Finalmente comprendí porqué los políticos han podido acosar sexualmente a las mujeres con impunidad

Durante los últimos dos meses, los estadounidenses han observado con incredulidad cómo los acosadores sexuales son llamados a rendir cuentas.

La campaña #MeToo (#YoTambién) en las redes sociales y una avalancha de investigaciones periodísticas han dado a las mujeres el valor para hablar, lo cual obligó a los empleadores a dar un paso al frente en el tema.

El presunto modus operandi del magnate del cine Harvey Weinstein, el analista político Mark Halperin y los presentadores Charlie Rose y Matt Lauer cruzaron líneas claras. Todos ellos se convirtieron en pasivos para los accionistas, anunciantes, clientes y hasta para el rating. Tuvieron que despedirlos.

Pero, ¿qué ocurre con los funcionarios públicos, que no tienen jefes, a excepción de sus electores? ¿Cómo deben manejarse sus transgresiones? ¿Y cuáles son exactamente las reglas?

Ésta fue la pregunta clave de una maratónica audiencia de la Asamblea estatal, la semana pasada. Convocada por la asambleísta demócrata Laura Friedman, quien preside el Subcomité de Normas sobre Acoso Sexual, Discriminación y Prevención de Represalias, la audiencia de casi seis horas estableció que la Legislatura de California tiene una política de acoso sexual muy detallada, que prácticamente no hace nada para proteger a las mujeres.

Por ejemplo, no hay un sistema de seguimiento para quejas e investigaciones. No hay coordinación con el Senado estatal. La norma exige “tolerancia cero” contra el acoso, pero nadie tiene idea de lo que eso significa.

Además, hay puntos de vista contradictorios sobre qué constituye hostigamiento, junto con una creencia generalizada, como señaló Friedman, de que “los miembros deben ser protegidos a toda costa”.

“Aparecen muchas quejas que pueden no necesariamente violar la política”, explicó Deborah Gravert, directora administrativa del Comité de Reglas. “Alguien puede decir: ‘Esta persona me propuso una cita’. Siempre que no sea algo fuera de lo común -o todos los días, o día por medio, un insistente ‘quiero que salgas conmigo’- que una persona invite a otra a una cita no viola la política”.

Varias mujeres en la audiencia se quedaron sin aliento.

“Antes se dijo que invitar a alguien a salir no es un acoso. Me gustaría diferir”, manifestó la cabildera Samantha Corbin, quien coordinó una carta, firmada por 140 cabilderas femeninas, funcionarias electas y empleadas, para exigir el fin de la cultura de acoso de Sacramento. “Si el presidente de un comité me invita a salir, es un acoso”.

¿Lo es?

“El mero acto de pedirle a alguien una cita, según la ley, probablemente no sea procesable”, expuso Leslie Levy, abogada especialista en discriminación laboral de Oakland. Para ser considerado ilegal, advirtió, los tribunales han dictaminado que el acoso debe ser “severo o generalizado”. Pero el desequilibrio de poder pone a un miembro del personal en una posición insostenible.

Incluso las relaciones que parecen consensuales pueden ser abusivas, dañinas y perjudiciales para la persona menos poderosa (consideremos la aventura del expresidente Clinton con Monica Lewinsky).

Entonces, tal vez un político no irá a la cárcel si le pide una cita a un miembro del personal. Pero es incorrecto, y debería haber normas en contra de ello.

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Mi momento favorito de la audiencia de la semana pasada fue el blooper involuntario pronunciado por el asambleísta demócrata Ken Cooley, presidente del Comité de Reglas.

“¿Alguien aquí cree que la política actual está funcionando?”, le preguntó el diputado republicano Vince Fong a Cooley.

“Creo que está funcionando”, respondió éste, “pero no está logrando su propósito”.

¿De veras?

“Pasé de ser una directora legislativa fabulosa a no poder presentar un proyecto de ley”, expresó Nancy Kathleen Finnegan, quien recibió un acuerdo por valor de $100,000 dólares de los contribuyentes después de acusar a Steve Fox, asambleísta demócrata de Palmdale, de exponerse físicamente ante ella, lo cual él ha negado. “Fui terriblemente difamada”.

En las oficinas de distrito especialmente, los pasantes y el personal subalterno se sienten aislados y temerosos.

“Hace poco hablé sobre una experiencia difícil que tuve con un exmiembro de la Asamblea que ahora es senador”, relató Jennifer Kwart, empleada del Capitolio, quien le dijo al Sacramento Bee que en 2008, cuando era una pasante de 19 años en la oficina del entonces asambleísta Tony Mendoza, en Los Ángeles, éste la llevó a su habitación de hotel durante una convención del partido Demócrata en San José y le ofreció bebidas (Mendoza, que ha sido acusado de invitar reiteradamente a su hogar a una joven en busca de asesoría profesional, fue retirado de sus puestos de liderazgo por el Comité de Reglas del Senado, a la espera del resultado de la investigación).

“Los pasantes son los más vulnerables y susceptibles a este comportamiento”, aseguró Kwart. “Tienen poco poder y casi ninguna información. Pero no hubiera sabido a quién contarle. No habría concluido que el Comité de Reglas es el brazo de recursos humanos de este cuerpo. No tenía un aliado. Me sentí muy sola”.

Kwart es ahora el directora de distrito del asambleísta demócrata de San Francisco David Chiu, quien ha expresado públicamente dudas sobre la adecuación de Mendoza para el cargo.

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Uno de los aspectos más gratificantes de esta retrasada hora de la verdad es que finalmente se está creyendo a las mujeres. Los patrones de abuso ya no pueden negarse.

Incluso si ellas no denuncian el abuso a las autoridades del orden, al menos lo dicen. Le cuentan a sus amigos, compañeros de trabajo, cónyuges y amantes, quienes corroboran sus historias; advierten a otras mujeres en “redes de susurros” (whisper network).

El lunes, la cabildera Pamela López presentó una queja contra el asambleísta demócrata del Valle de San Fernando Matt Dababneh, alegando que se masturbó frente a ella en un baño de Las Vegas, en 2016. Momentos después, Jonathan Bash, quien era presidente de los estudiantes demócratas de la UCLA, tuiteó: “Desde 2010, UCLA @BruinDemocrats ha desaconsejado la pasantía con #MattDababneh. La red de susurros fue necesaria para proteger a los miembros”.

El subcomité de Friedman se reunirá nuevamente en enero. La asambleísta se comprometió a crear un método para que las víctimas testifiquen de forma anónima. También prometió una línea directa para quejas y asesoramiento, y para informar a todos los miembros del personal de las oficinas del distrito -donde las víctimas pueden sentirse tan aisladas e impotentes- acerca de sus derechos.

“Estoy profundamente comprometida para que esto no se trate sólo de hablar”, aseguró Friedman.

Los susurros, al parecer, finalmente se están convirtiendo en gritos.

Traducción: Valeria Agis

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