Cómo la ley Trust Act de California dio forma al debate por la propuesta del ‘estado santuario’

Cómo la ley Trust Act de California dio forma al debate por la propuesta del ‘estado santuario’

Durante  los últimos meses, los defensores de inmigrantes han marchado frente a departamentos del Sheriff, al Capitolio estatal, y ocuparon la oficina del gobernador para impulsar un proyecto de ley del Senado de California que limitaría a las fuerzas del orden de cuestionar o detener a las personas por violaciones vinculadas con temas inmigratorios.

El llamado "proyecto de ley santuario", creado por el líder del Senado, Kevin de León (D-Los Ángeles), ha despertado alabanzas y reproches en todo el país, y fue promovido como parte de un paquete legislativo de los demócratas para proteger a miles de inmigrantes sin residencia autorizada del endurecimiento de los controles impulsado por el presidente Trump.

Pero el gobernador Jerry Brown inició tratativas con los sheriffs electos de los condados acerca de posibles cambios al proyecto, SB 54, luego de expresar reservas acerca de promulgar la ley si ésta llegara a su escritorio, “por aquellos que han cometido delitos y que no tienen nada que hacer en este país”, tal como afirmó en “Meet the Press”, de NBC.

Para quienes recuerden la aprobación del antecesor del proyecto, la California Trust Act, el debate es familiar. Al igual que la legislación de León, la ley Trust Act fue presentada por los demócratas para frenar el impacto de la política federal sobre las comunidades de inmigrantes y también encendió una lucha amarga sobre a quiénes el estado debe proteger cuando el gobierno federal arroja una red tan amplia de deportación que puede enredar a familias trabajadoras y a criminales por igual.

La ley Trust Act, promulgada por Brown en octubre de 2013, prohíbe que las autoridades estatales y locales retengan a personas por más de 48 horas para los agentes federales de inmigración, a menos que hayan sido condenadas por ciertos delitos, la mayoría serios o violentos.

Con la SB 54, León busca limitar qué reclusos pueden ser detenidos por los oficiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), e impedir que las agencias estatales y locales recolecten o compartan su información personal y fechas de liberación con los funcionarios federales de inmigración.

Pero los sheriffs sostienen que la SB 54 dificultaría la cooperación entre los funcionarios del orden, permitiendo a los inmigrantes con condenas por delitos violentos o serios salir en libertad. Los defensores de los derechos de inmigrantes contraponen que el estado necesita hacer más para evitar que la gente sea castigada dos veces -en el marco de las leyes penales, y de nuevo con la deportación- en un tiempo de temor para las comunidades de inmigrantes.

Así es cómo la ley Trust Act moldeó el debate de este año sobre el proyecto SB 54:

Reconstruir la confianza en la policía

Antes de que los sheriffs presionaran contra el SB 54, ya estaban entre los opositores más abiertos contra la ley Trust Act. El exasambleísta de San Francisco Tom Ammiano presentó la ley en 2011, en respuesta al programa Comunidades Seguras.

Bajo la iniciativa, de la era de Obama (2008), las agencias del orden comenzaron a enviar al FBI y a ICE las huellas dactilares de todos los detenidos en prisiones estatales y cárceles locales. Cuando alguien era considerado como sin autorización para estar en el país, ICE podía pedir a la policía que lo retuviera para una eventual detención federal.

Funcionarios de la administración Obama afirmaron que Comunidades Seguras estaba destinado a identificar a los inmigrantes indocumentados que habían sido condenados por delitos serios, como asesinato, violación y secuestro. Pero el debate nacional se extendió acerca del número de inmigrantes al que apuntaban los funcionarios del orden, poniendo en duda la constitucionalidad del programa y cuestionando si las ciudades y los estados podían optar por no cumplir con él.

