Haber pasado dos días y medio sobre su propia orina y sin poder salir de la silla de ruedas.

Así recuerda Christian Reyes los primeros momentos que vivió en el Centro de Recepción de Reos en la Cárcel del Condado de Los Ángeles, luego de que fuera arrestado por las autoridades. Pero éste sólo sería un preludio de los siguientes meses que vivió tras las rejas.

A un año de haber sido liberado, Reyes ha decidido denunciar las terribles condiciones, según él, en las que viven muchos reclusos con discapacidades físicas en el sistema carcelario del Condado de Los Ángeles, el cual es administrado por el Departamento del Sheriff del Condado (LASD).

Su testimonio denuncia situaciones que sólo se esperaría ver en novelas de ficción. Reyes no es el único que está levantando la voz.

Hace meses que el LASD y sus cárceles están contra el paredón a partir de una serie de denuncias y reportajes que han salido a la luz y que acusan de maltrato exagerado de los guardias hacia los reos. Pero hasta la fecha no se había dicho nada del área más vulnerable de la cárcel; la de los reclusos que debido a sus respectivas discapacidades físicas deben valerse de una silla de ruedas, un andador o un par de muletas.

Los problemas que, aparentemente, se están dando con esta población son tan serios que tres organismos sin fines de lucro y un estudio de abogados, apoyados por siete demandantes –todos hombres que afirman que vivieron de cerca la situación– entablaron una demanda legal contra el LASD, el jefe del LASD, Lee Baca, y contra el Condado de Los Ángeles.

Esto ocurrió en el 2007, presentándose nuevamente la demanda en junio del 2010. Hasta la fecha no se ha tomado acción alguna pese a la seriedad de las acusaciones.

Jessica Price, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), explicó a HOY que su entidad, junto con Disabilities Rights California, Disabilities Rights Legal Center y el estudio Winston and Strawn son los encargados de llevar el caso.

“Estuvimos recibiendo un gran número de cartas y llamadas telefónicas de familiares de reclusos que denunciaban la forma en que estaban siendo tratados sus seres queridos en la cárcel. Decían que se les estaba negando necesidades básicas como sillas de ruedas o acceso a una basinica cuando llegaban a la cárcel. Eran alegatos bastante alarmantes y nuestra oficina comenzó a comunicarse con el condado sobre estos problemas y lo sorprendente es que recién salían a la luz”, dijo Price.

Los denunciantes

El 23 de enero del 2008, Christian Reyes recibió un disparo en la espalda y otra en el torso mientras montaba una tabla de patinar a unas cuadras de su casa. Luego de pasar varios días en el hospital y en un centro de rehabilitación para recuperar algunas funciones del cuerpo, como caminar, este angelino hijo de hondureños de 21 años de edad regresó a su casa y aún con puntos en sus heridas, fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato.

“El proceso de llevarme de la estación al Centro de Recepción de Reos de la Cárcel tomó mucho tiempo y yo necesitaba que me pusieran un cateter para poder orinar. Le pedí ayuda a los guardias y me dijeron que me llevarían al baño. Les expliqué que esa no era la forma en que yo lo hacía, ellos me dijeron que me traerían un cateter y nunca lo hicieron. Para evitar orinarme, me movía de un lado al otro en mi silla para aliviar la presión, sentía que mi vejiga iba a explotar”, comentó Reyes. “Hasta que no aguanté y me oriné encima. Mi pañal estaba empapado y otros reclusos me ayudaron a conseguir otro pantalón porque al decirle a los guardias que estaba todo mojado, me respondieron ‘¿Y qué quieres que haga?’”, agregó Christian, quien luego, en voz baja, comentó que además de ganarle la orina también le ganó el intestino y se defecó.

Una vez en la cárcel, Reyes fue enviado a la estructura 8100, un área reservada para reclusos que utilizan silla de ruedas. Ahí pasó los primeros meses en una celda individual hasta que un altercado con las autoridades le dieron un boleto al módulo de disciplina o “el hoyo”, apodado así por ser un lugar aislado y sin acceso a luz solar.

“Me mandaron siete meses al hoyo por hablar mientras estábamos en la fila. Los guardias alegaron que me estaba resistiendo y me castigaron. Lo peor fue que el hoyo al que me mandaron era para población general, o sea no tenía barras ni facilidades para gente que usa silla de ruedas. Fue muy difícil ir al baño, tenía que usar mis brazos para ayudarme y andaba con paquetes desinfectantes”, afirmó Reyes.

En la acción legal, varios de sus demandantes que inicialemnte fueron asignados al área 8100, se quejan de haber sido reasignados a la zona 7000, para reos con muletas o andador, o incluso a la zona de población general, un área en la que no se permite el uso de sillas de ruedas.

