Estudiante conservador sancionado podrá demandar a la universidad por coartar su derecho a la libertad de expresión

Un estudiante conservador y activista que fue sancionado por violar una prohibición de acoso podría ahora acusar a una universidad de California por tomar represalias contra él por ejercer su derecho a la libertad de expresión, según se decidió el jueves pasado en un tribunal federal de apelaciones.

“La Primera Enmienda no da un pase libre a los estudiantes que violan las reglas de la universidad simplemente porque pueden demostrar de manera convincente que los profesores o administradores desaprueban sus opiniones políticas”, escribió el juez William A. Fletcher, quien recibió su nombramiento de Clinton, en nombre de un panel unánime de tres jueces pertenecientes al Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones.

Pero el plantel docente puede ser responsable si pretende “castigar y silenciar” a un estudiante, en represalia por expresar opiniones a los que ellos se oponen, señaló el tribunal.

El caso fue presentado por Neil O’Brien, quien en 2010 se matriculó como estudiante en la Universidad Estatal de Fresno. O’Brien creó en esa ciudad una división conservadora de Young Americans for Liberty (Jóvenes Estadounidenses por la Libertad), organizó eventos para el Tea Party del Valle Central y asistió a las reuniones del gobierno estudiantil, precisó la corte.

También se opuso al apoyo de la universidad a un presidente estudiantil que no tenía permiso para inmigrar a los Estados Unidos y a la aprobación de la ley DREAM, una propuesta federal que ofrece una vía para que los estudiantes inmigrantes puedan obtener su residencia permanente en el país.

O’Brien expresó sus opiniones en internet y presentó solicitudes de información pública para obtener los sueldos de los administradores de la universidad, según su denuncia. En 2011, el estudiante leyó un poema publicado en un suplemento del periódico universitario por el departamento de Estudios Chicanos y Latinoamericanos. El poema describía a los Estados Unidos como “la tierra robada por blancos salvajes” y “la tierra de la bestia, el matón; la tierra de asesinos glorificados, del devorador de almas”, según explica la demanda.

O’Brien se presentó entonces en las oficinas de dos profesores del departamento de Estudios Chicanos y Latinoamericanos y les hizo preguntas mientras los grababa con una cámara de video. Los profesores se negaron a responder y, finalmente, interpusieron una denuncia contra él.

A O’Brien lo acusaron de haber violado un código que prohíbe el acoso y las amenazas. Se le prohibió llegar a menos de 100 pies de las oficinas y aulas de dicho departamento entrar al segundo piso del edificio de Ciencias Sociales, a menos que él tuviera una clase o una cita allí. La acción disciplinaria también le impedía ser presidente o tesorero de Young Americans for Liberty y de ocupar un cargo en el gobierno estudiantil.

O’Brien presentó una denuncia, alegando que el reglamento de la universidad era inconstitucional y que estaba siendo objeto de represalias ilegales en su contra por expresar su derecho a la libertad de expresión.

El Noveno Circuito ratificó el reglamento, y señaló que “legítimamente autoriza a las sedes de la Universidad Estatal de California a disciplinar a los estudiantes que participan en el acoso o intimidación que amenaza o pone en peligro” a otros. La corte también halló que la conducta de O’Brien era apropiadamente sujeta a disciplina, pero señaló que O’Brien podría demandar por represalias según alegatos de que los docentes y administradores lo castigaron al expresar opiniones que les resultaban desagradables. “La represalia por participar en un discurso protegido está prohibida hace mucho tiempo por la Primera Enmienda”, remarcó el tribunal.

Sin embargo, el panel advirtió que su decisión no debe interpretarse de forma muy amplia. “Nuestra decisión de ninguna manera pretende evitar la disciplina para con estudiantes cuyo discurso o conducta puedan considerarse amenazante, o constituyan un peligro para los miembros de la comunidad universitaria”, indicó el panel.

Eugene Volokh, profesor de derecho de UCLA que representa el Student Press Law Center y a la Foundation for Individual Rights in Education, defendió el caso en apoyo de O’Brien.

Twitter: @mauradolan

Traducción: Diana Cervantes.

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