Tensión y confusión en el inicio de las audiencias rápidas para inmigrantes indocumentados

Un tribunal rápido diseñado para procesar velozmente el flujo constante de casos de cruces de frontera -un delito menor-, en el marco de la política de “tolerancia cero” de la administración Trump, comenzó este 9 de julio en San Diego, con una audiencia que estuvo marcada por momentos de confusión, tensión y objeción apasionada.

Un total de 41 inmigrantes no autorizados que fueron arrestados entre el 7 y el 8 de julio, fueron evaluados durante la audiencia inicial, que no se trató de una lectura de acusación ordinaria.

Más de la mitad de los acusados -todos vestidos con la misma ropa con la cual fueron arrestados durante el fin de semana-, aceptaron la oferta del gobierno de declararse culpables y ser sentenciados de inmediato. La mayoría recibieron sentencias de tiempo cumplido y serán rápidamente enviados a las autoridades de inmigración para ser deportados.

Otros, muchos de ellos con solicitudes de asilo, pidieron ser liberados bajo fianza y tomarse más tiempo para pensar en la oferta de culpabilidad del gobierno. A ellos se les ordenó regresar a la corte el viernes.

El programa de vía rápida es una de las formas en que la corte federal de San Diego decidió adjudicar la afluencia de casos de cruce fronterizo en el marco de la política de “tolerancia cero” del gobierno, que entró en vigencia en mayo pasado. La política de enjuiciar penalmente a todos aquellos que ingresan sin autorización en la frontera, opera bajo la noción de que una condena penal sirve como un disuasivo más fuerte que solo una orden de deportación civil.

Pero el aumento repentino de los acusados penales ha puesto en problemas al sistema de justicia. En algunos casos, los calendarios de audiencias de lecturas de cargos se acumularon tanto que la corte ha trabajado por las noches, incluso hasta las 10 p.m. en un lunes reciente.

Un comité de jueces, fiscales, agentes del orden público y abogados defensores se ha reunido en las últimas semanas para analizar soluciones al creciente volumen de casos, incluida la forma de implementar un tribunal de vía rápida.

La magistratura federal siguió adelante a pesar de las fuertes objeciones de los defensores, que critican esos programas como una suerte de “justicia en línea de montaje”, que viola los derechos al debido proceso.

En un comunicado, la oficina del fiscal de Estados Unidos defendió a la corte de inmigración para delitos menores, diciendo que la oficina “está comprometida a garantizar la seguridad de la frontera y hacer cumplir las normas de inmigración respetando el debido proceso y la dignidad de todos los involucrados”.

El tribunal de vía rápida se creó a semejanza de otros que han funcionado a lo largo de la frontera del sudoeste durante los últimos años, bajo el nombre de Operation Streamline. Uno de ellos está en Tucson; algunos abogados de San Diego y al menos un juez visitaron recientemente el sitio para observar los procedimientos y sugerir qué recuperar.

El resultado final parece ser un enfoque híbrido: dar a los acusados la opción de declararse culpables y ser sentenciados el mismo día, como en Tucson, otorgando también cuatro días adicionales para quienes necesitan más tiempo para decidir cómo proceder.

Aún así, pocos detalles sobre cómo funcionará esta corte fueron divulgados públicamente, y al ir a la audiencia del lunes, muchos asistentes no estaban seguros de cómo se desarrollaría todo.

La jornada estuvo repleta de medios locales y nacionales, así como de algunos abogados curiosos y al menos un juez que quiso observar el despliegue.

El proceso comenzó alrededor de las 9 a.m., cuando alrededor de una docena de abogados defensores designados llegaron al área de espera de un juzgado y se instalaron en las mesas para comenzar a entrevistar a clientes, algunos de los cuales lloraban sentados.

A cada abogado se le asignaron entre tres y cuatro demandados.

Los letrados revisaron las circunstancias de los arrestos, los antecedentes penales y de inmigración de sus clientes, y les preguntaron sobre sus vidas personales. Luego explicaron la oferta del gobierno de declararse culpable de inmediato y ser sentenciados, les informaron sobre los pros y los contras, y les preguntaron cómo querían proceder.

La audiencia de la tarde, presidida por la juez de Estados Unidos Jill Burkhardt, comenzó tarde. El sonido de cadenas que caían al suelo se escuchaba mientras los acusados eran liberados de estas, antes de ser llevados a la corte.

