Recuperaron a su hijo después de su larga detención en EE.UU., pero advirtieron que ‘no parece el mismo niño’

Durante el último mes, Nuria Lanuza notó un cambio preocupante en su hijo Erik. Durante sus conversaciones telefónicas semanales, solía ser verborrágico y hablar en voz alta. Con el tiempo, sin embargo, comenzó a ser más silencioso. Sus respuestas eran cortas, sus palabras lentas.

La madre lo atribuyó a la tristeza. Ella estaba en Guatemala y Erik se encontraba en un centro de detención inmigratoria para niños, en el área de Chicago. Él y su padre esperaban obtener asilo en EE.UU., y mientras Erik estaba detenido, su padre fue deportado.

Pero esta semana se enteraron de otra posible razón del cambio en su hijo. En un centro gubernamental de recepción, en la ciudad de Guatemala, donde la familia se reunificó el pasado 12 de septiembre, Lanuza y su esposo, Erik Castillo, descubrieron que en Chicago, a su hijo de 12 años le habían administrado un medicamento antipsicótico llamado risperidona, una poderosa sustancia utilizada para tratar el trastorno bipolar y la esquizofrenia. También se emplea para controlar emociones extremas, pensamientos y comportamientos.

Lanuza sabía que Erik había sido hospitalizado brevemente en EE.UU. por un cuadro de depresión, pero ella nunca aceptó que le administraran medicamentos, dijo.

“¿Es una buena medicina o es mala? Estoy preocupada”, le preguntó la madre a su esposo. Él sacudió la cabeza.

La familia finalmente recuperó al chico después de más de cuatro meses bajo custodia. Hurgando en su bolsa de lona azul, la tía de Erik, Sylvia Castillo, sacó masa de color naranja y los documentos de deportación del niño, antes de encontrar un frasco recetado de risperidona, de Walgreens.

“Esto es lo que han usado para sedarlo”, le dijo a la madre. “Es por eso que no parece el mismo chico”.

Erik es uno de los más de 2,500 niños que el gobierno de Estados Unidos separó de sus padres después de que la administración Trump estableciera una política de “tolerancia cero”, que exigía que cualquiera que cruzara la frontera en puertos de entrada no oficiales fuera procesado, incluidos aquellos que se entregaban a los funcionarios pidiendo asilo.

La cuestión desató un alboroto mundial y finalmente quedó descartada, pero no antes de que muchos adultos fueran enviados de regreso a América Central, dejando atrás a unos 400 menores, incluido Erik. Su madre, padre, abuela, tía y tío viajaron a la capital de Guatemala el miércoles 12, esperando abrazar al niño, a quien no veían desde mayo. Pero la familia asegura que Erik ya no es el mismo; no mira a su madre a los ojos cuando habla; mantiene su cabeza baja.

Lanuza intentó que la abrazara, pero él parecía conforme con mantenerse a distancia y juguetear con el globo plateado en forma de corazón que ella acababa de darle. “Bienvenido, mi bebé”, decía.

Defensores de los inmigrantes han demandado al gobierno estadounidense, alegando que más de 30 menores fueron medicados inadecuadamente en albergues contratados por el gobierno federal, sin el consentimiento de los padres o el permiso judicial.

Letrados del Departamento de Justicia afirmaron que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que supervisa los albergues, tiene autoridad para medicar a los niños sin el consentimiento de sus progenitores, porque los menores están bajo la custodia de la agencia.

Erik y su padre fueron los primeros de la familia en viajar a Estados Unidos. Castillo, de 39 años, afirmó que querían escapar de la pobreza y las deudas, y se suponía que los parientes de Lanuza y Erik -una hermana mayor y un hermano menor- se unirían a ellos más tarde.

Castillo aseguró que él y Erik se entregaron a las autoridades fronterizas cuando llegaron a San Luis, Arizona, a principios de mayo. Después del segundo día de detención, se llevaron a su hijo. El niño lloró y Castillo intentó en vano consolarlo.

Según el hombre, los funcionarios de inmigración lo obligaron a firmar documentos a pesar de sus objeciones. Él no sabe leer ni escribir en inglés o español, y desconoce lo que firmó, pero le dijeron que le devolverían a Erik si rubricaba sus documentos de deportación.

Activistas por los derechos de los inmigrantes afirman que las personas a menudo son inducidas a firmar documentos donde acuerdan ser deportadas, una acusación que las agencias gubernamentales niegan.

Ocho días después de que Castillo firmara, fue repatriado. Su hijo permaneció en EE.UU.