En California, donde el por entonces fiscal general Brown firmó un memorándum para que el estado se sume a Comunidades Seguras, Ammiano y otros demócratas argumentaron que el programa estaba atrapando a muchas personas que no habían sido condenadas por ningún crimen o eran delincuentes de bajo nivel.

La primera versión de la ley Trust Act habría impedido que las autoridades estatales y locales compartieran las huellas dactilares con ICE. Pero Ammiano más tarde enmendó el proyecto de la norma para reducir la lista de los delincuentes a quienes los funcionarios locales y estatales podrían retener legalmente para la agencia federal.

La Asociación de Sheriffs de California advirtió que prohibir que los oficiales estatales y locales cumplan con los “detainers" -las solicitudes oficiales para retener a los infractores para ICE- impediría que las agencias trabajen juntas para mantener a muchos criminales serios tras las rejas.

Correos electrónicos entre ICE y la oficina del gobernador Jerry Brown.

Los altos funcionarios federales de inmigración también trataron de instar a Brown para que vete la norma, luego de que ambas cámaras de la Legislatura hubieran aprobado la ley.

Según correos electrónicos obtenidos por las organizaciones Advancing Justice-Asian Law Caucus y National Day Laborer Organizing Network, el entonces director de ICE, John Morton, y altos funcionarios de esa agencia proponían que Brown se abstuviera de aprobar la ley mientras la agencia federal desarrollaba un programa piloto alternativo en California para limitar a qué inmigrantes la policía y los sheriffs podrían detener. En los emails señalaban que el programa influiría en la política nacional.

Un empleado de la oficina del gobernador rechazó la propuesta de ICE en un correo electrónico datado en septiembre de 2012. Aún así, Brown vetó el proyecto de ley de Ammiano unos días después. En su mensaje, el gobernador hizo eco de las preocupaciones de los sheriffs, diciendo que la lista de delitos por los cuales las agencias locales podían retener personas para entregarlas a los funcionarios federales era "fatalmente defectuosa" porque omitía muchos crímenes graves, entre ellos el abuso infantil, el tráfico de drogas y la venta de armas. "Creo que es imprudente interferir con la discrecionalidad de un sheriff para cumplir con un detainer emitido para personas con este tipo de antecedentes criminales preocupantes", escribió Brown, y prometió trabajar con los legisladores al año siguiente para abordar las preocupaciones.

Acto de equilibrio

Un año más tarde, Brown recibió gran atención nacional cuando firmó una nueva versión de la ley Trust Act, mientras la oposición contra el programa Comunidades Seguras seguía ganando impulso.

En todo el país, otros gobernadores, alcaldes y algunos oficiales de policía buscaban sus propios medios para limitar su participación en el programa federal. Cuando la policía y los funcionarios de inmigración trabajaban en estrecha colaboración creaban un efecto escalofriante, dijeron, y hacían que los inmigrantes que eran víctimas de delitos y los testigos se resistan a denunciarlos.

Se necesitaron semanas de duras negociaciones con la policía y las asociaciones de sheriff para elaborar la versión final del proyecto de ley, que prohibía a las agencias del orden de California retener a los inmigrantes para ICE a menos que éstos estuvieran acusados con alguno de los delitos contenidos en una lista ampliada de aproximadamente 800 crímenes. Entre los factores que impedían la liberación de los inmigrantes se encontraban haber cometido delitos graves o violentos en el pasado, ser un delincuente sexual o incendiario registrado, un acusado por violencia doméstica y ciertos otros delitos.

No todas las partes estaban satisfechas con el compromiso. Algunos sheriffs argumentaban que la lista de delitos aún no era lo suficientemente larga. Los defensores de los derechos de los inmigrantes estaban consternados porque ésta incluía muchos crímenes, como cargos no violentos por drogas y wobblers, ofensas que podían considerarse tanto un delito grave como un delito menor.

Pero los límites de la ley Trust Act no se habían puesto totalmente a prueba cuando el programa Comunidades Seguras llegó a su fin, unos meses después.

