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‘¡Renuncia!’: en plena crisis constitucional, crecen en Guatemala las protestas contra el presidente

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A mediados de septiembre, los manifestantes gritaban “¡Corrupto!” y “¡Renuncia!” mientras el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, comenzaba un discurso ceremonial en vísperas del día de la independencia de su nación centroamericana.

Las protestas, en el exterior del palacio nacional, fueron las últimas en sacudir la administración de Morales, un aliado clave de EE.UU. en la región.

Las promesas de Morales de poner fin a un panel anticorrupción respaldado a nivel internacional desataron una crisis constitucional y manifestaciones en todo el país.

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La creciente presencia de soldados en las calles a medida que aumentan las protestas trajo, para algunas personas, oscuros recuerdos de gobiernos militares pasados, en una nación aún atormentada por una guerra civil de décadas, que finalizó formalmente en 1996.

La disputa constitucional enfrenta a Morales con los partidarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, tal como se conoce al organismo anticorrupción.

El grupo, que desempeñó un papel clave en la renuncia y el arresto del predecesor de Morales, ha investigado informes de financiamiento ilegal de campaña por parte del actual presidente.

El Tribunal Constitucional del país delibera en la actualidad sobre la legalidad de los intentos de Morales para eliminar el panel. Pero un fallo podría ser insuficiente para resolver la crisis, a medida que aumentan los pedidos para que dimita el presidente.

“Guatemala está agonizando”, aseguró Blanca Juárez, miembro de un grupo de vendedores que realizó un viaje de 130 millas a la capital del país, para participar en una marcha de protesta. “Él [Morales] debería renunciar”, agregó, alzando la voz para que la oyeran por sobre el estruendo de los manifestantes que llegaban a la plaza central.

Morales negó todo mal proceder y no ha comentado directamente sobre los recientes pedidos de su renuncia.

Excomediante de televisión, Morales fue electo en 2015. La idea de una persona ajena a la política funcionó bien para muchos guatemaltecos, que acudían a las urnas pocos días después de que el expresidente Otto Pérez Molina renunciara y fuera arrestado por cargos de corrupción.

Pérez Molina, un exjefe de inteligencia militar, permanece encarcelado mientras espera su juicio.

Morales comenzó su mandato de cuatro años en enero de 2016. La constitución prohíbe la reelección presidencial, por lo cual no puede presentarse a las elecciones de 2019.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala jugó un papel crucial en la caída del gobierno de Pérez Molina. El panel, respaldado por las Naciones Unidas (ONU), ha trabajado junto a los fiscales guatemaltecos desde 2007, creando con éxito casos contra altos funcionarios, jueces y ejecutivos corporativos.

Inicialmente, Morales apoyó al organismo anticorrupción y prometió renovar su mandato de dos años para que pueda continuar durante toda su presidencia y más.

Sin embargo, la relación comenzó a agriarse rápidamente, ya que Morales, sus familiares y su partido político se convirtieron en sujetos de investigaciones del grupo por corrupción, e incluso por la financiación ilegal de campañas.

En 2017, Morales declaró al comisionado jefe del panel, Iván Velásquez, exjuez de Colombia, persona non grata. Una decisión del Tribunal Constitucional, que tiene la última palabra sobre todos los asuntos constitucionales, revirtió la medida.

Este 2018, Morales extendió su ofensiva contra el panel anticorrupción. El 31 de agosto, anunció la no renovación de la gestión actual de la comisión, que finaliza en septiembre de 2019, cuatro meses antes de que termine el mandato de Morales. Cuatro días después, el gobierno anunció que Velásquez, el comisionado jefe, era una amenaza para la seguridad y que no se le permitiría regresar al país.

Prohibir el ingreso de Velásquez viola el fallo judicial de 2017 en apoyo del comisionado, según Jordan Rodas, defensor del pueblo para los derechos humanos, que está desafiando las medidas de Morales en la corte. La acción del defensor del pueblo es una de varias peticiones legales destinadas a garantizar la presencia continua, tanto de la comisión como de su jefe. Se espera un fallo al respecto en breve.

Durante las últimas dos semanas, Morales insinuó que ignorará una decisión desfavorable del alto tribunal, una medida que podría exacerbar la crisis constitucional.

Las Naciones Unidas, Canadá y la Unión Europea se unieron a favor de la comisión anticorrupción y emitieron declaraciones lamentando las acciones de Morales, pero la respuesta de la administración Trump ha sido tibia.

Morales es un aliado importante de EE.UU. en la región y más allá. Guatemala apoyó a Washington en el polémico reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, una medida que el gobierno israelí agradeció pero que fue denunciada por representantes palestinos. Guatemala trasladó su embajada de Israel a Jerusalén en mayo pasado, el mismo mes que Estados Unidos.

También en mayo, el senador Marco Rubio, republicano de Florida, pidió el congelamiento de $6 millones de dólares en fondos estadounidenses para la comisión anticorrupción, alegando que el panel estaba siendo manipulado. El dinero se liberó en agosto.

Washington ha sido el financiador más grande del panel anticorrupción, proporcionando más de una cuarta parte del presupuesto total -de $167 millones- de la comisión desde 2007 hasta el presente. Pero la posición de Estados Unidos en la crisis actual sigue sin estar clara, dado el firme apoyo de Washington a Morales.

El líder guatemalteco ha retratado públicamente a la comisión anticorrupción como una amenaza. “Ningún organismo estatal o internacional puede socavar nuestra soberanía o amenazar nuestra paz, nuestra seguridad y nuestro gobierno”, aseguró en su mensaje del Día de la Independencia, el 15 de septiembre.

Pero muchos guatemaltecos ven una amenaza en la creciente presencia militar en las calles desde el 31 de agosto, cuando Morales avanzó para poner fin al panel anticorrupción.

El presidente cuenta con un fuerte apoyo de las facciones de línea dura y derechistas de los militares, que sigue siendo una fuerza poderosa en Guatemala, a pesar de un historial de violaciones de los derechos humanos.

“Quieren volver a militarizar el país”, alegó Feliciana Macario, líder de una organización de mujeres cuyos maridos fueron asesinados durante la guerra civil de Guatemala. “El gobierno está tratando de intimidar a la población civil”.

Las fuerzas del estado llevaron a cabo actos de genocidio durante el conflicto armado interno, que se prolongó 36 años y terminó en 1996, según una comisión de la verdad respaldada por Estados Unidos. Aproximadamente 200,000 civiles, la mayoría de ascendencia maya indígena, fueron asesinados.

En todo Guatemala, las marchas del Día de la Independencia estuvieron plagadas de pancartas y letreros en apoyo a la comisión anticorrupción y pidiendo la renuncia de Morales. Más protestas en todo el país están previstas en la segunda mitad de septiembre.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.

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