Ambientalistas denuncian ante la CIDH su criminalización en Guatemala

Defensores medioambientales opuestos a los proyectos hidroeléctricos en Guatemala denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado les criminaliza y persigue judicialmente.

Durante una audiencia pública de la CIDH, casi una veintena de asociaciones civiles acusaron como peticionarias al Estado de Guatemala de contar con patrones de criminalización y de no respetar los derechos de los activistas ambientales.

Según el miembro del Consejo del Pueblo Maya de Occidente (CPO) Udiel Miranda, existen unos “factores recurrentes de criminalización” estatal y judiciales como la individualización selectiva de conductas colectivas para desmovilizar la acción comunitaria, el uso manipulado y discrecional de tipos penales que lleva a la equiparación de grupos indígenas con organizaciones criminales, y la detención arbitraria e ilegal de activistas ambientales.

La representante de la organización sin ánimo de lucro Udefegua, Iduvina Hernández, señaló que el año pasado reportaron 159 casos de criminalización, lo que para ella evidencia el intento de “matar penal y civilmente” a los defensores de derechos humanos en el país centroamericano.

También denunció los casos de asesinato de personas que protegen el ambiente y el territorio en Guatemala.

“La criminalización, entendida como el uso indebido del derecho penal, se convierte en un patrón recurrente, que junto con el asesinato, son la principal expresión de las agresiones en el país”, afirmó.

La vicepresidenta primera de la CIDH, Margarette May Macaulay, incitó al Gobierno guatemalteco a presentarles el proyecto de ley de protección de los activistas y el informe sobre la investigación de estas denuncia en 6 meses, para asegurar que se cumplen los “estándares” de derechos humanos.

Sin embargo, Macaulay lamentó que personas que dieron testimonios durante la audiencia a través de un vídeo no tuvieran el valor de mostrar su rostro, ya que denota que “no se sienten seguras”.

Por su parte, el comisionado James Cavallaro recalcó la necesidad de indagar en el trabajo de fiscales y jueces que, según las denuncias, usan de “mala fe” las leyes guatemaltecas, además de pedir la actuación del Estado en ese caso.

La directora ejecutiva de la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos de Guatemala (COPREDEH), María José Ortiz, negó la criminalización estatal de los defensores ambientales y recalcó que la investigación de un caso no supone que haya un patrón en esa dirección.

Ortiz explicó que Guatemala cuenta con una institucionalizad que brinda atención a la situación de activistas a través de hasta cinco organismos públicos, y prometió una ley para protegerles y un informe sobre la investigación de las denunciados presentadas hoy en la CIDH en 6 meses.

Además, defendió la misión de su Gobierno de “proteger, respetar y remediar” la violación de derechos humanos y contra el mediante ambiente en los proyectos hidroeléctricos en su territorio.