La presidenta de UC pidió medidas más fuertes en los casos de acoso sexual que involucran a académicos

La revisión de las políticas de acoso sexual que involucran al plantel académico de la Universidad de California no fueron suficientes para lograr investigaciones efectivas, buenas gestiones de los casos y sanciones acordes con la ofensa. Así lo expresó la presidenta de UC, Janet Napolitano.

En una carta dirigida a los 10 miembros del comité de revisión, dada a conocer el lunes pasado, Napolitano pidió encontrar la forma de acelerar las investigaciones y establecer un grupo dentro del campus que proponga sanciones, las cuales actualmente son establecidas por los administradores principales.

Pero también le pidió al comité que trabajara en otras áreas y que tomaran medidas inmediatas para implementar algunas de sus recomendaciones. Esto incluye que todas las investigaciones de posibles faltas de conducta sexual sean reportadas al rector del campus universitario y que se mantengan de forma permanente los registros sobre las sanciones aplicadas a los académicos para identificar a los atacantes que vuelven a cometer una hecho de esas características.

Para proteger mejor a las víctimas, Napolitano ordenó que cada campus designe a alguien para trabajar de forma confidencial con profesores, estudiantes graduados y empleados académicos como bibliotecarios e investigadores graduados que crean que han sido acosados sexualmente pero que se rehusan a efectuar una denuncia formal ante los administradores oficiales del campus. Estos “consejeros confidenciales” ya han sido nombrados para atender a los estudiantes.

“Mientras que la UC ha logrado progresos en el último año y medio en cuanto a casos de acoso sexual de los académicos, varios episodios que recientemente han salido a la luz dejan en claro que tenemos mucho más trabajo por hacer”, dice la carta de la presidenta.

En los últimos meses, los administradores de la Universidad de Berkeley y de UCLA fueron ampliamente criticados por no disciplinar adecuadamente a los académicos de alto perfil acusados ¿¿de violar las políticas de acoso sexual de la universidad.

En Berkeley, al rector de la facultad de derecho, Sujit Choudhry; al astrónomo Geoff Marcy y al vicerrector de investigación Graham Fleming se les permitió conservar sus puestos en el campus después de recibir sanciones que, para muchos críticos, han sido ‘blandas’, tales como recortes salariales, multas, terapia obligatoria y órdenes para pedir disculpas.

En 2014, en UCLA los administradores acordaron abandonar una investigación del Título IX de acoso sexual en la investigación realizada al profesor de historia Gabriel Piterberg, a cambio de una multa de $3,000, una suspensión por 11 semanas y otras medidas de disciplina. Piterberg no admitió las acusaciones que señalaban que, durante muchos años, había acosado a dos estudiantes graduadas, haciéndoles comentarios sexuales, apretándolas contra su cuerpo y obligándolas a aceptar su lengua en la boca.

Los críticos del sistema actual incluyen a los gremios UAW Local 5810, que representa a 6,000 académicos de post doctorado, y Local 2865, que representa a los estudiantes graduados de todo el sistema de UC. Funcionarios de los gremios han dicho que no tuvieron las oportunidades adecuadas para participar del proceso de revisión de los casos de acoso sexual, y que el senado académico tuvo una influencia desproporcionada en cómo se manejaron los casos.

Entre otras cosas, los gremios se opusieron a los planes de exigir que sus miembros informen los casos de acoso sexual, puesto que eso crearía un trabajo adicional y violaría la privacidad de las víctimas.

La revisión de las directrices de académicos de UC se lanzó en octubre como parte de una visión integral de las políticas de acoso sexual en los 10 campus de todo el sistema. El comité estuvo compuesto por administradores, profesores y dos estudiantes.

En el informe, que Napolitano dio a conocer el lunes último, junto con su carta, el comité de revisión señala que los planteles no podían proporcionar datos detallados sobre los casos de la facultad y que el mantenimiento de registros necesitaba mejoras drásticas. Los ocho campus proporcionaron datos parciales que muestran que el 76% de las 141 alegaciones formuladas contra miembros de la facultad desde 2012 y hasta 2015 no tenían fundamento, o habían llegado a un acuerdo sin una investigación formal. Entre los 34 casos investigados, se corroboraron acusaciones en 11 de ellos.

El comité también halló una gran confusión y malos entendidos acerca de las políticas en los campus, y falta de consenso sobre lo que debe hacerse para mejorar la situación.

Uno de los mayores problemas involucra la discreción que rodea estos casos. El comité recomendó que aquellos que llevan a cabo una denuncia deben ser informados del resultado; Napolitano ya ha dicho que los casos comprobados de conductas sexuales indebidas serán públicos.

Para hacer frente a la preocupación por la lentitud del proceso, Napolitano ordenó nuevas reglas para exigir que los casos se resuelvan dentro de los cinco meses -tres para la investigación y dos para la adjudicación-, a menos que existan “circunstancias excepcionales”. También pidió al comité deshacerse de la cláusula que indica un plazo de 10 días de la presentación de cargos después de suspender a un académico acusado.

Otra queja importante fue la regla que implica que las investigaciones deberán ser dadas a conocer dentro de los tres años de enterados los administradores. Napolitano pidió al comité de revisión que reconsidere el límite de tiempo en los casos en que un funcionario no informa a la oficina del Título IX los posibles casos de mala conducta sexual. “Dada la gravedad de estos casos y las deficiencias que se han identificado con los procesos existentes… este trabajo es crucial”, escribió Napolitano. “Debemos desarrollar y aplicar políticas y procedimientos que permitan a la universidad responder eficazmente a los reportes de acoso y violencia sexual, y tratar los casos justificados con firmeza y rapidez”.

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Traducción: Diana Cervantes.

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