En septiembre de 2014, un tribunal federal condenó a un condado de Oregon por daños y perjuicios después de que funcionarios detuvieran a una reclusa más allá de su fecha de liberación para entregarla a ICE. La decisión de la corte llevó a cientos de ciudades y condados de todo el país a dejar de cumplir con dichas solicitudes, antes de que el entonces presidente Obama pusiera fin a Comunidades Seguras, ese año.

Los funcionarios de ICE retomaron la iniciativa con el nombre ‘Programa de Cumplimiento de Prioridades’, que permitía a los funcionarios de inmigración solicitar a las agencias locales del orden las fechas de liberación de los delincuentes inmigrantes para que ICE pudiera detenerlos cuando fueran puestos en libertad, o antes. También ordenaba al ICE priorizar sus solicitudes para transferir o detener a inmigrantes condenados por ciertos crímenes que representaban un peligro para la seguridad nacional o que habían ingresado al país recientemente sin autorización.

En virtud de la ley Trust Act, las ciudades y los condados tienen la discreción de estrechar aún más la lista de delitos por los cuales sus autoridades pueden retener a las personas para ICE, pero no se les permite ampliarla.

"Lo bueno de Trust Act es que, si las localidades quieren, pueden adoptar políticas que establezcan un estándar más alto; más protecciones para los inmigrantes", afirmo Ángela Chan, directora de políticas del Asian Law Caucus. Eso, dijo, propició "los San Francisco y Santa Clara del estado", las llamadas ciudades y condados santuarios, donde las leyes locales limitan la colaboración entre las autoridades locales y los funcionarios federales de inmigración.

Una nueva era con Trump

En sus primeros siete meses, el gobierno de Trump restableció el programa Comunidades Seguras, canceló un alivio temporal de deportación para las personas traídas sin autorización al país cuando eran niños y se comprometió a recortar el financiamiento de las agencias locales que se nieguen a colaborar con las agencias federales de control inmigratorio.

Los defensores, trabajadores sociales y pastores, una vez más, piden al estado que intervenga en nombre de las comunidades de inmigrantes. Sin embargo, continúa el debate sobre si los funcionarios locales y estatales deberían proporcionar información al ICE y retener a los delincuentes más serios.

En “Meet the Press”, de NBC, Brown consideró el proyecto SB 54 como un "acto de equilibrio” y señaló que necesita más cambios para ser aprobado. Si bien estos son inciertos, algunas de las modificaciones propuestas que han circulado en el Capitolio estatal permitirían a los agentes federales de inmigración continuar ingresando a prisiones estatales y trabajando con funcionarios de correcciones.

Brown también mantuvo conversaciones con el Sheriff del condado de Los Ángeles, Jim McDonnell, y otros miembros de la Asociación de Sheriffs de California, quienes argumentan que los límites del proyecto de ley en cuanto a comunicaciones podrían obstaculizar a los funcionarios locales y federales que trabajan en casos de delincuencia transnacional y tráfico humano. McDonnell señaló que eso podría llevar a que “los traficantes de drogas y pandilleros conocidos sean liberados en nuestras calles".

Los grupos de derechos de inmigrantes argumentan que cuando las víctimas y los testigos no confían en la policía local, los vecindarios enteros sufren. En las ciudades de todo el estado, explican, algunos padres indocumentados no están enviando a sus hijos a la escuela, por temor. Las familias han dejado de buscar ayuda alimentaria y otros servicios sociales; las iglesias ofrecen asistencia legal en los sótanos a las personas que temen por su deportación.

Ammiano indicó que la ley Trust Act era suficiente en su momento, "cuando Donald Trump no era presidente”. "Brown habla largo y tendido sobre Trump", afirmó el exasambleísta. "Si alguien debería entender que [SB 54] debe ser lo más fuerte posible para abordar no sólo el momento actual, sino el futuro, debería ser él".

Traducción: Valeria Agis

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