La Asamblea aprueba las vacunas obligatorias y más estrictas en California

Los legisladores de California aprobaron hoy jueves una de las inmunizaciones más estrictas y obligatorias para la gente en todo el país. Esta medida eliminará la opción de los padres para evitar que sus hijos no reciban las vacunas por motivos personales o religiosos.

La medida, SB277, una de las más controversiales en el estado este año, requerirá que todos los niños que entran al kínder en cualquier institución, pública o privada, en California, debe de haber recibido todas las vacunas obligadas, incluyendo la de sarampión y tosferina, a menos que un doctor apruebe una exención sobre las condiciones médicas muy específicas como alergias y deficiencias del sistema inmunológico.

“Como madre, entiendo que la decisión que hacemos acerca de la salud de nuestros hijos es muy personal”, dijo Lorena González, asambleísta representante de San Diego y simpatizante de la propuesta.

“Mientras que respeto el derecho fundamental de la familia de tomar este tipo de decisiones, tenemos que reconocer la realidad y balancearla porque nadie tiene el derecho de poner en peligro la salud de otros”.

La asamblea aprobó la legislación hoy jueves en un voto bipartidista de 46-41.
El asambleísta Mike Gatto, representante de Glendale, se opuso a la propuesta, diciéndoles a sus colegas, antes de votar, los derechos de los padres a decidir por el tratamiento para sus hijos.

“Lo amplio del proyecto de ley es probable que también afecte los derechos constitucionales de las personas”, dijo Gatto, acusando al estado de “infringir en los derechos de los estudiantes de atender a la escuela”.

Los simpatizantes de la medida dijeron que la propuesta era necesaria para proteger a todos los niños.

“Soy un partidario que se aferra al derecho de los padres en esta decisión. Pero también creo que con los derechos vienen responsabilidades”, dijo Catharine Baker, asambleísta republicana de San Ramón.

La medida SB277 que fue aprobada por el Senado anteriormente, se espera que apruebe algunas modificaciones realizadas en la Asamblea para después mandarla al escritorio del gobernador, quien tiene hasta el 11 de septiembre para firmarla y convertirla en ley.