La juez recibió a los acusados en grupos de aproximadamente seis a ocho; los primeros grupos estuvieron listos para declararse culpables.

Casi de inmediato, los abogados defensores comenzaron a poner objeciones al proceso, objetando las violaciones al debido proceso de sus clientes, a sus grilletes durante las entrevistas con sus abogados, a las condiciones en que habían permanecido en las estaciones de la Patrulla Fronteriza el fin de semana, y a lo que describieron como la naturaleza “coercitiva” del programa.

La jueza escuchó las objeciones pero negó las mociones para desestimar cualquier caso. Dirigió la sala con severidad, y varias veces reprendió bruscamente a los abogados, indicando que no repitan las objeciones que ya se habían planteado.

Cuando llegó el momento de escuchar sus declaraciones, le preguntó a cada acusado una versión de la misma pregunta: “El 6 de julio, ¿caminó desde México a Estados Unidos?”.

“Sí”, respondió cada uno de ellos.

“¿Escogió un lugar de cruce para tratar de evitar a los oficiales de inmigración?”, continuó.

“Sí”, volvieron a contestar.

“¿Es ciudadano de Estados Unidos?”.

“No”.

Entonces, la magistrada le dio a cada acusado la oportunidad de hablar antes de la sentencia. Algunos la tomaron, mientras que otros dejaron que sus defensores hablaran por ellos. Lo que siguió fue un recuento de historias de desesperación económica, que llevaron a muchos a venir al país.

Un hombre le confió que había estado viviendo en EE.UU. durante 18 años, como “un buen ciudadano, sin ningún problema”. “Mi familia está en México. Tengo que ir y venir más a menudo. Mis hijos me necesitan. Ya no podré enviarles dinero. Necesito volver a casa pronto”, remarcó.

La jueza le dijo que se iría a casa pronto, con una sentencia de tiempo cumplida.

Entre los acusados había un hombre de 30 años, oriundo de Jalisco, que había cruzado con un grupo, explicó su letrado. Su guía les dijo que se adelantaran sin él, y que otro guía los encontraría más adelante, pero nadie apareció. El grupo pasó 12 horas caminando, sin comida ni agua. Finalmente, se contactaron con un ciudadano estadounidense en Barrett Junction, a quien le pidieron ayuda.

Algunos acusados fueron condenados a plazos de 30 o 60 días debido a sus registros previos de cruces y antecedentes penales.

Uno de esos acusados era un hombre de 47 años, de Sinaloa, México, quien afirmó ser viudo y padre de seis hijos, y que tenía que trabajar para ayudarlos. “Soy el que cuida de los niños y lucha por ellos”, explicó, con la voz quebrada.

La juez siguió la recomendación de la sentencia de 30 días del fiscal para él, pero a regañadientes, señalando un arresto previo por DUI y una condena por entrada no permitida desde febrero.

Otro hombre también estaba nuevamente en la corte después de haber sido sentenciado hace solo unas semanas por ingreso no autorizado. “Básicamente, volteaste y regresaste aquí”, amonestó al hombre la magistrada.

La segunda mitad de la audiencia estuvo reservada para los acusados que no querían declararse culpables de inmediato, sino que pedían que los liberaran bajo fianza.

La jueza estableció una fianza para ellos, en el rango de los $1,000 y los $2,500, a pesar del hecho de que la mayoría, o todos, serían trasladados directamente a la detención de inmigración luego de su liberación. Sus abogados remarcaron que como la fianza era más alta de lo que sus clientes podían pagar, estos querían declararse culpables.

La solicitud desencadenó una ronda de argumentos tensos cuando la juez insistió en que las declaraciones de culpabilidad habían terminado por ese día. Los abogados respondieron que desconocían que se tratara de una jornada para una de las dos opciones. “Nadie nos explicó lo que se esperaba de los letrados”, argumentó la abogada defensora Kimberly Trimble a la magistrada.

La juez cedió y permitió que ocho personas adicionales se declararan culpables. La sesión concluyó a las 5:45 p.m.

La agenda del día, de 41 casos, se consideró liviana para un lunes, aunque no quedó claro cómo se manejará este tribunal con más demandados. Según la oficina del fiscal de EE.UU, se incorporó un magistrado adicional en rotación para manejar los casos inmigratorios de delitos menores.

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