lazos separados con el Labor Education and Research Center, de la Universidad de Oregon.

“Es posible que el informe de hoy sea la más reciente táctica de la CTA para, no sólo detener el crecimiento de las charter, sino para cerrar incluso los planteles más eficaces”, advirtió el vocero Jason Mandell en un comunicado.

La nueva investigación también analiza los tipos de ayuda que reciben las escuelas charter para las instalaciones. El informe concluye de que enormes cantidades de fondos públicos están ayudando a las charter a adquirir propiedades que podrían terminar siendo controladas de forma privada si estas instituciones educativas deciden vender sus sitios o cerrar su negocio. Alliance College-Ready Public Schools ha desarrollado una cartera de instalaciones escolares especialmente grande mediante el uso de programas de financiación estatal, indica el reporte.

In The Public Interest también criticó a California por seguir ofreciendo financiación a las escuelas charter que violan la ley estatal. El grupo citó un informe de julio pasado, realizado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Public Counsel, el cual concluyó que al menos 253 escuelas charter de California (más del 20% del total estatal) tienen políticas de inscripción que excluyen ilegalmente a algunos estudiantes o desalientan su inscripción, tales como aquellos con registros académicos deficientes, habilidades limitadas para hablar inglés o discapacidades.

La ACLU le dijo a The Times la semana pasada que más de la mitad de las charter han mantenido políticas de inscripción ilegales desde la publicación del informe, aunque hay cierta polémica sobre esos hallazgos. Algunas de las charter negaron trabajar de forma ilegal o insistieron en que ya habían modificado las prácticas de inscripción para cumplir con la ley estatal.

Más allá de eso, In The Public Interest se sugirió que el estado podría obligar a las escuelas que violan la ley a devolver los fondos públicos, pero los funcionarios estatales señalaron que el remedio más típico sería exigir que una charter ponga fin a una práctica inadecuada. Finalmente, el estado podría cerrar una escuela que no cumpla las normas.

“En general, la retención de dinero no es realmente la manera en que el estado responde”, explicó Nick Schweizer, superintendente adjunto del Departamento de Educación de California.

Una excepción a ello podrían ser las subvenciones federales iniciales para escuelas charter, resaltó Schweizer. El gobierno de los Estados Unidos podría insistir en el reembolso de una subvención, pero eso no ha sucedido hasta ahora, dijo.

Algunas charter están autorizadas a nivel estatal y unas pocas fueron nombradas en el informe de la ACLU/Public Counsel. Según Schweizer, el estado ha determinado que ninguna de esas charter participa en prácticas ilegales de inscripción.

Traducción: Diana Cervantes

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