Propuesta de ley busca prohibir comercio con empresas que cometan abuso laboral

Con la propuesta de ley se espera minimizar el abuso en campos agrícolas mexicanos

Una ley presentada el viernes ante la Asamblea de California busca que las empresas de este estado compradoras y distribuidoras de frutas y vegetales provenientes de México revisen que sus proveedores no cometan abusos laborales.

La denominada "Ley para Detener los Tomates Sangrientos", del representante demócrata de San Diego Juan Vargas, busca que las grandes empresas que compran a firmas agrícolas en México realicen auditorías y supervisen que estas compañías no empleen mano de obra infantil ni abusen de sus trabajadores.

Según destacó el representante hispano la medida refleja el interés creciente que demuestran los consumidores sobre el origen de los productos que compran.

Las empresas que compran y distribuyen deben responsabilizarse sobre la forma en que se elaboran o cultivan estos productos y evitar que sean producto de casos de abuso infantil o laboral, recalcó Vargas.

El legislador, cuyos padres Tomás y Celina Vargas vinieron a Estados Unidos a finales de la década de 1940 como parte del programa Bracero, creció en medio de la pobreza, en una finca productora de huevos, cerca de la frontera con Tijuana (México).

La legislación de Vargas se inspiró en una serie de artículos publicados por el diario Los Ángeles Times en diciembre de 2014, en los que se denunciaban las extremas condiciones de abuso y pobreza que sufren muchos trabajadores de fincas mexicanas exportadoras a Estados Unidos.

Uno de los artículos denunció las "brutales condiciones en Bioparques", uno de los más grandes exportadores de tomate mexicano y que fue proveedor de la cadena de almacenes Walmart", corporación que poco después anunció que revisaría las condiciones en las que trabajan los obreros en sus cadenas de suministro.

En otro artículo se denunció que más de 100.000 niños menores de 14 años trabajan en la recolección de cosechas a lo largo de México, aún cuando el trabajo infantil es ilegal en ese país.

Vargas es consciente que su proyecto recibirá presión en contra de algunas empresas comerciales, pero guarda esperanzas de que también encuentre apoyo de parte de productores estadounidenses, como los cultivadores de tomates de Florida.

De ser aprobada, la medida obligaría a las compañías compradoras publicar los resultados de las auditorías de sus proveedores en sus sitios de internet.

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