Joe González, quien aún está esperando su juicio en la Cárcel Central para Hombres, dijo que algunas de las peores experiencias que ha tenido desde que fue ingresado, en octubre del 2009, tienen que ver con el cuidado de salud que recibe en la cárcel.

Su pierna izquierda casi no tiene movilidad y sufre de serios problemas de circulación luego de que un balazo afectara sus nervios y arterias. Antes de ser arrestado, un médico le había recetado una silla de ruedas y una media especial para prevenir una embolia. González declaró que en la cárcel el disgnóstico fue otro.

Dijo que un médico de la cárcel lo envió al módulo 7000, donde no se permiten sillas de ruedas y donde las camas no se elevan para ayudar con la circulación de las piernas. González dice que los guardias lo amenazaron con castigarlo si es que se negaba a dejar su silla de ruedas.

Estar un mes en la zona de andadores y muletas provocó varias caídas en el baño y que su pierna se inflamara al punto de ponerse morada. Ésta impresionó tanto a un juez que éste debió firmar una orden para que reasignaran a González a la zona 8100 y que, además, se le diera una media especial para prevenir embolias.

González dijo que cuando llegó a la cárcel, sí llevaba puesta una media especial, pero que los guardias la tiraron en una ocasión cuando hacían una inspección en su celda.

Además de Joe González, los demandantes que conforman esta querella son Donald Peterson, Michael Curfman, Andre Butler, Columbus Grigsby, Derrick White y Peter Johnson. Este último, que ingresó a la cárcel en el 2007, tiene paraplegia y entre sus principales acusaciones destacan haber permanecido ocho horas sobre su propio excremento por no tener acceso a un baño con facilidades para silla de ruedas en el Centro de Recepción de Reos. También acusa haber sido asignado a una celda donde se le dificultaba usar el inodoro pues las barras para sujetarse estaban rotas.

Otras declaraciones juradas no hacen más que inflamar la situación. Una de ellas es la de Johnny González -no tiene parentesco con Joe González-, quien dijo que en febrero del 2009, pese a necesitar una silla de ruedas, fue enviado a la zona 7000. Ahí le asignaron una celda para cuatro personas y como las dos camas de abajo ya estaban ocupadas, tuvo que dormir en el piso porque no podía subir a la cama de arriba.

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Reos discapacitados acusan abuso de autoridades

Sheriff: “Estamos investigando”

Para el Departamento de Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD), tener este tipo de acusaciones se ha convertido en un tema recurrente y por lo general su respuesta, cuando la prensa solicita una reacción, es “estamos investigando”.

Respecto a esta demanda legal y respondiendo a los reclamos hechos por la personas entrevistadas para este reportaje, el Comandante James Hellmold, del LASD, detalló a HOY algunas funciones y políticas en la cárcel en el trato de reos con discapacidades físicas.

El sistema carcelario del Condado de Los Ángeles tiene más de 15 mil reclusos en sus ocho locaciones. De este total, un promedio de 100 reos están asignados al área de sillas de ruedas (8100) y otros 100 están asignados al área de andadores y muletas (7000). El número de guardias y trabajadores civiles en la cárcel es de 2 mil.

Según ACLU, el 70% de los reclusos en las cárceles del condado aún no han recibido una sentencia, es decir, hay muchos que terminan siendo declarados inocentes, como sucedió con Christian Reyes.

Hellmold señala que la cárcel cuenta con un equipo médico en distintas áreas para presos con discapacidades y el que módulo al que cada reo es asignado depende del criterio de estos profesionales médicos, los que operan ya sea en la cárcel o en hospitales locales.

“Tenemos médicos que determinan quién necesita una silla y quién no la necesita. No todos los presos están de acuerdo con la decisión de los doctores y es por eso que salen las quejas. Pero es importante tomar en cuenta que hay gente que dice tener una discapacidad sólo porque quieren estar en una celda individual o quieren estar en la zona médica”, explicó Hellmold. “Ahora, no estoy diciendo que éste sea el caso de las personas con las que están en contacto, pero nos pasa con mucha frecuencia. Algunos pretenden tener una discapacidad física, otros hasta pretenden tener problemas mentales o que son homosexuales para ser asignados a esa área. Hay todo tipo de situaciones sólo para ser asignados al área que desean, por eso necesitamos usar mucho el sentido común para ser justos y para mantener un ambiente seguro”, expresó, agregando que el año pasado el LASD sufrió un recorte de 128 million dólares en su presupuesto.

Hellmold no quiso entrar en detalles ni hablar específicamente sobre las acusaciones expuestas en este reportaje, pues según dijo, el LASD está conduciendo una investigación basada en los alegatos hechos por ACLU relacionados con supuesto exceso de fuerza contra los presos.