Documentos obtenidos por ProPublica Illinois y compartidos con Los Angeles Times muestran que Erik fue uno de varios niños enviados a refugios en Illinois, administrados por Heartland Human Care Services, una organización sin fines de lucro que tiene un contrato federal para alojar a menores inmigrantes detenidos en varias instalaciones en el área de Chicago.

Erik primero fue trasladado en avión a Chicago y llevado a un sitio llamado Casa Guadalupe. Alrededor de un mes después, fue llevado a un centro para jóvenes con necesidad de servicios especializados de salud mental.

Mientras estaba bajo custodia, según los registros, al chico le costaba adaptarse; se comportaba mal y era agresivo con el personal y otros niños. En un momento dado, Erik se volvió tan combativo que debió ser retenido físicamente durante más de dos horas, según los registros médicos.

En una entrevista con The Times, el chico afirmó que le daban “medicamentos para no armar un escándalo”. “Con la medicina mejoraba”, afirmó. “Pero me sentía realmente mal porque no estaba con mi mamá o papá”.

Erik se deprimió tanto que fue internado en un hospital psiquiátrico durante una semana, donde le diagnosticaron un trastorno de adaptación, según registros médicos. El chico tenía dificultad para dormir y problemas de control de impulsos, conforme los documentos.

En julio le suministraron la droga guanfacina, que se usa para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Más tarde le administraron fluoxetina, un antidepresivo, pero finalmente le quitaron la medicación porque su agresión continuaba, según los documentos.

“Estoy triste. No quiero estar más aquí”, le decía a los trabajadores del albergue. La respuesta típica de todos ellos era “Pórtate bien y te irás a casa rápidamente”.

Erik llegó a creer que nunca volvería a ver a sus padres.

Inicialmente, el niño debía regresar con su familia el 22 de agosto, pero ese viaje fue cancelado en el último minuto por razones poco claras. “No me van a enviar de vuelta, ¿cierto?”, le preguntó a su asistente social.

Más complicaciones retrasaron la reunión del miércoles. Aunque a la madre se le dijo que se presentara en un centro de recepción gubernamental a las 11:30 a.m., en la ciudad de Guatemala, ella decidió dirigirse al aeropuerto. Lanuza quería asegurarse de que el avión de Erik aterrizara a salvo, tal vez incluso vislumbrar a su hijo desde lejos. Pero no lo vio allí.

En cambio, la familia terminó marchando a prisa hacia el centro de recepción, después de que un funcionario llamara para decir que era la única forma en que podrían reclamar al chico. Aún así, Erik no llegó hasta casi tres horas después. La reunión tuvo lugar a puertas cerradas, lejos de la vista del público.

Tan pronto como la familia salió del centro de recepción, subieron a su sedán y se dirigieron a casa. Tenían un viaje de ocho horas por delante, hasta la ciudad de La Mesilla, y ya eran cerca de las 5 p.m. Nubes oscuras se congregaban en el cielo, amenazando con fuertes lluvias.

En el auto, Erik esbozó una sonrisa cuando habló con sus primos por el celular de su madre. Pero el muchacho enérgico que se había marchado en mayo ahora parecía menguado, relató la tía.

Durante una parada para cargar gasolina, la familia inició un acalorado debate sobre si quitarle a Erik la medicación de inmediato, o no.

La quita abrupta del tratamiento con risperidona puede causar síntomas intensos de abstinencia, como irritabilidad, delirios, alucinaciones y otros síntomas psicóticos. La familia desconocía todo eso.

Lanuza sabía que Erik era hiperactivo y que tenía problemas de aprendizaje en la escuela, pero no había podido afrontar el costo de llevarlo a un médico. Ahora, desea llevarlo a un psiquiatra antes de sacarle el medicamento. Le preocupa el costo; la familia todavía está luchando para pagar los más de $5,000 que pidieron prestados para que padre e hijo viajaran de contrabando a EE.UU., destacó.

“Probablemente necesite la medicina”, le dijo a su esposo.

“Soy su padre. Nunca me pidieron permiso para darle esta sustancia”, respondió Castillo. “Ya no necesitará esa droga. Esos medicamentos pueden ser adictivos. Él se volverá dependiente de eso”.

La abuela asintió con la cabeza. “Él estará bien ahora. Está con la familia y será feliz”, dijo. Abrazó a Erik y le dio un beso en la frente.

“Simplemente no estaba acostumbrado a que lo enjaularan así”, agregó su tía, Sylvia Castillo. “Está traumatizado por eso. Tal vez las personas [en EE.UU.] están acostumbradas a estar encerradas todo el tiempo, pero aquí no es así. Él estará bien. Aquí, él será libre”.

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