Un juez federal ordena que se reunifique a las familias migrantes en un máximo de 30 días

Un juez federal en San Diego emitió un requerimiento preliminar el martes 26 de junio a solicitud de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), que pide que todos los niños afectados por la política de inmigración de “tolerancia cero” de la administración Trump, se reúnan con sus padres en un máximo de 30 días.

En un documento fuertemente redactado, la juez de distrito de los Estados Unidos, Dana Sabraw, escribió que “los hechos expuestos ante el tribunal describen respuestas reactivas para abordar una circunstancia caótica que ha creado el propio gobierno. Creemos que el gobierno medido y ordenado es fundamental para el debido proceso consagrado en nuestra Constitución”.

Bajo la orden, los niños menores de 5 años de edad deben ser reunidos con sus padres dentro de 14 días, mientras que los niños mayores deben ser reunidos con sus padres dentro de los 30 días. Dentro de 10 días, las autoridades federales deben permitir que los padres llamen a sus hijos si aún no están en contacto con ellos.

La orden también dice que los padres no pueden ser detenidos o deportados sin sus hijos, a menos que no sean aptos o representen un peligro.

“Esta es una victoria para estas familias y niños que han estado sufriendo durante meses”, dijo Lee Gelernt, abogada de la ACLU. “Muchos de estos padres e hijos pensaron que nunca volverían a verse. Literalmente han estado viviendo una pesadilla y la corte ha terminado su trauma”.

El fallo se produce después de que el presidente Trump respondiera a la creciente presión pública al firmar una orden ejecutiva que detuvo la práctica de separar a los niños de sus padres detenidos en la frontera de México y Estados Unidos por ingresar ilegalmente.

El cambio generó confusión sobre cómo se manejarán las próximas detenciones familiares en la frontera y planteó preguntas sobre los planes para la reunificación.

Los abogados del gobierno argumentaron en una presentación el martes por la mañana que la orden ejecutiva ya aborda las preocupaciones sobre la separación familiar esbozadas en la demanda ACLU, y que las agencias federales están trabajando en la reunificación de las aproximadamente 2,000 familias que permanecen separadas.

“Este tribunal debería dar tiempo a las agencias para tomar medidas, en lugar de emitir una orden judicial”, argumentó el gobierno en la presentación. “Es probable que un proceso impuesto por la corte desacelere el proceso de reunificación y cause confusión y conflictos, en lugar de acelerar el proceso de reunificación familiar de manera segura y eficiente”.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que un mandato judicial restringiría innecesariamente la capacidad de las autoridades migratorias “para llevar a cabo su trabajo y abordar las preocupaciones de contrabando de personas” y que el gobierno debe seguir estándares que protejan a los niños de padres que representarían un riesgo para el bienestar del menor.

Pero la ACLU argumentó que el gobierno “no tiene un plan” para asegurarse que se produzcan las reunificaciones familiares y señaló que la orden ejecutiva puede rescindirse en cualquier momento.

“Por lo tanto, miles de familias permanecen separadas, y muchos padres no tienen idea de dónde están sus hijos o cómo encontrarlos”, escribió Gelernt en un documento. “Con cada día adicional de separación, el terrible trauma infligido por el gobierno tanto a los padres como a los niños continúa creciendo. Muchos de los niños son bebés y niños pequeños que lloran todas las noches y se duermen pensando en si volverán a ver a sus padres”.

El proceso para que los padres sepan dónde se encuentran sus hijos también ha sido un desafío, argumentó Gelernt. Un número de línea directa al que los padres pueden llamar regularmente pone a las personas en espera por períodos de 30 minutos, un tiempo que es “inviable para los padres detenidos”. Últimamente, las personas que llaman han recibido la señal de ocupado.

La ACLU solicitó la medida cautelar como parte de su demanda colectiva presentada en nombre de dos mujeres que fueron separadas de sus hijos.

Una mujer, ciudadana de la República Democrática del Congo, huyó de la persecución religiosa y buscó asilo legalmente en el Puerto de Entrada de San Ysidro con su hija de 6 años, dijo la ACLU. Las dos fueron inicialmente detenidas juntas, pero días más tarde, la hija fue “separada por la fuerza”, mientras gritaba y lloraba.

Mientras que la mujer fue puesta bajo custodia de inmigración y programada para ser procesada rápidamente, su hija fue enviada a una instalación en Chicago. Se reunieron después de casi cinco meses de separación, de acuerdo con la orden del juez.

La segunda mujer, ciudadana de Brasil, cruzó la frontera con su hijo de 14 años. Ella fue acusada de ingresar al país ilegalmente y su hijo fue llevado a una instalación en Chicago. Estuvieron separados por ocho meses.

A principios de junio, Sabraw había decidido que la demanda contra la práctica de separación familiar del gobierno podría seguir adelante, llamando a este método “brutal, ofensivo” y contraria a las “nociones tradicionales de jugar limpio y con decencia”.

La reportera del Times, Paloma Esquivel, contribuyó a este informe.

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