“En líneas generales tenemos un estándard de uso de fuerza, queremos que los guardias sigan esas guías y si no lo hacen, serán disciplinados. Hemos tenido numerosos casos, 30 casos de gente que ha sido despedida o castigada por exceso de uso de fuerza contra los reclusos. El LASD está lidiando con esa situación, pero es importante tomar en cuenta que los guardias son atacados constantemente por los reclusos y lo mejor para nosotros es responder y ser profesionales”, dijo Hellmold.

Los 30 casos a los que se refiere ocurrieron en todas las cárceles y entre reos de la población general. En cuanto a los discapacitados –quienes son referidos como ADA (Americans With Disabilities Act/Ley de Americanos con Discapacidad)- tienen muy pocos casos de exceso de uso de fuerza. “Es muy raro”, dijo.

Sin embargo, tanto Reyes como González y Johnson declararon que sufrieron golpes o haber sido testigos de abuso físico y burlas contra reclusos en silla de ruedas de parte de los guardias.

La demanda legal exige que esos supuestos abusos terminen y que los reos no sean reasignados a otras áreas arbitrariamente, pero hay otros puntos. Se pide asegurar que las instalaciones cuenten con el acceso apropiado para gente con discapacidades, que haya acceso a programas y acceso a las mismas oportunidades de la población general para que sean parte de los mismos beneficios, que sean identificados correctamente cuando los reclusos necesitan ser instalados en el área de sillas de ruedas, muleta o caminador. Finalmente, la demanda exige procesos de quejas de los reclusos ADA más eficientes pues muchos acusan ser ignorados al pedir ayuda.

Shawna Parks, directora legal de la organización Disabilities Rights Legal Center, ha estado encargada de este caso desde sus inicios. Ella lleva trabajando como abogada en este campo desde 1999.

“Esto es de lo más indignante que he visto en los años que llevo trabajando en derechos de discapacitados”, dijo Parks a HOY. “Y lo que más me preocupa son las inconsitencias, como el caso de un reo al que le quitaron la silla de ruedas y su medicina en el condado y cuando pasó a prisión estatal un médico lo puso en silla permanente”.

La próxima fecha de corte es el 20 de marzo del 2012, pero se espera llegar a un acuerdo antes y así evitar los miles de dólares que supone este proceso.

“No estamos pidiendo dinero ni daños, sino una orden para mejorar las condiciones en la cárcel para los discapacitados”, aseguró la abogada de ACLU, Jessica Price.

Madres: ‘Deberían darles clases de humanidad’

Los reclusos con discapacidades que han denunciado abuso y negligencia por parte de las autoridades del sistema carcelario del condado de Los Ángeles no son las únicas víctimas en este caso que está pendiente en la corte desde el 2007.

Las madres de estas personas llevan años quejándose por el maltrato que, según ellas, sus hijos acusan constantemente por el más mínimo motivo.

“Josefina”, nombre ficticio de la madre de uno de los reclusos que prestaron testimonio en la demanda legal, no deja de secarse las lágrimas cuando le repite a HOY las historias que le cuenta su hijo de 24 años de edad, en la cárcel desde el 2009.

“Mi hijo se siente aterrorizado ahí adentro, no por los compañeros de celda sino por los propios guardias, por su actitud”, comentó ella. “Una vez me contó de una agresión de los guardias contra un compañero discapacitado en silla de ruedas. Él debe usar una bolsa de colostomía para almacenar sus heces. Mi hijo vio cuando lo golperaron de la nada y de la golpiza que le dieron, le reventaron la bolsita y el muchacho ahí nadando en todas sus necesidades, tirado encima”, afirmó “Josefina” sin contener el llanto. “El muchacho le pidió a mi hijo que atestiguara que vio cómo el guardia lo golpeó, pero mi hijo dijo que no quería meterse en problemas porque el policía le dijo ‘¿Y tu que viste?’ y mi hijo le tuvo que decir ‘Yo no vi nada’. Él se sintió mal de ver al muchacho tirado en su propio excremento y no poder hacer nada”.

“Adela”, la madre de otro ex recluso discapacitado que prefirió omitir su nombre en este reportaje por temor a represalias contra su hijo, dijo que de la paliza que le dieron a su hijo le rompieron el dedo, entre otros abusos.

“Antes mi hijo era un muchacho alegre, no le temía a nada, pero adentro todo cambió, no podia decir nada porque si no me lo golpeaban y cuando regresó a la casa entre pesadillas gritaba ‘No me peguen, yo no hice nada’. Era muy duro para mi”, recordó “Adela”. “Yo reclamaba todo el tiempo, ‘Voy a reclamar hasta que me muera’, les decía. Uno de ellos me aseguró una vez ‘Se está haciendo’, y yo le respondí ‘Mi hijo está legalmente desabilitado’. Deberían darles clases de humanidad a esta gente, creen que al tener una pistola, un bastón o un uniforme ya tienen a Dios en las manos. Cuando les preguntaba por qué los tratan así, me decían ‘Porque son criminales’. Yo sé que no es Disneylandia pero tienen sus derechos”.